Segovia

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas teme «una sangría» de ejecuciones desde julio

Este movimiento ciudadano, que emergió hace once años en defensa de los derechos de los damnificados por los procedimientos de desahucio que afloraron en la crisis financiera generalizada detonada por el colapso inmobiliario de 2008, teme ahora «una sangría» de ejecuciones hipotecarias en los juzgados de Primera Instancia para exigir el pago de la deuda contraída con la entidad financiera a aquellas personas que no pueden hacer frente al pago de las cuotas del préstamo.

Soledad Sacristán deduce esta problemática porque el decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros en noviembre del año pasado para aliviar la carga hipotecaria de hogares en situación de vulnerabilidad debido a la subida de tipos y, por consiguiente, por el alza del euríbor y el consiguiente encarecimiento del recibo mensual de la hipoteca, tiene fecha de caducidad. La representante segoviana de la plataforma contra los desahucios recuerda que hay medidas que acaban el 30 de junio.

La evolución descendente experimentada durante los últimos años en las ejecuciones hipotecarias, así como la disminución de los levantamientos, se alían con los aprendizajes extraídos de la crisis de la burbuja inmobiliaria, lo que lleva a Soledad Sacristán a intuir problemas, sí; pero no en la magnitud y dimensión de los que se desencadenaron a mediados de la pasada década. La tendencia inflacionista actual y los salarios exiguos coartan la compra de una vivienda, opina Sacristán, quien añade que «la gente aguanta un poco más» antes de sacrificar sus ahorros por un préstamo.

De aquellos polvos vinieron estos lodos. Esa cautela que observa la representanta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Segovia la lleva a afirmar que «no se ve un incremento de casos de personas que puedan dejar de pagar» sus cuotas contraídas en el acuerdo con la entidad financiera. «El impacto se nota más en el alquiler», matiza Sacristán. Recuerda que «no se puede desahuciar a trabajadores pobres que están en situación de especial vulnerabilidad porque sus sueldos son pobres y el alquiler se lleva hasta el 50% de la nómina».

En 2022, en la provincia, los Juzgados de Primera Instancia tramitaron 49 ejecuciones hipotecarias. Esta cifra lo convierte en el segundo ejercicio desde la crisis financiera de 2008 con menos procesos judiciales de estas características. En 2020 bajó aún más, hasta los 45. Si se compara con los periodos más crudos para quienes habían contratado un préstamo garantizado para la compra de una vivienda y cuyas economías se vieron asfixiadas por la crisis hasta el punto de no poder asumir la hipoteca, el volumen de ejecuciones que se ve actualmente en los tribunales es una sexta parte del que había, por ejemplo, en 2012, cuando en la provincia se registraron 342 casos.

«Y eso que el año pasado ya había empezado a subir el euríbor», matiza la portavoz de la plataforma al enmarcar el contexto económico y financiero en el que se mueve el mercado. De hecho, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el sector hipotecario no acusó en demasía las adversidades económicas y financieras derivadas, fundamentalmente, de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania y del encarecimiento de los suministros de construcción y de los combustibles.

Al cierre del ejercicio, en la provincia se firmaron 1.443 créditos con entidades bancarias para la adquisición en propiedad de una vivienda. El valor total de los préstamos concedidos superó los 153 millones de euros. Segovia encadenaba así un lustro de curva ascendente en la firma de hipotecas para la compra de una casa intentado descorsetarse de los periodos de contención en los que el nivel anual de préstamos hipotecarios suscritos no superaba el listón de los mil, como ocurrió entre 2011 y 2020, ambos incluidos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Segovia aguarda el cumplimiento de la declaración institucional que aprobó el Ayuntamiento de la capital el pasado mes de febrero. La corporación abrazó la idea de convertir la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), popularmente conocido como el 'banco malo', en «un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda y los mecanismos de cesión a los Ayuntamientos». El texto que vio luz verde contemplaba la elaboración de un censo de las viviendas que están en manos de la entidad.

La página web de la sociedad -creada en 2012 para liquidar los préstamos e inmuebles adquiridos a los bancos y cajas beneficiarios de ayudas públicas en el rescate financiero que promovió el Gobierno- da cuenta de 31 viviendas en la capital segoviana, entre otros activos. Los datos que maneja la plataforma son del INE, de hace algo más de diez años. En ellos se calcula que en solo en la capital hay unas 5.000 casas vacías, que ascienden a 19.000 en la provincia. Sacristán insiste en la necesidad de realizar ese inventario con el objetivo de crear «un parque público de viviendas de alquiler social y asequible».

La portavoz del colectivo ciudadano indica que los inmuebles vacíos de la cartera de la Sareb «suelen estar muy deteriorados, y si se venden a precio de saldo, no sirven para devolver la deuda al Estado y además se pierden para componer ese parque de vivienda de alquiler social».