Las huelgas y la mudanza vuelven a congestionar los juzgados de Segovia

La tasa de congestión, por lo tanto, se disparó en 2023. En general, las razones fundamentales que han actuado como palos en las ruedas de la justicia en Segovia son dos. Una, los paros secundados por diferentes colectivos. En este sentido, Pando destaca «la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, que se extendió durante casi dos meses, y la consecutiva huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que supuso la ralentización y en algunos casos la práctica paralización del funcionamiento de los juzgados y tribunales del territorio».

Para el presidente de la Audiencia Provincial, estas movilizaciones han repercutido en el aumento de la congestión de los órganos judiciales y han ocasionado «los retrasos en la tramitación de los procedimientos». «El buen estado general» de la administración en Segovia «se ha resentido», incide el magistrado.

La segunda de las razones a las que achaca los cuellos de botella se produjo ya en la recta final del pasado ejercicio. La memoria señala la puesta en servicio de la nueva oficina judicial, el 20 de diciembre, que coincidió con la mudanza desde el vetusto edificio de la calle San Agustín de la capital a las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia que, por fin, ha acabado con la dispersión de sedes de la que se venían quejando los últimos responsables de la Audiencia Provincial en sus balances anuales.

El traslado de material y plantillas y la remodelación de la organización instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales trajeron consigo «la paralización de la actividad judicial, especialmente señalamientos, durante el mes de diciembre, por la necesidad del traslado físico de las dependencias», desgrana Ignacio Pando al analizar las causas del repunte de las congestiones.

Todas las jurisdicciones, en mayor o menor medida, cerraron el curso con indicios de atascos en los procedimientos. Un síntoma que enciende la luz roja de la alarma es la evolución de la tasa de resolución, que en el conjunto de la provincia se situó en negativo (-14,7%), siendo trece puntos peor que la registrada al término de 2022. Así, en lo Civil, los asuntos ingresados aumentaron en 2023. Unos setecientos más atendieron los diferentes juzgados, mayoritariamente los de Primera Instancia e Instrucción. Por contra, las resoluciones disminuyeron (747 menos, en concreto). La consecuencia es que los casos pendientes de tramitación al final de 2023 en esta jurisdicción se incrementaron en un 46% hasta alcanzar los 5.645.

Ignacio Pando relaciona el aumento de la pendencia en los juzgados que entienden de lo Civil con «las disfunciones» desencadenadas por las huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios.

Además, el presidente de la Audiencia Provincial llama la atención sobre la mayor carga soportada el año pasado por los partidos judiciales de la provincia, además del de la capital. Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva, provistos de un solo juzgado, también han experimentado más trabajo en lo Civil.

Según Pando, el mayor volumen de asuntos obedece en el medio rural, «posiblemente, al aumento de litigios sobre reclamaciones civiles relativas al derecho de consumo en relación con contrataciones bancarias, de cuyo conocimiento venían excluidos hasta que se suprimió la especialización en la materia del Juzgado número 1» de Segovia capital.

Asimismo, subraya el incremento de los concursos tramitados el año pasado, lo que ha contribuido también al embotellamiento de procedimientos.

El magistrado coloca el foco de atención en otra jurisdicción sobrecargada de trabajo, una vieja conocida del apartado en el que la memoria da cuenta de las problemáticas con las que lidia la Administración de Justicia en la provincia. Es lo Social. El máximo responsable de la Audiencia saluda la entrada en funcionamiento del Juzgado número 2, aunque se demorara unos meses más de lo previsto y deseado. Se le esperaba durante 2023, pero entró en servicio cuando el ejercicio tocaba a su fin, coincidiendo con el traslado al nuevo Palacio de Justicia. En cualquier caso, la Sala de Gobierno, pide la continuación del refuerzo en el Juzgado de lo Social número 1 para seguir tramitando las causas pendientes en el mismo.

Los números hechos públicos por el TJSCyL reflejan que, a pesar de disminuir ligeramente el volumen de asuntos ingresados unos cien menos que en 2022, la capacidad de resolución del único juzgado de lo Social que ha estado operativo prácticamente durante todo 2023 ha caído. La cantidad de expedientes resueltos descendió a 784, lo que supone una reducción del 36,2%. Esta circunstancia hizo que al cerrar el curso hubiera en trámite 807 procedimientos, es decir, un 20% más que con los que se despidió el año anterior.