La justicia determina que FCC tendrá que pagar más de 300.000 euros de atrasos a la plantilla

El montante económico calculado, que ahora reconoce la justicia que ha de pagar FCC con efecto retroactivo a 1 de enero de este año 2022, proviene del «retraso intencionado del cumplimiento de los acuerdos alcanzados» entre el comité y la mercantil concernientes a las subidas salariales de los operarios. La representación de los trabajadores ha defendido en el litigio que el aumento retributivo en la nómina para este ejercicio que entra ahora en su recta final era del 7%. Sin embargo, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura no había hecho efectiva dicha subida, como se ha venido quejando el comité, lo que le llevó a interponer un contencioso en los tribunales.

De Santos se sigue amparando, una vez conocida la sentencia, en que el acuerdo que recogía el incremento salarial está «firmado y publicado en el Boletín Oficial del Estado». Ahí figuran las fórmulas de aumento en el sueldo que pactaron ambas partes sobre la evolución de los salarios anuales entre 2021 y 2023.

En el primero, el pacto alcanzado estipulaba un alza en la retribución a percibir por los empleados del 1,3%; para el presente curso, el aumento convenido era del Índice de Precios al Consumo (IPC) más el 0,5%, mientras que para el año que viene se fijó una subida resultante del IPC de este 2022 más el 0,5%.

El presidente del comité subraya el carácter retroactivo de la resolución dictada por el TSJCyL, ya que considera que el efecto sumatorio en las nóminas de los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basura de Segovia «tenía que haber empezado a aplicarse en enero».

El representante del personal revela que la empresa «ha alegado falta de viabilidad» económica para asumir la progresión salarial convenida. Sin embargo, el comité critica este argumento, ya que el grupo FCC declaró unos beneficios netos el año pasado de 580 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 7,6% con respecto al ejercicio anterior.

La concesionaria reeditó en 2020 el contrato externalizado por el Ayuntamiento por el que asumió la recogida de basura y la limpieza de la ciudad. El coste de la adjudicación de la prestación por un periodo de diez años ascendió a 5,6 millones de euros.

Fomento de Construcciones y Contratas dispone de un plazo legal de diez días para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El comité había anunciado la convocatoria de movilizaciones, e incluso la posibilidad de ir a la huelga, si la compañía seguía sin abonar los retrasos del aumento convenido para este año. La representación sindical confía en no tener que recurrir a medias de presión después de la resolución judicial favorable a sus intereses.