La hostelería en la provincia han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de incrementar la presión en la vigilancia para que se cumplan los requisitos de la norma que regula la apertura y la actividad de las viviendas de uso turístico. La patronal Hotuse ha ... pedido que se refuerce la inspección por parte de la Junta debido al elevado nivel de intrusismo que los propios empresarios del sector descubren a través de canales 'on-line' que anuncian establecimientos para las estancias de quienes eligen visitar la provincia y optan por alojarse en viviendas destinadas al acogimiento de turistas. Estos inmuebles han de cumplir unas serie de requisitos para estar activos de forma legal, algo que no siempre ocurre, advierten en la asociación hostelera.
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Por su parte, el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Delegación de la Junta en Segovia es consciente de esta problemática y trata de poner los medios disponibles para atajar prácticas irregulares, que no siempre son suficientes debido a las dimensiones que alcanza la oferta. La Administración cuenta con un solo inspector de turismo. «El trabajo es ingente para la fiscalización del cumplimiento de la normativa», explican en el servicio territorial. Después de que esa labor se viera lastrada el año pasado por la falta de la figura de control durante unos meses, este curso ya se cubierto la plaza y se ha acelerado l ritmo de las inspecciones. Según las cifras facilitadas por el departamento que dirige Ruth Llorente, entre enero y junio del presente 2023 se han llevado a cabo en establecimientos de uso turístico de la provincia 103 inspecciones, un volumen que es «significativo del trabajo que se realiza» en pos de erradicar la clandestinidad.
Hasta 90.000 euros de multa
Respecto a las irregularidades más frecuentes que se detectan, la mayor parte están relacionadas con el ejercicio de la actividad sin haber presentado la declaración responsable previa, «bien por ignorancia o bien por no cumplir los requisitos exigidos en otras normas sectoriales, principalmente la que hace referencia a la obtención de la licencia municipal para ejercer la actividad turística», precisa la Junta de Castilla y León.
Durante los últimos años se han abierto una media anual de 22 expedientes sancionadores, la mitad de ellos por la comisión de infracciones muy graves, que pueden llevar aparejadas sanciones desde 9.001 a 90.000 euros, y la otra mitad por faltas catalogadas como graves, con multas que van desde los 901 hasta los 9.000 euros, la mayoría procedentes de denuncias de la Guardia Civil o de labores de investigación y comprobación de alojamientos que se publicitan en canales de oferta turística.
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