El Ayuntamiento pide anular el proceso que le obliga a pagar por una parcela junto al CAT

Ni el Ayuntamiento ni los propietarios de los terrenos quedaron satisfechos con la sentencia. Los segundos, porque el TSJ confirmó que la superficie de la parcela y el tipo de la misma (rústico según el tribunal) son contrarios a sus intereses. El Consistorio, por su parte, recurrió ante la inclusión de un nuevo criterio por el cual debe indemnizar a los dueños de los terrenos por los futuros aprovechamientos urbanísticos de los terrenos. La indemnización, aún sin fijar, se establecería entre los 3.515 euros que señaló la Comisión Territorial de Valoración y los más de 900.000 euros que solicitó en su día la propiedad.

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Conocido el rechazo del Supremo a ambos recursos y antes de saber el precio que impone el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Consistorio ha puesto sobre el tablero judicial una nueva carta: la solicitud de nulidad de las actuaciones. Considera el Ayuntamiento de Segovia que la sentencia del TSJ que obliga a indemnizar a los propietarios no se ajusta a derecho. En un escrito de 25 páginas, insisten en que los dueños de la parcela no reclamaron en ningún momento del proceso judicial una indemnización por las actuaciones futuras de nueva urbanización de los terrenos, un incongruencia 'extra petita' según el Ayuntamiento. En este sentido también subrayan que las partes no tuvieron opción de manifestar durante el proceso su parecer sobre el motivo de la indemnización.

Así, el Ayuntamiento de Segovia espera que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acepte su petición de nulidad de las actuaciones. En caso contrario, se expone al pago de una indemnización que puede aproximarse al millón de euros. De hecho, la alcaldesa de Segovia, Clara Martín, hizo referencia hace semanas a esta incertidumbre jurídica como uno de los factores que dificultan proyectos como un nuevo vial a la estación de Segovia Guiomar.

Por otra parte, el TSJ también ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, por el cual se concede a Rogasa, la empresa que debía finalizar el edificio, la suspensión cautelar del pago de 459.000 euros que debía hacer al Consistorio por la certificación final y liquidación de las obras del edificio CIDE.