Impugnan el cambio de uso del entorno del CIDE para ubicar el recinto ferial

Algunos de los titulares de las parcelas que fueron ocupadas para desarrollar el proyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), del que tan solo se llevó a cabo el edificio CIDE, han presentado un recurso de reposición contra la propuesta municipal de cambiar el uso de este entorno. Es una iniciativa que salió adelante en el pleno celebrado a finales de octubre, que consistía en la supresión de los usos hostelero y comercial para habilitar el administrativo y congresual, con el propósito de dotar de un «adecuado equipamiento» a la única infraestructura construida en la zona: el CIDE, que albergará la actividad de multitud de funcionarios locales.

Pero parte de los antiguos propietarios cuyas parcelas fueron expropiadas hace más de una década se oponen a esta modificación, la cual permite a su vez ubicar en el citado espacio el recinto ferial y un aparcamiento. «Solicitamos revocar el acuerdo, dejarse de 'caprichos' y pagar de una vez el importe total de los terrenos expropiados», aseguran en el recurso presentado ante el Ayuntamiento de Segovia.

Los dueños todavía se encuentran pendientes del cálculo y pago de la indemnización aun cuando, según defienden, el cambio de uso supondría una revalorización del suelo. Algunos de ellos incluso acordaron la permuta del suelo con derecho a la edificabilidad en el sector de Prado Bonal, «que hoy constituye una utopía», sostienen los reclamantes.

«No se puede hacer eso, aquello se pagó como rústico y ahora quieren hacer estas infraestructuras allí precisamente porque está urbanizado», critican. Todo ello cuando la ocupación perseguía «un fin distinto», que es el de la puesta en marcha del Plan Maestro original del CAT.

Tanto PSOE como Vox y otros concejales de la oposición advirtieron al equipo de gobierno del Partido Popular que este cambio podría conllevar futuras indemnizaciones. Los propietarios afectados, que no han recibido comunicación oficial del inicio de esta gestión, defienden «deshacer la operación e iniciar una nueva» para pactar y defender «nuestra tesis del verdadero valor de los terrenos», recoge el recurso, que no conlleva la paralización del procedimiento.

En caso de seguir adelante con este proceso de cambio de uso, los titulares de suelo no descartan solicitar la reversión de las parcelas que fueron ocupadas. Esto se debe a que, según justifican, no se ha cumplido el plazo máximo —diez años— para apelar a este derecho, pues fue en 2018 cuando se publicó la sentencia favorable a la compensación económica de los demandantes por la ocupación de sus parcelas.

Del mismo modo, si el Consistorio «sigue con el empeño degenerativo del proyecto inicial», también barajan acudir a los tribunales para pedir la suspensión de la modificación, que ahora se encuentra en fase de aprobación inicial. Para que esta pretensión sea definitiva, antes tendrá que salir a exposición pública y resolver las alegaciones oportunas.

El recurso hace hincapié en que la nueva aplicación, que implica destinar los terrenos a la ubicación de un recinto ferial o de un aparcamiento, conlleva el acometimiento de las obras «con un ahorro considerable, comparado con los que están destinados a tal fin en el vigente PGOU».

Es una cuestión que los reclamantes consideran «insólita». Asu juicio, la aprobación de esta modificación «no se trata de una simple ocurrencia o ensoñación, manifiestamente impropia, sino de una evidente vulneración legal». Se refieren así a la expropiación de un suelo dirigido a acoger un centro con un fin social o cultural para terminar utilizando «la mayor parte de los terrenos como recinto ferial».

«Es obvio que el Ayuntamiento se encuentra en esta situación por su osadía inicial y su inoperancia posterior, y hasta la fecha», concluye el escrito, que también exige la notificación de esta cuestión al resto de afectados por las expropiaciones.