El «escudo social» paraliza tres de cada diez desalojos en Segovia

Por ello, Sacristán valora «positivamente» la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables y sin una alternativa habitacional. Una de las primeras decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros tras la conformación del nuevo Gobierno de coalición fue extender hasta el 31 de diciembre de este 2024 que empieza a deshojar el calendario el aplazamiento de los desalojos, siempre y cuando los hogares en riesgo de exclusión cumplan los requisitos previstos en la normativa vigente.

Esta medida, aplaudida por la plataforma segoviana, está incluida en el Decreto-Ley, que se aprobó el pasado 27 de diciembre, referido a las actuaciones a llevar a cabo para «afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía», tal y como explicaba el propio Ejecutivo central la motivación detrás de la flexibilización de los plazos para las personas sobre las que pende la espada de Damocles de un desahucio.

De esta manera, el Gobierno pretende «atender la realidad social y económica de los hogares» en un escenario inflacionista y condicionado por los conflictos internacionales. «El crecimiento de los precios al consumo incide de modo especial en aquellas personas y hogares con menos recursos», justifica así el Ejecutivo la extensión de algunas de las medidas de protección introducidas en materia de vivienda en 2020 destinadas a población amenazada de exclusión.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Segovia se congratula por la sensibilidad demostrada por el renovado Gobierno de la nación en el movimiento de algunas fichas. Soledad Sacristán recuerda que en las reuniones previas que se mantuvieron con la recientemente nombrada ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, los colectivos sociales se quejaban de que los seis meses inicialmente planteados para prorrogar la suspensión de los procesos de desahucio contemplados por la norma se quedaban cortos. «Eran insuficientes porque la emergencia habitacional continúa y no existe un parque público de vivienda suficiente», subraya la portavoz segoviana. Al final, la Administración central ha asumido la propuesta de alargar un año la moratoria.

Sacristán también ve con buenos ojos la creación de un Ministerio de Vivienda propiamente dicho dentro del organigrama de gestión del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. La representante provincial de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca comparte la voluntad de que este departamento constituya «uno de los hitos para dar soluciones estructurales en 2024» al problema de la emergencia habitacional.

El «escudo social» que defiende y al que apela el movimiento cívico protege tres casos de desahucio que proceden de ejecuciones hipotecarias en la capital segoviana, detalla Soledad Sacristán. Son procedimientos «paralizados por haber violencia de género», precisa al indicar el supuesto que hace que estos levantamientos estén amparados por el marco normativo actual. El resto de desahucios están relacionados con ocupaciones de viviendas que también encuentran acomodo dentro de los parámetros que delimita ese escudo.

Las situaciones de vulnerabilidad recogidas en la ley atañen, además de a víctimas de violencia sobre la mujer o sobre menores que están a cargo de los afectados por un proceso de lanzamiento de su vivienda habitual, a personas dependientes. Por eso, la normativa incluye la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional de cada caso concreto, asuma la facultad de suspender un lanzamiento mediante la solicitud también de un informe a los servicios sociales competentes para que evalúen el contexto de vulnerabilidad económica e identifiquen las medidas a aplicar para dar respuesta a ese panorama. Asimismo, la regulación matiza que esos procedimientos de desalojo no han de derivar de contratos de arrendamiento.

En este sentido, Sacristán insiste en la necesidad de «profundizar en el funcionamiento de los servicios sociales y en la puesta en marcha específica de la Ley de Vivienda». La portavoz de PAH en Segovia califica de «fundamental» la intermediación que han de desarrollar esos departamentos y áreas sociales, a los que demanda «rapidez y agilidad» en la elaboración de los informes sobre los que la justicia asienta y dictamina la suspensión de un desahucio.

Pese a los avances, la plataforma advierte de que la raíz del problema aún está latente. «No hay cambios estructurales», echa de menos la portavoz en Segovia en su reflexión. «El objetivo debe ser tener un parque público de vivienda», incide Sacristán, quien insta a que «los fondos buitre y los grandes tenedores den casas en alquiler social» como medida que evite los desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad social y económica. «Mientras que sea imposible a través del sistema obligar a la propiedad privada» a poner a disposición viviendas en condiciones sociales y asequibles, «van a continuar los desahucios», lamenta la representante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Segovia.

«El problema es el acceso a vivienda social porque la lista de espera sigue» y hay un parque amplísimo con cartel de 'se vende' que no encuentra compradores ni inquilinos. Sacristán teme que, de no introducirse cambios estructurales, esas relaciones de demandantes de un hogar «se queden de forma perenne». La representante del movimiento cívico calcula que hay en Segovia «entre 100 y 150 solicitudes de vivienda pública en régime de álquier social». Ese volumen de demandantes se mantiene constante a falta de respuestas y soluciones.

«No se ve un incremento de casos de personas que puedan dejar de pagar» sus cuotas hipotecarias contratadas con la entidad financiera para hacerse propietarios de una casa. «El impacto se nota más en el alquiler», matiza Sacristán. Recuerda que «no se puede desahuciar a trabajadores pobres que están en situación de especial vulnerabilidad porque sus sueldos son pobres y el alquiler se lleva hasta el 50% de la nómina».

«El escudo social y el cambio procesal [en alusión a la presentación del correspondiente informe de vulnerabilidad] han limitado hasta la fecha las posibilidades de lanzamientos», concluye la integrante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en la provincia. Esa percepción se traslada a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales.

En los tres primeros trimestres del año pasado, se tramitaron treinta ejecuciones hipotecarias en los Juzgados de Primera Instancia de Segovia. A lo largo de los mismos nueve meses de 2022 fueron siete más. Dicho ejercicio, además, acabó con 49 procesos judiciales de este tipo, conviritiéndose en la segunda anualidad desde la crisis financiera de 2008 con menos ejecuciones hiptecarias practicadas por la justicia en la provincia. En 2020 bajó aún más, hasta los 45.

Si se compara con los periodos más crudos para quienes habían contratado un préstamo bancario para la compra de una vivienda y cuyas economías se vieron asfixiadas por la crisis hasta el punto de no poder asumir la hipoteca, el volumen de ejecuciones que se ve actualmente en los tribunales es una sexta parte del que había, por ejemplo, en 2012, cuando en la provincia se registraron 342 casos.