Las demandas de despido se disparan un 32% en Segovia

Fuentes de la Administración de Justicia especifican que las demandas por despido incluyen «la extinción por causas objetivas y la impugnación de modificación de condiciones de trabajo o traslados individuales». El crecimiento de la vía judicial para dirimir estos contenciosos es aún mayor en la provincia de Segovia si se toma como referencia el trimestre inaugural del curso 2021, ya que la comparación a dos años vista arroja una subida que roza el 54%. Son alzas que están por encima de la media nacional.

Esas mismas cifras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial sobre la repercusión de la crisis financiera en los distintos órganos también alumbran un aumento, aunque casi imperceptible, en los casos ingresados por reclamaciones de cantidades económicas. Si en los primeros tres meses del año pasado se contabilizaron 135 expedientes, en el mismo periodo del presente 2023 se han registrado 136. En este tipo de litigiosidad caben tanto los asuntos de «responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargos por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo», así como terceras partes que se perjudicadas en ejecuciones de sentencias y sanciones disciplinarias.

Otro dato que sobresale de las estadísticas del Poder Judicial es el descenso de las ejecuciones hipotecarias, pero sobre todo, la caída de los procedimientos de lanzamiento, que, aunque en la provincia no alcanzan niveles altos, experimentan una reducción del 75%. Entre enero y marzo de este año se han tramitado cuatro casos, cuando en el primer trimestre del ejercicio precedente fueron dieciséis.

La principal razón de esta disminución se halla en la bajada que registran los lanzamientos que son consecuencia de procedimientos derivados a su vez de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). De los cuatro desahucios tramitados entre enero y marzo en la provincia de Segovia, dos tuvieron esta motivación. En el primer trimestre de 2022, sin embargo, este tipo de expedientes judiciales sustentaron la tramitación de trece lanzamientos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca recuerda que «no se puede desahuciar a trabajadores pobres que están en situación de especial vulnerabilidad porque sus sueldos son pobres y el alquiler se lleva hasta el 50% de la nómina».

Precisamente, las ejecuciones hipotecarias también dibujan una evolución descendente en los datos recabados por el Poder Judicial para ilustrar los efectos de la crisis en los órganos judiciales. De manera paralela, se suscriben menos préstamos para comprar una vivienda. En la provincia, se contabilizaron en los tres primeros meses del año en curso doce procedimientos, tres menos que en el mismo periodo de tiempo del ejercicio pasado y casi la mitad de los que se habían ingresado en esos albores de 2021.

En el cómputo global de 2022, los Juzgados de Primera Instancia de la provincia tramitaron 49 ejecuciones hipotecarias. Esta cifra lo convirtió en la segunda anualidad desde el estallido de la crisis financiera de 2008 con menos procesos judiciales de estas características. En 2020 aún fue inferior, al contabilizarse entonces 45. Si se compara con los periodos más crudos para quienes habían contratado un préstamo garantizado para la compra de una vivienda y cuyas economías se vieron asfixiadas por la crisis, el volumen de ejecuciones que ven los tribunales es una sexta parte del que había, por ejemplo, en 2012, cuando se registraron 342 casos.