Una denuncia en Segovia en la lucha contra el tráfico ilegal de gases contaminantes

En concreto, esas mismas fuentes confirman que, fruto de las comprobaciones que se han llevado a cabo durante el operativo, en la provincia la Guardia Civil ha formulado una denuncia contra un almacén dedicado a la manipulación y reparación de equipos de frío y sus circuitos. Esos aparatos se recargaban con gases contaminantes como los descritos con anterioridad. En la inspección, los agentes descubrieron que el personal que realizaba los trabajos carecía del pertinente certificado de manipulación de gases fluorados.

El resto de registros llevados a cabo por parte del Seprona de Segovia no arrojaron irregularidades ni la comisión de algún acto ilícito. En total, la Comandancia detalla que, durante el tiempo que ha estado activa la operación 'Keisah', se han efectuado cinco inspecciones a diferentes empresas susceptibles de comercializar u operar con gases fluorados que resultan dañinos para la conservación del medio ambiente.

Este volumen de intervenciones deduce una presencia «escasa» en la provincia de este tipo de negocios en comparación con otros territorios. «Pese a estar debidamente regulada la comercialización de los gases refrigerantes, estos continúan aún en circulación, socavando de esta manera los objetivos de recuperación total de la capa de ozono», explican fuentes de la Benemérita. Además, en España está especialmente gravada su venta con un elevado impuesto especial, cuyo gravamen resulta más alto conforme más contaminante sea la sustancia, lo que ha supuesto la aparición de un lucrativo mercado negro que genera enormes beneficios.

La operación 'Keisah' se ha extendido por todo el país, encaminada a combatir «el tráfico ilegal de gases refrigerantes, tanto de aquellos que agotan la capa de ozono cuyo comercio pudiera ser constitutivo de delito, como de los nuevos que aumentan el denominado efecto invernadero y cuya introducción en la Unión Europea ha sido regulada con un sistema de cuotas anuales de importación», apostilla la Subdelegación del Gobierno.

En el conjunto de Castilla y León, la Guardia Civil ha realizado 91 inspecciones en diversas empresas y talleres. Como consecuencia de este trabajo de control, hay 17 personas investigadas por la supuesta comisión de una decena de delitos penales. Asimismo, los agentes de la región se han incautado de doce botellas de gas refrigerante y de 84 kilos de gas carente de autorización. En total, en la comunidad se han formulado 40 infracciones administrativas.

Una de las conclusiones que extrae el Instituto Armado es que, si bien existen casos de incumplimientos de la norma que rige la producción y consumo de estas sustancias dañinas para la capa de ozono de la atmósfera, «la mayoría de los talleres y empresas inspeccionados cumplen la legislación». Además, la Guardia Civil destaca «la buena acogida» que ha tenido la operación 'Keisah' entre los establecimientos legales que miran en su funcionamiento por la normativa que persigue el fraude en este tipo de actuaciones.