La inspección acelera la lucha ante el intrusismo con 103 controles en seis meses

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Por su parte, el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Delegación de la Junta en Segovia es consciente de esta problemática y trata de poner los medios disponibles para atajar prácticas irregulares, que no siempre son suficientes debido a las dimensiones que alcanza la oferta. La Administración cuenta con un solo inspector de turismo. «El trabajo es ingente para la fiscalización del cumplimiento de la normativa», explican en el servicio territorial. Después de que esa labor se viera lastrada el año pasado por la falta de la figura de control durante unos meses, este curso ya se cubierto la plaza y se ha acelerado l ritmo de las inspecciones. Según las cifras facilitadas por el departamento que dirige Ruth Llorente, entre enero y junio del presente 2023 se han llevado a cabo en establecimientos de uso turístico de la provincia 103 inspecciones, un volumen que es «significativo del trabajo que se realiza» en pos de erradicar la clandestinidad.

Respecto a las irregularidades más frecuentes que se detectan, la mayor parte están relacionadas con el ejercicio de la actividad sin haber presentado la declaración responsable previa, «bien por ignorancia o bien por no cumplir los requisitos exigidos en otras normas sectoriales, principalmente la que hace referencia a la obtención de la licencia municipal para ejercer la actividad turística», precisa la Junta de Castilla y León.

Durante los últimos años se han abierto una media anual de 22 expedientes sancionadores, la mitad de ellos por la comisión de infracciones muy graves, que pueden llevar aparejadas sanciones desde 9.001 a 90.000 euros, y la otra mitad por faltas catalogadas como graves, con multas que van desde los 901 hasta los 9.000 euros, la mayoría procedentes de denuncias de la Guardia Civil o de labores de investigación y comprobación de alojamientos que se publicitan en canales de oferta turística.