Aumentan las quejas al Procurador del Común, al que se dirigen más desde el ámbito rural

El informe, un extenso documento de más de 600 páginas, sirve para hacer una radiografía de las preocupaciones de los ciudadanos de Castilla y León, que recurren al alto comisionado de las Cortes para reclamar que se protejan y defiendan sus derechos.

El de 2024, recoge 1.918 quejas presentadas en las nueve provincias de Castilla y León, un 8% más que en 2023. A ellas se sumaron 144 actuaciones de oficio, iniciadas por la institución, lo que derivó en la emisión de 1.693 resoluciones, de las que 198 se archivaron al no apreciarse irregularidades mientras que en el resto (1.495) se emitieron las correspondientes recomendaciones, sugerencias o recordatorios a la administración competente.

En Palencia también aumentaron las reclamaciones con respecto al año anterior. En total se presentaron 135 reclamaciones, un 8,8% más que en 2023 (124 quejas). Una tendencia al alza que, al igual que en el contexto autonómico, refleja una mayor preocupación ciudadana por la gestión de los servicios públicos, especialmente en el ámbito de la administración local y el medio ambiente con quejas relacionadas generalmente con la prestación de servicios básicos como el suministro de agua, la recogida de basuras, el alcantarillado, alumbrado o acerado, que además se multiplican en los municipios pequeños.

Las cifras del informe sitúan a la provincia como la sexta en volumen de quejas dentro de Castilla y León, con un 7,04% del total autonómico, con León y Valladolid a la cabeza con 398 y 323 quejas presentadas, y Ávila y Soria a la cola con 89 y 80 quejas respectivamente.

Además del incremento de reclamaciones que refleja la confianza de los ciudadanos en la institución, Quintana destacó durante la presentación del informe el grado de aceptación de las resoluciones emitidas, que se mantiene en cifras similares a años anteriores, con un 89% de las resoluciones aceptadas. «Estamos satisfechos de que nuestras resoluciones sean aceptadas, porque detrás de cada aceptación hay un problema que se resuelve», sostuvo el procurador del común.

Ya en el ámbito provincial, el informe destaca que la mayoría de las quejas en Palencia están relacionadas con la administración local, que concentra el mayor número, con 84 expedientes abiertos (62,22%). Le sigue la autonómica, con 41 reclamaciones (30,37%), mientras que la administración central solo acumula 7 casos (5,19%). Este dato subraya el malestar de los ciudadanos con la gestión municipal en cuestiones como urbanismo, servicios públicos y transparencia administrativa.

Por ejemplo, en 2024 hubo 19 quejas relacionadas con el medioambiente (14,07%) y problemas como la gestión de residuos, la contaminación y la protección de espacios naturales han sido motivos recurrentes de preocupación entre los palentinos. Destaca el caso de una queja colectiva presentada por más de 30 vecinos de Venta de Baños, quienes denunciaron la proliferación de vertidos ilegales en un paraje natural.

También los problemas de abastecimiento de agua potable o la contaminación del agua de consumo por nitratos figura entre las reclamaciones de los palentinos, aunque no en la misma proporción de otras provincias como Burgos, Valladolid, Segovia o Soria, donde este problema se llevó el grueso de las actuaciones iniciadas de oficio por la institución.

En la provincia de Palencia solo tres municipios tuvieron este problema el año pasado según el informe del procurador, Bustillo de la Vega, Herrera de Pisuerga y Cobos de Cerrato. Y a los tres ayuntamientos se dirigió la oficina del procurador para solicitar que adoptaran las medidas necesarias para solucionar la situación. «Hemos intervenido para que el municipio corrija la situación por sus propios medios si es posible y en los casos en los que no tienen medios para hacerlo, porque haya que hacer un nuevo depósito o mejorar la captación de agua, les recomendamos que acudan a las convocatorias de las Diputaciones provinciales para obtener fondos y ayuda técnica para abordar este problema», sostuvo Tomás Quintana.

También en relación con el agua, la oficina del Procurador del Común se ha dirigido a todos los municipios de más de 5.000 habitantes y a las diputaciones provinciales, para que afronten el control del consumo de agua. «Tenemos conocimiento de que los municipios grandes y medianos no hacen un control del consumo de agua en la prestación de sus propios servicios, como puede ser en la limpieza de las calles», señaló Tomás Quintana. «Ese uso del agua también se debe controlar», añadió.

Además su oficina ha tenido conocimiento también de que hay numerosas fugas en los sistemas de abastecimiento de agua que no se controlan y que hace que se pierda mucha agua. Por ello también se han dirigido a los municipios de más de 5.000 habitantes para que hagan un control de sus redes de abastecimiento y si detectan fugas que las subsanen. En este caso también han solicitado a la Diputación que colabore con los municipios que lo necesiten en el control de las fugas estructurales en los abastecimientos de agua potable.

Precisamente, consta en el informe la queja de varios vecinos de Guardo que denunciaron la falta de mantenimiento en las redes de abastecimiento de agua potable, lo que provocaba continuos cortes en el suministro y pedían que se tomaran medidas para solucionar el problema de manera definitiva.

Otras quejas recibidas en la oficina del procurador están relacionadas con el empleo público, con 12 denuncias (8,89%), principalmente por procesos de selección y contratación de personal, o procesos de estabilización laboral en la administración pública en los que se alega falta de transparencia y ausencia de criterios claros en la valoración de méritos.

Un sector donde se repiten las reclamaciones es la Sanidad. Tomás Quintana reconoció que las listas de espera siguen preocupando a los ciudadanos tanto en Atención Primaria, como en especialidades y atención hospitalaria, al igual que la falta de especialistas. Por ejemplo el informe recoge una queja sobre esta carencia en el hospital Río Carrión de Palencia, lo que ha provocado demoras de varios meses en la atención a pacientes con patologías crónicas.

Entre los datos más llamativos del informe está la diferencia en la procedencia de las quejas dentro de la provincia. De las 135 reclamaciones presentadas, solo 40 provienen de la capital, mientras que 95 fueron registradas desde la provincia. Este dato refuerza la percepción de que los problemas de acceso a servicios, la gestión de infraestructuras y la calidad de los servicios públicos afectan de manera más intensa a los pueblos y zonas rurales.

De hecho tanto en las quejas recibidas por la oficina del procurador como en las actuaciones iniciadas de oficio por la institución, se advierte una preocupación mayor en los municipios más pequeños por la prestación de servicios básicos (suministro de agua, la recogida de basuras, el alcantarillado, alumbrado o acerado). Precisamente la mayor concentración de quejas en municipios rurales también pone de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad de los servicios en las zonas menos pobladas.

El informe refleja también cómo la participación ciudadana a través del Procurador del Común sigue siendo una vía clave para la defensa de los derechos y la mejora de la gestión pública. La mayoría de las quejas (88,15%) han sido presentadas de manera individual, mientras que un 8,15% fueron interpuestas por colectivos y un 3,70% por varios firmantes.

Entre las quejas múltiples presentadas en la provincia, destaca una promovida por 101 personas en relación con la solicitud de medidas de reducción de velocidad en la antigua carretera N-611, Palencia-Santander, a su paso por Marcilla de Campos. Los vecinos denunciaron la peligrosidad del tramo y la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes para tomar medidas que mejoren la seguridad vial.