La entrada en vigor de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que regirá el campo entre 2023 y 2027, ha desatado críticas entre los trabajadores agrarios. Las organizaciones respaldan esta incertidumbre al haberse introducido requisitos que implican numerosos trámites y un estudio exhaustivo de los ... requisitos para acceder a las ayudas. A su vez, coinciden en que ha habido una «falta de antelación» que ha dificultado la resolución de múltiples dudas de los agricultores y ganaderos segovianos. La mayoría de ellas, relacionadas con «temas burocráticos» que, a juicio de las opas, dificultan la labor cotidiana de las explotaciones.
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Ana María Criado
La adaptación a la norma está siendo un «auténtico reto», asegura el coordinador provincial de la alianza UPA-Coag, Pedro Matarranz. Según matiza, este proceso supone más trabajo e «incertidumbre a la hora de cómo tenemos que plantearnos el trabajo». Ejemplifica con los ecorregímenes, una nueva condición de la PAC que implica llevar un mayor control y compromiso para la protección del clima. Aunque acogerse a uno de ellos es de carácter voluntario, Matarranz apunta que esto es «engañoso». «Si no lo haces, puedes perder hasta un 40% de la ayuda», detalla.
El presidente provincial de UCCL, César Acebes, sostiene que estos esquemas delimitan la superficie de siembra. «Hasta el último momento no sabíamos si los requisitos iban a salir adelante o iban a cambiar, porque no era un decreto definitivo, sino un borrador provisional», explica. Por ello, la resolución de las dudas era parcial. «No podíamos garantizar que las medidas no iban a cambiar», lamenta.
Matarranz señala que la adaptación a los ecorregímenes implica una reducción de la producción. «Nos dicen que tenemos que ser más productivos con menos herramientas, sin fertilizantes y abonos», declara. Ante ello, teme que este «obstáculo», junto a la disminución de la compra de cereal por la guerra en Ucrania, suponga el encarecimiento del producto.
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Las organizaciones agrarias todavía reciben solicitudes de ayudas de la PAC, por lo que la valoración del reglamento aún es «difícil». En cualquier caso, Asaja indica que «va contra el agricultor profesional porque hay cuestiones como los ecorregímenes o el pago redistributivo que son un mareo por culpa del papeleo», según el secretario general de la asociación agraria en Segovia, Pablo Rincón. «Querían reducir la burocracia y ahora hay todavía más», se queja.
Esta es una opinión compartida por multitud de trabajadores del sector, que han protagonizado movilizaciones en los últimos meses ante la incertidumbre y por su negativa a la aplicación de algunas medidas, como es la normativa que obliga a realizar un nuevo chequeo antes de vender a los terneros. A ello se suman los cuadernos de explotación agrícola para el registro de los fertilizantes. «Tenemos que dedicar más tiempo frente al ordenador que a cuidar el campo y los animales, eso supone un gran esfuerzo al sector que no está siendo recompensado», concluye Matarranz.
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