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BERTA JIMÉNEZ
Segovia
Sábado, 27 de febrero 2021
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Segovia en relación al cambio de titularidad de una parcela situada en el Sector Bonal. El Consistorio segoviano queda así ... obligado a registrar a su nombre este terreno en el Catastro Inmobiliario, un terreno expropiado en 2009 a sus propietarios con el fin de ceder una parte a las instalaciones militares de Baterías y otra al edificio del Círculo de Artes y Tecnología (CAT).
En opinión de Jesús López, representante de los propietarios de esta parcela, el Ayuntamiento de Segovia «no deseaba tener este suelo a su nombre para evitar la devolución del IBI correspondiente a los ejercicios transcurridos». Aún cabe la posibilidad de que el Consistorio recurra ante el Tribunal Supremo, aunque López no cree que esto ocurra.
López explica que este recurso del TSJ es una respuesta a la reclamación económico-administrativa que realizó la familia propietaria con el fin solicitar el cambio de titularidad y que se traduce, tal y como dicta la sentencia, en la transmisión del dominio del inmueble al Ayuntamiento de Segovia, lo que «debe tener reflejo en el Catastro Inmobiliario, incorporando al Ayuntamiento como titular catastral».
Los propietarios de esta parcela del conocido como Sector Bonal llevan años pleiteando con la administración municipal. En 2009, el Consistorio expropió los terrenos y los ocupó sin indemnizar a los dueños. La ley, sin embargo, les obligaba a edificar en la zona en un plazo máximo de ocho años, es decir, antes de 2016, algo que nunca ocurrió. «Vino la crisis y nadie quiso urbanizar allí», recuerda López. Desde aquel año, los propietarios han estado intercambiando demandas y recursos con el Ayuntamiento, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó en 2018 al Consistorio a pagar una indemnización a los propietarios, además de las costas procesales.
Pero la cantidad total de la indemnización aún está pendiente de resolver. Si bien el Ayuntamiento de Segovia estimaba en 2019 que los terrenos valían 3.247 euros, la propiedad de la finca había solicitado que se les pagaran casi 1,5 millones de euros: 875.140 euros más 43.000 correspondientes al 5% del premio de afección y lo correspondiente a la responsabilidad patrimonial. En julio de 2019, la Comisión Territorial de Valoración determinó que el precio del terreno expropiado era de 3.515 euros, una tasación que los propietarios ya recurrieron y sobre la que aún el TSJ no se ha pronunciado hasta el momento.
La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha declarado además en varias ocasiones que los terrenos son rústicos, pero los propietarios no lo creen así. López insiste en que se trata de terrenos urbanos y argumenta: «No está urbanizado porque no lo han querido urbanizar, pero agua, luz y alcantarillado sí que tienen».
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