Más de 1.300 alegaciones rechazan el proyecto minero en el nordeste de Segovia

«Este hito demuestra nuevamente el amplio rechazo social a los proyectos mineros en la comarca», asevera la portavoz, quien confía en que la Junta de Castilla y León escuche y atienda las demandas de la plataforma. Por ahora, han llevado su causa al Parlamento Europeo. El colectivo añade que el proyecto no solo atañe a la Consejería de Medio Ambiente, sino que los efectos que conllevaría la implantación de la mina en esta zona de la provincia repercuten en más áreas. Por ejemplo, en el turismo. Moro opina que «el ruido o el constante paso de camiones» no favorecería la atracción de visitantes. También apela al departamento de Agricultura y Ganadería, ya que «el polvo que se desprenda de la explotación estropearía plantas» de los cultivos.

Por lo tanto, «el apoyo diverso y generalizado refleja una movilización transversal» que abarca estos sectores. La representante de la plataforma califica la nueva propuesta de ERIMSA de «campaña de marketing», ya que presenta un documento «más técnico» que los anteriores en el que reconoce que la actividad minera «provocaría daños medioambientales». Marisa Moro también apunta que la tercera iniciativa de la promotora recoge que «no va a haber un desarrollo económico» en la zona. Esas asunciones de la empresa demuestran que el proyecto «es un desatino».

En cuanto a la superficie, «dicen que reducen el terreno a unas 350 hectáreas» cuando en origen preveían intervenir sobre un espacio de 2.000 hectáreas. La portavoz de la plataforma que se opone a la mina pone en solfa esa declaración de intenciones y desconfía de la disminución que contempla la nueva tentativa de construir la explotación en el nordeste segoviano. Marisa Moro llama la atención sobre el documento y la parte en la que ERIMSA dice que «puede pedir una ampliación» del terreno sobre el que operar.

Según deduce, el propósito de la empresa es valerse de esa condición e ir extendiendo el área de trabajo de la mina a través de sucesivos proyectos hasta alcanzar 11.000 hectáreas. Añade que la actual iniciativa contra la que se han presentado esas más de mil alegaciones tramitadas a través de la plataforma pretende «blanquear con 350 hectáreas» la realidad de los planes de la compañía en esta comarca. De ahí que el colectivo insista en reclamar la retirada total del proyecto.

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De momento, la Administración regional abre el proceso de evaluación de todo el caudal de rechazos interpuestos. Moro calcula que las resoluciones pueden tardar entre seis meses y un año, tiempo en el que el proyecto estará parado. El análisis del impacto ambiental «es un paso fundamental para determinar si este proyecto puede seguir adelante, el procedimiento será clave para valorar los riesgos ambientales, sociales y económicos que la plataforma y los colectivos implicados han destacado en sus alegaciones».