El personal de Topas pide inhibidores para protegerse del uso de móviles y los envíos con drones

El tráfico de móviles en la cárcel de Salamanca, donde se incauta un centenar de ellos al año, se abre paso en Topas ante la falta de inhibidores que permitan detectar su uso, que está prohibido en el interior, y abre la puerta a una nueva amenaza: los envíos de droga y teléfonos con drones. Así lo denuncian los representantes de los funcionarios, que ven como el uso generalizado de móviles incrementa la tensión dentro tras una semana en la que ha fallecido un preso conflictivo por un incendio que él mismo provocó con un mechero, según informa Salamancahoy.

El sindicato Acaip ha insistido en la necesidad de mejorar los medios técnológicos en la cárcel de Topas para frenar la entrada de móviles, prohibidos a los reclusos, y controlar la introducción de otros objetos y el tráfico de drogas. Para ello, y tras la muerte hace unos días de un recluso en un incendio que causó con un mechero, ha vuelto a reclamar más control a los teléfonos y aparatos electrónicos que cuelan los reclusos con la implantación de inhibidores en las prisiones que funcionen.

Según el sindicato, los últimos estaban adaptados a la tecnología 3G y es necesario inversión en adaptarlos a los avances tecnológicos. Una medida en la que Interior, que es consciente del creciente uso de drones para pasar droga, móviles y otros objetos a los presos desde el exterior, está dando algunos pasos con la instalación de aparatos en algunas cárceles en fase de pruebas.

Según fuentes de Acaip, estos inhibidores servirían de entrada para evitar el uso de teléfonos móviles en la cárcel salmantina, uno de los aparatos prohibidos en el catálogo de Instituciones Penitenciarias; a pesar de ello, en 2022 (último año con datos) se incautaron 101 de estos aparatos en la cárcel salmantina, la cifra más alta de Castilla y León.

La entrada de estos dispositivos en la cárcel tiene implicaciones, al margen de esta prohibida de forma general. Los teléfonos son un problema porque su uso afecta tanto a la seguridad interior como a la exterior ya que ocasiona problemas por el control de esos móviles dentro de la prisión y el negocio negro que genera dentro; su uso puede conseguir que se siga con la actividad delictiva en el exterior, algo que se sospecha ha ocurrido en la trama de drogas desactivada en la 'operación Heredis'.

Lo habitual es que se introduzcan pequeños móviles que sirven sólo para llamar, pero también se han detectado aparatos de última generación que grabación de vídeo y audio suponen un problema de seguridad de las instalaciones. Los beneficios de su control con inhibdores son importantes. Si no funcionan, se elimina su capacidad de uso por lo que desaparece el mercado que se ha generado para adquirirlos, las deudas y conflictos por su control y desaparece la posibilidad de continuidad delictiva.

Además de frenar la introducción de teléfonos móviles y su uso para mantener negocios delictivos en el esterior, desde Acaip indican que los inhibidores serían una medida preventiva para protegerse ante el aumento del uso de drones para introducir desde fuera objetos prohibidos al interior de las prisiones, como teléfonos y drogas.

Esta es una práctica cada vez más extendida y, según Instituciones Penintenciarias, empieza a estar generalizada. Por ahora, y según Acaip, no consta que haya ocurrido en Topas, pero sí se han conocido casos en Ceuta, Algeciras o Málaga, donde es un problema cada vez mayor. «Este tema preocupa por lo que puede suponer ya que desde un dron se puede introducir cualquier cosa», dicen desde el sindicato.

Desde hace dos años se ha advertido de la utilización de estos aparatos para intentar introducir sustancias u objetos a las cárceles. La Guardia Civil interceptó entre 2021 y 2022 un total de 22 drones que tenían como objetivo prisiones. Desde Instituciones se reconoió que la utilización de drones para intentar introducir sustancias u objetos en las cárceles, «un asunto que tiene carácter general».

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