El Espinar responde con «medidas de presión» a la amenaza de Óscar Puente

Los vecinos espinariegos, sus representantes políticos y gran parte de las entidades de la provincia de Segovia exigen la aplicación de la gratuidad del peaje de la AP-6 para consolidar esta vía como alternativa al corte de la N-6. La prohibición de la circulación por este punto de San Rafael, por el que transitan más de 14.00 vehículos al día (2.000 de ellos son pesados), obedece a la necesidad de arreglar un socavón que se produjo por la avería en un colector.

Todavía no se saben los plazos en los que la travesía podrá reabrirse al tráfico, pero lo que sí está claro es que «la paciencia de nuestros ciudadanos se ha agotado». Así lo advierte la proposición elevada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Espinar al Ministerio de Transportes, la Subdelegación del Gobierno en Segovia o la Delegación de Gobierno en Madrid. El documento defiende la necesidad de utilizar la autopista como alternativa temporal, pero considera «inaceptable» la imposición de un coste adicional a los usuarios. Por ello, insta a la Administración estatal a llegar a un acuerdo con la concesionaria de la AP-6 para levantar las barreras y permitir la libre circulación de los conductores.

«Hemos agotado todas las vías de diálogo y colaboración», asume el Consistorio. De ahí que, ante la amenaza efectuada por Óscar Puente, se contemplen una serie de medidas de presión. «La seguridad, la movilidad y el bienestar de los vecinos no son negociables», especifica la proposición, que es la primera acción impulsada por el ente local. También se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar la gratuidad del peaje al menos hasta el fin de las obras en la N-6.

El regidor espinariego se pone en pie de lucha. «Si quieren, que tomen las medidas que tengan que tomar. Si hay que tomar medidas cautelares en el juzgado, veremos lo que tenemos que hacer. Estamos abiertos a defendernos como lo hacemos siempre», insistió. Los servicios jurídicos municipales «están esperando que llegue la carta», ya que por el momento no se ha recibido ningún tipo de notificación, explicó Figueredo.

El punto de desacuerdo parte de las diferentes alternativas dirigidas a esquivar el corte en la N-6 que contempla cada administración implicada. Por un lado, el Ministerio aboga por derivar la circulación de la travesía a las calles adyacentes y permitir así el acceso al Alto del León, una posibilidad que a día de hoy tan solo está a disposición de los residentes por petición del Ayuntamiento. No obstante, no tienen la posibilidad de regresar por este lugar al estar prohibida la circulación por la citada carretera en dirección Segovia.

Sin embargo, la corporación local insiste en que esta opción no es viable y que reviste graves peligros para la población, lo que explica la colocación de vallas en numerosas vías urbanas que tan solo permiten el paso a los vecinos de El Espinar. «Los residentes deben vivir con tranquilidad y una seguridad que ya nos cuesta mantener con la travesía», subrayó el regidor.

La Policía Local advierte en sus informes técnicos sobre los potenciales riesgos que puede acarrear que cientos de coches callejeen cada día por el núcleo de población. Según relató el dirigente del municipio, esa fue la misma conclusión a la que llegaron los representantes de la Dirección Provincial de Tráfico, la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno en una reunión celebrada este martes, donde además se apostaba por adelantar el corte de la N-6 a la calle de la Tejera para descongestionar la localidad de vehículos.

Todo cambió en apenas 24 horas, tras conocerse las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien acusó de «boicot» a Figueredo por limitar el tráfico en San Rafael. El alcalde reconoció que en un principio no le dio importancia a estas palabras, pero pronto se confirmaron. «Justo antes de entrar al pleno he recibido una llamada de la Subdelegación diciendo que tiene órdenes expresas de que el tráfico tiene que pasar por las calles aledañas a la travesía», criticó.

El organismo gubernamental en la provincia ha rechazado confirmar esta información y replicar estas declaraciones. «Si una subdelegada no puede defender los derechos de una provincia tiene que dimitir e irse», respondió Figueredo, quien señaló que por el momento no ha recibido información sobre la previsión de plazos contemplados para dar por concluidas las obras de arreglo del firme hundido. «No me cogen el teléfono».

Es por este motivo que el propio Ayuntamiento se declara en «estado de alerta» y traslada sendas exigencias al Ministerio, como es efectuar la reparación inmediata de la avería del socavón haciendo turnos de 24 horas, solucionar el problema del cobro del peaje de la autopista, comunicar un plan de acción ante la crisis y deponer su intención de desviar el tráfico por el entorno de San Rafael. «No podemos permitir que los vecinos sigan sufriendo las consecuencias de una negligencia que escapa a nuestras competencias», recoge el escrito elevado por el equipo de gobierno, que ha sido refrendado por la totalidad de los concejales del municipio.

La portavoz socialista, Alicia Palomo, urge al Ministerio a llegar a un acuerdo con la concesionaria de la autopista. «Hay situaciones de altercados que se han producido, de vecinos contra los trabajadores de la empresa, técnicos o Policía Local, que no deberían haber ocurrido», sostuvo durante la sesión plenaria. «Los vecinos se están viendo muy menoscabados por una situación que no se puede soportar más y que se debería de haberse revertido antes», añadió.

Asimismo, Jacobo Peña, al frente de Izquierda Unida en El Espinar, recordó que «no podemos dejar de señalar el problema de fondo, que es que actualmente no existe una solución permanente al tráfico de la travesía, más que el propio peaje, por lo que el problema se puede volver a repetir en el futuro».