La CHD 'salvará' las presas que suministren agua en la provincia

El estamento regulador de cuenca ampara sus actuaciones dentro del Marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y la Directiva Marco del Agua, que afectan en su mayoría a azudes y pequeñas presas que no tienen uso o han finalizado su concesión. La principal diferencia entre una presa y un azud es que las primeras almacenan agua y los segundos solo la retienen para derivarla hacia una de las márgenes. Según criterios técnicos, una gran presa tiene una altura superior a 15 metros; una pequeña es la que no llega a esa dimensión, y un obstáculo al río no alcanza los dos metros de altura.

La demolición de azudes responde a los objetivos ambientales en pos de «conseguir el buen estado de las masas del agua». La CHD asegura que sus planes «se elaboran en colaboración con las comunidades autónomas, en especial en los ríos pertenecientes a la Red Natura 2000, y los ayuntamientos afectados, informados en todo el proceso mediante el BOE, anuncios, distintas notificaciones e incluso visitas a las zonas de actuación».

El abandono de las barreras supone una obligación para las confederaciones hidrográficas, que deben gestionar su extinción, salvo que alguna administración o particular se haga cargo de la infraestructura. «Beneficia a los ríos y a las personas que disfrutamos de ellos, de una u otra manera», subraya Antonio Martínez, portavoz de cinco colectivos ecologistas de la sierra de Guadarrama, que tilda de «tímido» el ritmo al que se retiran las barreras de la cuenca del Duero, que oscilan en torno a las 2.000 desde hace una década.

Ese tipo de azudes llegan al abandono porque la concesión caduca y el titular no la renueva. «En este momento no es más que una retención de agua. Ya no existe ni el molino, ni aprovechamiento ni a veces el titular porque lo que suele ocurrir es que desaparecen muy oportunamente», ahonda Martínez. Porque la ley dice que es él quien debe encargarse de la retirada y los boletines públicos suelen recoger mensajes buscándoles. La consecuencia es que son las confederaciones las que deben costear la restitución del río. «Y es muy injusto porque durante muchos años ha usado un bien público», apostilla el representante ecologista.

El Gobierno central se ha valido de los fondos europeos para acelerar los derribos. Esa «timidez» de la que habla Martínez se traduce en apenas una docena de barreras retiradas en la provincia de Segovia, así que aporta contexto para explicar las movilizaciones de algunos colectivos vecinales. «No me extraña que la gente se preocupe porque le van a quitar la presa o el muro. Estamos viendo en medios de comunicación de ámbito regional auténticas patrañas, bulos y mentiras que establecen una relación directa entre la retirada de presas y el descenso de las reservas hídricas a los embalses», critica. «Si yo leo que tengo menos agua para regar, me cabreo enseguida. Lo que hemos querido explicar es que en el Cega y en el Voltoya eso no representa ni siquiera el 0,004% de las reservas. Es como una gota en un embalse», ilustra el portavoz.

En un contexto de sequía, Antonio Martínez pone de relieve que esa sensibilidad con el agua conduce a enarbolar la defensa de una causa cercana. «Encima te hablan de un Gobierno que viene volando las presas por toda España y que ahora se ha fijado en las de Segovia. Entiendo que haya gente que si no se lo cree por lo menos dude». El representante ecologista recoge los argumentos de la Confederación Hidrográfica del Duero: son barreras que retienen sedimentos o benefician a las especies invasoras.

«Los ríos están vivos y necesitan trasladar materiales de arriba abajo. Las presas son un inconveniente para su normal funcionamiento», argumenta Martínez, quien en el caso concreto de Navafría afirma que «lo que hay ahora mismo es un almacén de lodos y la CHD tiene que estudiar su composición y su toxicidad, si es que tiene alguna».

Su mensaje es que la retirada beneficia a la población ribereña. «En el Cega ya no quedan prácticamente truchas, no pueden remontar los ríos», lamenta, al mismo tiempo que confía en el proceso administrativo para evitar tropelías. «Si alguien considera que tiene una presa que es un paraíso natural, hay un periodo largo para alegar. Algunos quieren que se mantengan los muros, pero no quieren hacerse cargo de su mantenimiento, que también cuesta dinero», advierte Antonio Martínez. En el diagnóstico actual habla de «riesgos de seguridad» en barreras «que pueden reventar».

Por su parte, la presidenta de Aguaiuris, Pilar Esquinas, aboga por conservar estas infraestructuras hídricas. «Es como si queremos destruir todas las iglesias porque no van feligreses», compara esta abogada. Pide ver cada presa «en su contexto» y defiende los «derechos y titularidades históricas» de esas concesiones. «Hay que dejar que la gente las pueda utilizar para producción hidroeléctrica o el campo. Te lo sustituyen por un tubo, un contador y una partida presupuestaria de un fondo de inversión», se queja en su exposición.

Esquinas esponsabiliza al Estado de su conservación –al extinguirse el derecho concesional revierten a él gratis– como la de otros patrimonios históricos. «Casi todas las presas estaban protegidas. El Acueducto no tiene concesión y no se utiliza. ¿Qué hacemos? ¿Lo derribamos?», se pregunta en voz alta la responnsable de la asociación Aguaiuris.

Esta letrada argumenta que la extinción de una concesión no va ligada a la destrucción de la presa –a no ser que lo indique ese contrato público– y acusa al Estado de eliminar de su propio patrimonio algunas presas centenarias. «Para derruir esos bienes que son de todos los españoles tienes que cumplir unos requisitos. No ha habido ese procedimiento ni en las presas de Segovia ni en las 324 que llevan derribadas. Si tú quisieras hacer lo que ellos están haciendo, te habían metido en la cárcel».

Habla de un informe de impacto ambiental y de «informar a todo el mundo que esté afectado; no ponerlo en un tablón o publicarlo en un BOE». Incluye a aquellos que hacen uso recreativo, de abastecimiento o ganadero. «En la presa que acaban de derribar en Moraleja de Coca tienes un merendero y una infraestructura de producción hidroeléctrica y molinar. No informaron siquiera al alcalde pedáneo», critica.

La portavoz de Aguaiuris defiende a Manuel Lorenzo Pardo como precursor en el primer tercio del siglo XX de las infraestructuras actuales. «Lo primero que hacen es ayudar a que los ríos no cojan velocidad. Con esos sedimentos se convierten en toboganes porque tienen mucha altura», expone. Pilar Esquinas pone el ejemplo de las barreras del Cega, con problemas de sequía en verano, como una salvaguarda para algunas especies. «Gracias a que nuestros abuelos hicieron estos azudes, los peces se pueden refugiar hasta que vuelven las lluvias», esgrime. Asimismo, sostiene que eliminar esos refugios supone una mayor amenaza a la diversidad que mantenerlos.

Pilar Esquinas ve en los fondos europeos un fin recaudatorio. «El argumento que están utilizando para pillar los 2.500 millones por destruir es absurdo. Son falacias», reprocha la letrada de Aguaiuris. Su asociación promete seguir denunciando estos procedimientos; habla de malversación o de coacción a alcaldes en base a una «apariencia de legalidad».

La abogada asegura que los fondos de inversión y los «traficantes de agua» se están beneficiando de unos acuerdos «a puerta cerrada». También denuncia prácticas como la producción de hidrógeno verde porque supone «destruir el agua» y defiende que el agricultor pueda acceder al agua dulce.