Cuéllar pide la declaración de zona residencial tensionada

La moción, que no contó con el apoyo del Partido Popular, fue defendida por la portavoz de IU, Lucía Arranz, quien destacó que su grupo pone en una balanza por un lado la especulación y en otro las oportunidades para asentar gente en Cuéllar, «y nos inclinamos por aquellas personas que quieren alquilar una vivienda y no pueden».

La iniciativa deriva de la puesta en marcha por parte del Gobierno de la nación del índice de precios de referencia para conocer los valores para el alquiler de una vivienda, un indicador que, según detalló Arranz en su argumentación, limitará los precios máximos de aquellos lugares que se declaren zonas tensionadas y que sitúa la media en Cuéllar en 357 euros mensuales en el caso de las viviendas colectivas y en 350 euros para las unifamiliares.

La portavoz de IU también explicó que en la villa un piso de tres habitaciones tiene una renta de 650 euros. Por ello, el Ayuntamiento aspira a contar con una herramienta legal, que es ese índice de precios de referencia; si bien las competencias están en manos de las comunidades autónomas, que son las que deben declarar cada área o municipio como zona tensionada.

La concejala destacó que esos enclaves son lugares en los que existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, como es el caso de Cuéllar, especialmente en régimen de arrendamiento, que supera con creces la demanda.

«Las personas que desean vivir en nuestro municipio no lo tienen nada fácil por la escasa disponibilidad de viviendas para alquilar. Los jóvenes que desean independizarse y personas que han encontrado en Cuéllar y su comarca una oportunidad laboral, se enfrentan a un complejo problema para acceder a una vivienda digna», aseguró la edil de Izquierda Unida.

En la moción también se apuntaba que es «un deber público» tomar medidas para fijar población. «Centrarse únicamente en las iniciativas privadas de construcción de nueva vivienda no es la solución a los problemas de alquiler y compra», arguyó Arranz, que aseguró que es una prioridad del Ayuntamiento facilitar el acceso a una vivienda pública.