Tras la pista del fraude universitario

Un informe que elaboraron por encargo del Comité Español de Ética ha puesto en evidencia el falseo de la actividad académica de Juan Manuel Corchado, catedrático especializado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, además de rector de la Universidad de Salamanca. Este científico informático parecía ser uno de los más citados del mundo, pero la realidad es que había engrosado artificialmente sus méritos durante años.

Durante tres semanas, los granadinos expertos en bibliometría investigaron la producción académica del rector. Con los análisis de datos disponibles en Google Scholar, detectaron patrones de publicación anómalos. En 2018, las 4.750 citas que tenía Corchado subieron de golpe a 15.000. A principios de este año sumaban ya 45.140. Para hacerlo, Corchado y sus colaboradores más estrechos construyeron «una entramado editorial dirigido a producir publicaciones y citas a fin de brillar en sus perfiles bibliográficos» y en los rankings. Es decir, el rector y sus compinches se han citado hasta la extenuación en distintos trabajos o congresos, incluyendo materias que nada tienen que ver con su especialidad. Estos documentos se publicaron en el repositorio institucional de la Universidad de Salamanca. Además, se identificó un gran número de citas –alrededor de 11.000– provenientes de documentos almacenados en la plataforma ResearchGate, firmados presuntamente por perfiles falsos. Del mismo modo, Corchado utilizaba una revista de su propiedad para publicar estos trabajos. Google Scholar, que no establece un control de calidad sobre las fuentes que indiza, encontraba todas esas referencias que difundía y automáticamente hinchaba el perfil del rector, según evidencia el informe elaborado por los investigadores de la Universidad de Granada.

Los profesores granadinos, con una investigación imparcial e independiente, han descubierto las prácticas del profesor salmantino que, lejos de admitir los hechos, se atrinchera y se considera víctima de una campaña de difamación. El fraude en la Universidad se contamina con las implicaciones políticas, pero los docentes se mantienen al margen y defienden la integridad de su trabajo.

En los pasillos de la facultad sus compañeros aplauden la valentía. «Enhorabuena», elogian. Dentro del despacho, los profesores de la UGR cuentan cómo desarrollaron su investigación. Demostraron en 2012 que los indicadores que miden la relevancia científica pueden ser alterados. Además, Martín desarrolló un software capaz de analizar la actividad bibliométrica de una persona. Con todo ese escenario y bagaje de fondo, un periodista británico les pidió ayuda.

«Comenzamos a analizar este caso en 2022 a petición del periodista científico Dalmeet Singh Chawla, que nos pidió nuestra valoración para un reportaje en el blog Retraction Watch, una de las principales fuentes de información de actualidad sobre fraude académico», rememoran. «Después de eso también colaboramos con el periodista Manuel Ansede de El País, como especialistas en bibliometría», añaden.

A raíz de estas publicaciones, el Comité Español de Ética de la Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, abrió su propia investigación y encargó un análisis a estos expertos sobre el trabajo de Corchado. La Universidad de Salamanca desarrolló también una investigación paralela sobre los hechos que finalizó sin resultados y se ha puesto en tela de juicio, ya que no da respuesta a las dudas sobre las autocitas o el borrado masivo de documentos que se produjo a consecuencia de las investigaciones periodísticas.

Para Martín y Delgado «no ha sido plato de buen gusto analizar el comportamiento de publicación de compañeros de otra universidad y señalar la existencia de malas prácticas». «El tiempo que hemos dedicado a este asunto nos gustaría haberlo podido dedicar a nuestros temas de investigación. Pero negarnos a participar en los análisis que nos fueron solicitados hubiera sido dar la espalda al acuciante problema social de la ética y la integridad en la investigación».

«Nuestra esperanza es que la difusión de nuestro informe sirva para que la comunidad universitaria tenga la oportunidad de verificar, lejos de la lamentable polarización política a la que se ha visto sometido el caso, los hechos. Estamos satisfechos con la difusión y el respaldo recibido por parte de la comunidad científica».

Los investigadores consideran que el fraude es un asunto difícil de atajar, pero creen que las facultades deberían aumentar las medidas. «Las universidades tienen que tomar un rol mucho más proactivo en la gestión de la documentación. Inspeccionar de oficio los patrones de publicación y citación anómalos y perseguir las prácticas fraudulentas. Ahora los países se están dotando de comités de ética, pero se da la circunstancia de que no tiene capacidades sancionadoras», lamentan.

Explican que las malas prácticas en la publicación científica desgraciadamente no son algo nuevo ni de fácil solución. Además, el avance de la tecnología y la Inteligencia Artificial abre posibilidades a la picaresca. «Solo es fácil identificar los casos más obvios y flagrantes. El plagio, la autoría falsaria, la fabricación de datos, la manipulación de citas, la compra de trabajos... son solo algunos ejemplos. Con el desarrollo de las tecnologías de la información, estas prácticas se han hecho más sofisticadas», afirman.

Los expertos consideran que la mejor herramienta contra la mala praxis es el pensamiento crítico. «Al final, cada investigador tiene que ser capaz de identificar si el contenido cumple con los parámetros de rigor», sentencia.

Que no se apuren los tramposos. El cometido de estos expertos no pasa por ser detectives contra la corrupción. Sus investigaciones giran en torno a la evolución de las prácticas de comunicación científica. Vuelven a las aulas y a la tranquilidad mientras la tormenta sigue en la Universidad de Salamanca. Eso sí, prestarán ayuda a quien la requiera. Sobre todo si es para mejorar la Universidad y su transparencia.