Segovia

Más de 13.000 personas están expuestas cada día a la contaminación en el casco histórico

El propósito de este informe es contribuir a «mejorar la calidad del aire y la calidad acústica» en Segovia. Es el documento que ha servido como base para crear la ordenanza reguladora de la ZBE, aprobada en pleno a finales de febrero y recientemente publicada, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025. Habrá un periodo de transitoriedad que contempla sendas excepciones. En todo caso, tendrá como escenario la zona interior de la muralla, que comprende una superficie de 372.000 metros cuadrados, que podrá ampliarse en el futuro.

Según recoge la legislación, la adopción de planes de movilidad urbana sostenible es obligatoria en los municipios con población superior a 50.000 habitantes. Es por ello que el Consistorio encargó un estudio para definir una zona de especial sensibilidad, la presencia de gases perjudiciales para la salud y sus orígenes.

El área seleccionada para el establecimiento de la ZBE comprende el casco histórico, donde residen 3.425 habitantes expuestos a la contaminación, a los que se suman una media de 10.000 diarias, entre las que se incluyen visitantes y turistas, personas que acuden a hacer gestiones en las dependencias públicas, los trabajadores que prestan servicio en la administraciones o los empleados del sector hostelero y alumnos de IE University, especifica el proyecto.

Este distrito de la ciudad es el origen y destino de cerca del 20% de los desplazamientos totales, según los datos recopilados en el Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Segovia. Por ello, los expertos han centrado todos sus esfuerzos en determinar la repercusión que tiene el tráfico rodado en este entorno, ya que la congestión circulatoria se constituye también como uno de los problemas estructurales del paisaje urbano que más afecta al casco histórico.

El proyecto de ZBE estima que los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx), con amplia presencia en el aire de la capital y efectos adversos sobre la salud, provienen en un 60% del tráfico, mientras que el 40% restante está asociado a otros procesos de combustión, desde las instalaciones industriales o de generación eléctrica. No sorprende por tanto que los valores más elevados hayan sido notificados por el aforador que fue colocado en el polígono de El Cerro, aunque este lugar cuenta con menor proporción de vecinos y desplazamientos peatonales que el centro de Segovia.

Los análisis realizados por medio de este dispositivo de medición en la Plaza Mayor entre agosto y septiembre arrojaron comportamientos similares de los gases contaminantes y partículas en suspensión a lo largo de la semana. En su mayoría, alcanzaron el pico antes del mediodía y en las horas centrales, y se normalizaban una vez que entraba la noche. En lo que respecta a la contaminación acústica, los niveles de ruido, que son cíclicos, llegaron al máximo entre las 17:00 a 21:00 horas. Hay momentos puntuales en los que rondaron los 80 decibelios, lo que equivale al sonido generado por un tren en marcha.

Estas oscilaciones horarias se corresponden a su vez con los desplazamientos por el entorno urbano, que principalmente tienen lugar por el día. Así, se confirma que el 82% de los vehículos privados circulan por Segovia entre las 7:00 y 20:00 horas, intervalo que constituye el 54% del tiempo. Al contrario, tan solo el 18% de los traslados se concentran fuera de este tramo.

Un hecho llamativo es que, del total de turismos, camiones o motocicletas que dejan su huella a diario en las calles del centro, aproximadamente el 44% está censado fuera del término municipal, cuyas emisiones suponen la mitad del total. Por tanto, las diferencias porcentuales se amplían si se tiene en cuenta no solo la circulación, sino también las entradas de vehículos, ya que el 86% de los accesos se llevan a cabo en horario diurno y, por tanto, laboral. Lo mismo sucede con los peatones.

Ante esta realidad, el proyecto considera que extender las restricciones de ZBE a la noche «no va a suponer una mejora sustancial» en la calidad del aire. De este modo, los grandes contaminantes podrán transitar por el recinto amurallado con la caída del sol. En concreto, la limitación a la movilidad se desactivará de lunes a jueves, de 20:00 a 7:00 horas; los viernes, sábados y vísperas de festivo, de 23:00 a 7:00 horas; y los domingos y festivos, de 20:00 a 10:00 horas.

El porcentaje de tráfico diario más elevado respecto al total de la semana se registra los viernes, que están seguidos de los jueves y miércoles. El dato cae en picado en los fines de semana, cuando se acrecentan los desplazamientos en el periodo nocturno.

El tipo de vehículo también ha sido determinante a la hora de redactar la normativa. Por ejemplo, se ha comprobado que los autobuses y camiones son los más emisores de todos los contaminantes, al emplear en su mayoría el diésel. No obstante, si se tiene en cuenta la ocupación media de los turismos -de 1,25 pasajeros por cada uno- y de los buses, con 37,16 viajeros por cada trayecto, el balance cambia. Las emisiones medias de estos últimos en gramos, por kilómetro recorrido y por persona transportada, «son hasta diez veces menores que las de los coches privados».

Una de las excepciones a la regla son las motocicletas. Aunque los resultados no son del todo positivos, pues en promedio contaminan más que el resto de vehículos, suponen un porcentaje inferior en el parque circulante y, en consecuencia, su impacto «es menor». De ahí que, por el momento, sea uno de los casos protagonistas de exenciones sin fecha de finalización, junto a los vehículos de servicios básicos, de emergencia, de empresas públicas, históricos y empadronados antes de la entrada en vigor de la ordenanza.

A día de hoy, el 2,3% de los vehículos censados en el casco antiguo carecen de distintivo ambiental y cerca del 5% cuentan con etiqueta B, por lo que se prevé que la afección de esta salvedad apenas sea representativa en el conteo total de emisiones. Además, para evitar que haya personas que fijen su residencia en este distrito con el único objetivo de eludir el cumplimiento de la regulación, el permiso no se aplicará a los empadronamientos posteriores a 2025.

La inversión necesaria para poner en marcha la ZBE, que ya ha sido consignada, es de 639.000 euros. Una vez transcurridos cuatro años, el coste de explotación anual será de 37.500 euros, lo que incluye mantenimiento, sistema de gestión específica por parte de Policía Local, comunicaciones, etc. El Ayuntamiento deberá hacer frente durante los primeros seis años de una bonificación del 75% a los vehículos inscritos con motores eléctricos, híbridos, eléctricos-combustión o bimodales. En contraposición, aumentarán los ingresos por infracciones, ya que cada sanción interpuesta ascenderá a 200 euros.

El documento de base espera que el parque de automóviles de cero emisiones aumente un 4,5% hasta 2030 y, para ese año, también se prevé que el desplazamiento individual por medio del vehículo privado descienda un 4%. No solo habrá cambios a la baja en los valores de gases contaminantes, sino que también se pretende reducir el número de población vive en áreas en las que se superan los 65 decibelios.