El juez levanta las medidas cautelares a Borja por el caso Oikos

La decisión fue tomada el pasado viernes aunque no ha sido notificada hasta este martes al jugador, cuyo abogado Gustavo Mateos considera «buena noticia» que coincida en el tiempo con el levantamiento del secreto sobre la pieza número 12 del sumario en la que «no aparece el nombre de Borja en ningún momento».

Ante la decisión de liberar al gallego de las medidas de control que se le impusieron cuando quedó en libertad provisional tras declarar ante el juez después de dos días detenido y en virtud de que «no hay nada nuevo contra él ni nada que complemente lo que apareció en un principio» en la parte de la investigación que se conoce ahora, el letrado espera que «en las próximas semanas» el juez sobresea la causa sobre su defendido, al que estos seis meses sin pasaporte, obligado a comparecer cada quince días ante el juez y con prohibición de salir de España «le han impedido su desempeño profesional».

«Los investigadores han analizado las cuentas de Borja y las transferencias y no han encontrado nada. Él se merece que esto se aclare cuanto antes porque es una buena persona que no ha hecho nada», defiende Mateos, que pone de relevancia que el único investigado al que se le han retirado las medidas cautelares es Borja Fernández.

La parte del sumario que se mantenía en secreto hasta hoy afectaba a los 28 folios (del 233 al 261) que forman parte de la pieza número 12. En ella figura el volcado de los teléfonos encriptados de algunos de los investigados (ninguno de ellos propiedad de Borja Fernández) y según El País en esta parte -en la que se investigan los supuestos pagos que realizó el Huesca al Reus para que ganara al Real Valladolid en la penúltima jornada de la temporada 2016-2017 (como así sucedió en un choque que terminó 2-0)- los investigadores afirman que el conjunto altoaragonés abonó un total de 250.000 euros a los futbolistas del Reus y 20.000 más a Aritz López Garai, que hacía las veces de intermediario.

Ante la falta de liquidez del Huesca, las pesquisas apuntan a que las cantidades fueron aportadas por los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda (125.00 euros) y Jacobo Sanz (80.000), por el agente de futbolistas Rodrigo Fernández Lovelle (25.000), por el entonces presidente del Huesca, Agustín Lasaosa (10.000), y por el jefe de los servicios médicos del club oscense, Juan Carlos Galindo (10.000).

Ante ellos el Huesca contrajo una deuda de 375.000 euros que después supuestamente abonó a través de facturas falsas de Pryobra, que llevó a cabo obras en el estadio, y de Catering San Lorenzo, empresa encargada de dar de comer y de desayunar a los jugadores del primer equipo. Además, se considera que Íñigo López, nexo de unión de todos los acreedores del club en este caso, adelantó un pago de 140.000 euros, por lo que también se sumó a la lista de personas a las que el club les debía dinero.