De la demanda por la iglesia de San Francisco de Palencia a la indemnización récord de la Zarza

«Las inmatriculaciones se han producido al amparo de una situación legal, otra cosa es que, a lo largo de los años, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el Gobierno de Aznar», declaró el martes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Calvo señaló que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por «vía administrativa», para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente, o por «la vía de los tribunales».

En Palencia, bien la Diócesis, bien la parroquia o congregación propietaria, se han visto inmersas en procedimientos judiciales con al menos cinco de estos bienes: la iglesia de Santa María de Mave; el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, en Ribas de Campos; la iglesia de San Miguel de Frechilla; la ermita de Congosto de Valdavia, y la iglesia de San Francisco de la capital palentina. «Ha habido otros dos más que ahora no recuerdo, pero en todos los casos menos en el de la iglesia de San Francisco, que todavía estamos pendientes del asunto, los tribunales han dado la razón a la Diócesis, la parroquia o a la congregación. Han dicho que están inscritos al amparo de la ley», afirma Trinidad Infante, abogado de la Diócesis de Palencia, que hace hincapié en que el hecho de que haya tantos bienes inmatriculados por la Iglesia desde el año 1998 con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar se debe a que «la Iglesia nunca pensó antes que ello se iba a discutir».

«Con la iglesia de San Francisco de Palencia se planteó un expediente de dominio porque la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria modifica el artículo 206. A ese expediente se opusieron IU de Castilla y León, IU de Palencia y varios particulares afines a estos grupos políticos. El expediente se archivó y tuvimos que ir a un procedimiento ordinario en el que se demandó a los que se habían opuesto. En el supuesto de que no se opongan, pido que no se les impongan las costas, que podrían ser desorbitadas, pero sí lo hacen, pido que se les condene», señala Trinidad Infante, abogado de la Diócesis de Palencia, en relación al proceso judicial abierto por el templo de San Francisco de la capital palentina, en el que IU pide a las administraciones públicas que se personen y defiendan la propiedad pública del templo.

«El asunto está pendiente de que se emplace a algunos de los demandados a declarar», incide Trinidad Infante, que recuerda cómo se resolvió el litigio con la Sociedad Anónima del Ucieza en el caso del monasterio de Santa Cruz de la Zarza en Ribas de Campos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó en el mes de diciembre de 2016 al Estado español a una indemnización récord de 615.600 euros por no haber protegido el derecho a la propiedad de la Sociedad Anónima del Ucieza en su litigio con la Diócesis de Palencia por la propiedad del monasterio.

Esta empresa compró en 1979 una finca de regadío en la que había unos bienes religiosos, una iglesia, una sacristía y una sala capitular que formaron parte de un antiguo monasterio de la orden Premostratense, vendidos en el siglo XIX tras la desamortización. En 1994, el Obispado de Palencia los inscribió como propios en el registro, lo que provocó el inicio del litigio en 1996. «El Estado pagó la nula gestión de su abogado en defensa de sus intereses», afirma Infante.