La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó en marzo de este año una sentencia en la que desestimaba el recurso de casación interpuesto por una mujer, Laura M. M., contra un fallo de la Audiencia Provincial de Palencia del 25 de febrero de 2021 que desestimaba a su vez su recurso de apelación contra el fallo del Juzgado de lo Penal de Palencia del 23 de enero de 2020, que la condenaba a una pena de dos años de cárcel y a cinco de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un delito de sustracción de menores, en concreto de Alejandro, el hijo que tiene en común con su exmarido, Javier Avellaneda Martínez, y que tiene 14 años en la actualidad.
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«Ya está comunicado en el Juzgado de lo Penal de Palencia que tiene que ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, aunque estamos ya en septiembre y han sido incapaces de ejecutarla. A primeros de este mes he pedido ejecución de esa sentencia, a lo cual el Juzgado de lo Penal ni siquiera me ha contestado. El problema es la presunta prevaricación entre jueces de Palencia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en contra de la libertad de mi hijo. La legalidad no se está cumpliendo. Hay una mujer que no es una madre protectora sino sustractora, que no protege al niño sino que atenta contra él. Está condenada y, a fecha de hoy, en pleno siglo XXI, en Palencia capital, hay un niño secuestrado por su madre sin que jueces ni Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hagan nada por evitarlo. Un policía no puede mirar para otro lado mientras se está incumpliendo una sentencia firme o cometiendo un delito. Lo que procede, sin necesidad de orden judicial, es detener a esta mujer, ponerla a disposición del juez y que él decida si la mete o no en prisión, pero con antecedentes penales y una condena de dos años, lo lógico es que la metan en prisión provisional como mínimo», subraya Javier Avellaneda, que es delegado en Palencia y Segovia de la Asociación Nacional de Víctimas contra la Violencia Doméstica. «Quiero decirles a los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hagan su trabajo de una santa vez y que dejen de jugar con la vida y la libertad de mi hijo», agrega Javier Avellaneda, que lleva 2.461 días sin su hijo.
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Por sentencia de fecha 24 de febrero de 2014 del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Palencia, se acordó la disolución del matrimonio por divorcio de Laura M. M. y Javier Avellaneda, estableciéndose un régimen de custodia compartida respecto del hijo menor en común, que fue confirmada por la sentencia de la Audiencia de 4 de julio de 2014.
Laura M. M., disconforme con ese régimen, presentó demanda el 26 de enero de 2015 que dio lugar a los autos de modificación de medidas del mismo juzgado y en los cuales se dictó sentencia de 28 de septiembre de 2015, confirmada por la Audiencia en sentencia de 21 de marzo de 2016, que desestimó la demanda, manteniéndose el régimen de custodia compartida. Entretanto se resolvía lo anterior, Laura M. M. presentó nueva demanda el 19 de enero de 2016 que dio lugar a los autos de modificación de medidas del mismo juzgado y en los que se dictó sentencia de 29 de julio de 2016, que revocaba el régimen de custodia compartida. Recurrida en apelación, la sentencia fue revocada por la Audiencia en sentencia de 3 de mayo de 2017, que estableció nuevamente el régimen de custodia compartida.
Pese a lo dispuesto en la sentencia de la Audiencia de 3 de mayo de 2017, Laura M. M. no entregó, pese a conocer dicha sentencia, al menor al padre, por lo que Javier Avellaneda presentó demanda de ejecución el 25 de septiembre de 2017 que dio lugar a un procedimiento de ejecución provisional ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Palencia en el que se dictó un auto por el que se requería a Laura M. M. para que, en el plazo de 14 días, procediera a ejecutar la sentencia, si bien no procedió a entregar al menor de manera consciente y voluntaria.
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La Audiencia Provincial de Palencia dictó en febrero de 2021 un fallo que desestimaba a su vez el recurso de apelación de Laura M. M. contra el fallo del Juzgado de lo Penal de Palencia de fecha 23 de enero de 2020 que la condenaba a una pena de dos años de cárcel y a cinco de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad. Finalmente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó en marzo de este año una sentencia en la que desestimaba el recurso de casación de Laura M. M. contra el fallo de la Audiencia de Palencia.
Además, está pendiente en el Tribunal Supremo otro recurso de casación presentado por Laura M. M. contra el fallo de la Audiencia de enero de 2022 que desestimaba su recurso de apelación contra la sentencia dictada el 6 de mayo de 2021 por el Juzgado de lo Penal de Palencia, que la condenaba a una pena de dos años de cárcel y a cuatro de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un delito de sustracción de menores.
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