La Salina presiona con una moción para garantizar el servicio postal público en la provincia de Salamanca

Según decía la exposición de motivos de la moción, el servicio de Correos contribuye a la «cohesión social, territorial y económica» del país, tanto que durante el estado de alarma fue declarado como un «servicio esencial», pero lamentablemente se están recortando servicios rurales y externalizando otros, lo que afecta directamente «al derecho de la ciudadanía a la recepción de correspondencia de forma accesible y asequible», prueba de ello es que en la provincia de Salamanca, desde 2017 «Correos ha suprimido más de 20 puestos de trabajo en una plantilla de 300 trabajadores» y en «2021 se han cerrado todas las oficinas de correos los sábados, dejando de prestar este servicio». También hay un recorte en la contratación que «deja sin cubrir el empleo estructural y cualquier tipo de permiso o licencia de sus trabajadores», lo que se traduce en una reducción «drástica» de la calidad. Decisiones que se han adoptado por la Dirección de Correos sin informar a la Diputación.

Ante esta situación, la moción insta a Correos, al SEPI y al Gobierno a que adopte una serie de medidas para «garantizar la prestación del servicio postal público y su permanencia en la provincia de Salamanca», tales como reforzar la financiación (ahora insuficiente); incluir a Correos en los Fondos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia; actualizar y mantener las oficinas auxiliares (rurales) y la unidades de reparto en las zonas rurales, e incluso ampliarlas junto a los centros de tratamiento; así como garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios (ahora insuficientes); y asegurar la recepción de correspondencia al menos 5 días a la semana como establece la Directiva Postal Europea.

Puntos en los que todos los diputados estuvieron de acuerdo. Así, por ejemplo, el diputado no adscrito, José Francisco Bautista, recordó que hay municipios a los que ahora va el cartero cada dos días y a otros sólo una vez a la semana, cuando es un servicio básico, por lo que consideraba esencial que se reponga personal y se dé un mejor servicio.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, por su parte hizo hincapié en incrementar la financiación y aumentar los puestos de trabajo;mientras que el portavoz del PSOE, Fernando Rubio, recalcó que Correos es una empresa que vertebra el territorio y ayuda al mantenimiento de los pueblos. Y manifestó, que tras haber hablado con la empresa, habían obtenido «un compromiso para sacar más plazas y descentralizarlas».Y es que los socialistas también consideran que es «un servicio esencial para el presente y el futuro; y debe fomentarse y estar en situación de mejora continua».

Sin debate, cerró el turno de intervenciones el diputado popular José María Sánchez, quien recordó los derechos de los ciudadanos y el deterioro del servicio que existe. Y mostró su alegría porque todos estuvieran de acuerdo, por lo que se hará llegar al Gobierno la moción para que le dé un impulso.

Las otras dos propuestas presentadas por el Grupo Popular, una junto a Ciudadanos, también salieron adelante por unanimidad. Junto a Cs pedían al Gobierno que desista de cobrar peajes por circular por las autovías españolas, ya que si se sigue adelante con esta idea supondría un «perjuicio económico» para los salmantinos, un descenso del turismo en la provincia y un «importante detrimento de la seguridad en carretera».

Mientras que en solitario se presentaba otra moción en la que se insta al Gobierno a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA de 2017, dando así cumplimento a la ley. Junto a ello también se pide al Gobierno que «ponga en marcha el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones de euros y el fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones de euros y, por último, que permita a los ayuntamientos y diputaciones gestionar el 14,6% de los fondos de recuperación europeos», así como que presente «un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que aporte seguridad jurídica y una financiación adecuada a las entidades locales».

Propuesta que fue considerada por todos los grupos como positiva, ya que es el momento de conseguir «entre todos», afirmó el portavoz socialista, Fernando Rubio, que el dinero llegue a los municipios.