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La Guardia Civil de Segovia ha localizado y desmantelado cinco talleres de reparación de vehículos que actuaban fuera de la legalidad. Tal y como confirma la Subdelegación del Gobierno, dos de las instalaciones detectadas operaban en Valverde del Majano; una tercera lo hacía en Tabanera ... del Monte; una más en Navas de Oro, la última se ubicaba en Espirdo. Además, el Instituto Armado también ha descubierto en esta investigación un negocio de venta de automóviles de ocasión ubicado en el barrio incorporado de Zamarramala, en la capital.
Componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del departamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia Provincial han realizado estos descubrimientos, a lo largo de los últimos tres meses, dentro del marco de las intervenciones propias dirigidas al control de talleres mecánicos y a la verificación de que cumplen la legislación medioambiental que rige en materia de residuos.
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Luis Javier González
Luis Javier González
En los recintos investigados, los agentes hallaron vehículos que estaban preparados para ser arreglados, diferente tipo de maquinaria y herramientas propias para la reparación de automóviles, así como piezas de sustitución. Además, varias de las revisiones desarrolladas por la Guardia Civil dieron con la presencia de residuos generados en este tipo de instalaciones, tales como aceites, filtros y neumáticos usados, que carecían de la documentación necesaria para su producción, gestión y control, afirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia.
Además, la descripción de las intervenciones llevadas a cabo añade que los restos hallados estaban depositados «a la intemperie sin un sistema que garantizase su recogida en caso de derrame y desprovistos de la identificación obligatoria para los residuos peligrosos», revela la Administración central. Incluso, los agentes del Instituto Armado participantes en las inspecciones detectaron «vertidos de aceite usado directamente sobre el terreno sin aislar».
En uno de los talleres descubiertos, las reparaciones mecánicas se efectuaban en dos casetas rudimentarias construidas con chapa, madera y otros restos, ubicadas en un terreno rústico, empleando la caja de un camión como almacén.
Además de no disponer de la documentación requerida para la gestión y control de residuos, las instalaciones desmanteladas carecían de la correspondiente inscripción en el registro Industrial, así como de la autorización ambiental municipal. Asimismo, los agentes detectaron varias infracciones en materia tributaria y del régimen de la Seguridad Social.
Las correspondientes denuncias administrativas tramitadas por la Guardia Civil fueron remitidas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y de Industria de la Junta de Castilla y León en Segovia, a los Ayuntamientos de las localidades donde se ejercían las actividades, a la Delegación de Hacienda y a la Jefatura Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, relata la Subdelegación los pasos que se han dado en el proceso seguido tras la detección de los talleres y de comprobar que funcionaban al margen de la legalidad. En España, es una práctica extendida. Los usuarios acuden a este tipo de instalaciones pensando erróneamente que ahorrarán dinero porque los talleres clandestinos no pagan impuestos, ni cotizaciones sociales, ni aplican el 21% de IVA.
Las autoridades recuerdan que la práctica de estas actividades fraudulentas conlleva otros efectos negativos como son la limitación de los derechos de los consumidores en cuanto a la garantía de la reparación, la ausencia de prevención en riesgos laborales o el peligro generado para la seguridad vial por la dudosa calidad, tanto de las reparaciones, como de los materiales y recambios empleados. A esto hay que sumarle el impacto medioambiental que implica la falta de control y gestión de los residuos, sobre todo de aquellos clasificados como peligrosos; aparte de constituir un foco de fraude fiscal y de incumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social.
La Subdelegación del Gobierno apunta que corresponde a la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos aplicar las sanciones administrativas aparejadas a las infracciones detectadas y matiza que los responsables de las irregularidades no han sido detenidos, aunque se deban de enfrentar a los procedimientos que les abran las otras administraciones.
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