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La protección de la finca denonimada Villa Estrella, junto a la iglesia de Santo Tomás, requeriría el pago de aproximadamente diez millones de euros a la propiedad de la parcela e inmueble. Esta sería una de las pocas opciones que permitirían evitar el derribo del ... chalé previsto en menos de cinco meses para la construcción de un bloque de viviendas, pero las «arcas municipales no pueden soportar ese desembolso», asegura la alcaldesa de la ciudad, Clara Martín.
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Carlos Álvaro
Las manifestaciones públicas de ciudadanos que se oponen a esta incursión en Villa Estrella crecen por momentos. Aunque desde el Ayuntamiento «respetan» estas posiciones, la regidora insiste en que la aprobación de la concesión de la licencia del derribo por la junta de gobierno local hace justo un mes responde al «planeamiento jurídico vigente». No haberla otorgado «habría sido un acto contra todo derecho».
La verja ornamental que daba entrada a la finca ha sido sustituida esta semana por vallas de obra. No hay nada que hacer por parte del Consistorio. Una de las alternativas que contemplan instituciones y particulares es pedir la protección del inmueble, lo que supone «reducir» los derechos urbanísticos que tiene la propiedad sobre la parcela, que son «muy cuantiosos», advierte la alcaldesa. El procedimiento ascendería a diez millones de euros.
Para basarse en esta cifra, Martín recuerda que, en el momento de la redacción del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (Peahis), los propietarios informaron que iban a requerir una vinculación singular urbanística. Esta cuestión supone una restricción indemnizable del aprovechamiento del inmueble, cuyos beneficiarios son sus titulares.
Si el Ayuntamiento solicitase la protección de la finca para evitar la demolición del chalé, tendría que hacerse cargo de estos costes. «Llegar ahora mismo a un acuerdo con la propiedad únicamente pasaría por abonar la cuantía que supone esa eliminación de los derechos urbanísticos; no podría ser de otra manera», determina la regidora. Y en estos momentos, diez millones es un «desembolso económico que desde luego las arcas municipales no pueden soportar», añade.
A día de hoy, no existe un informe que declare Villa Estrella como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que le otorga un especial rango de protección, aunque ha sido solicitado por un particular. Tampoco está incluido en los catálogos de edificios protegidos sobre los planteamientos urbanísticos de épocas anteriores. La modificación de estos aspectos «no nos corresponde, el Consistorio no tiene competencias», reconoce Martín.
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Una vez descartada una de las fórmulas contempladas por los detractores del derribo, la alcaldesa se remonta al pasado. En el momento en que esta intervención se recogió en el Peahis, «no se recibieron alegaciones». No obstante, sí que costa un informe que rechaza esta posición por parte de la Academia de Historia y Arte de San Quirce, entre otras iniciativas. Martín refiere que «la incoación de Villa Estrella como BIC limitaría los derechos urbanísticos» y, por tanto, sería la Junta de Castilla y León el organismo que tendría que asumir las indemnizaciones a la propiedad.
El chalé se sitúa en un amplio espacio ajardinado y está diseñado por el arquitecto municipal Manuel Pagola en 1925. El acuerdo alcanzado que se incluye en el Peahis permitió rebajar la edificabilidad a la que tenían derecho los propietarios por ley. Con el convenio, la propiedad obtiene una edificabilidad de 6.600 metros cuadrados para la construcción de 66 viviendas en la zona. A cambio, cede 1.125 metros a la ciudad para zona verde junto a la iglesia de Santo Tomás.
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