El impulso de actuaciones de oficio para mejorar la gestión pública

Uno de los focos ha sido el cumplimiento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022. El Procurador ha recordado a todos los municipios la obligación de realizar un inventario de edificaciones con amianto, paso previo a su retirada progresiva. «Habíamos apreciado un retraso considerable en la obligación de hacer el inventario, por lo que hemos instado a los ayuntamientos a cumplir con esta normativa», señaló Tomás Quintana.

Otro de los temas de preocupación ha sido la proliferación de garrapatas en terrenos en mal estado, que pueden transmitir enfermedades graves. El Procurador ha instado a los municipios a exigir a los propietarios de solares y edificios en malas condiciones, públicos o privados, su limpieza y mantenimiento, incluidas zonas periurbanas y parques públicos, especialmente en un año con abundantes lluvias que podrían favorecer la proliferación de estos ácaros.

En materia de accesibilidad, el Procurador se ha dirigido a todos los municipios con transporte público para que insten a las empresas concesionarias a revisar las rampas de elevación en los autobuses urbanos. Además, ha solicitado que se bonifique o se implante la gratuidad para los acompañantes de personas con discapacidad, una medida aún inexistente en la mayoría de localidades.

En el ámbito de la inclusión infantil, se ha pedido a los municipios con más de 5.000 habitantes que adapten sus campamentos de verano para garantizar la participación de niños con discapacidad, promoviendo su acceso a estas actividades en igualdad de condiciones. También se ha solicitado la ampliación de los reconocimientos médicos para deportistas en edad escolar y que esta revisión no se limite a los federados, sino que se extienda a todos los jóvenes que practiquen deporte de forma habitual. Otro de los ámbitos abordados ha sido la seguridad vial en las inmediaciones de los colegios. Se ha instado a los municipios de más de 20.000 habitantes a implantar sistemas como «Kids and Go» o «Kids and Ride», que regulan la entrada y salida de escolares para evitar aglomeraciones de vehículos y mejorar la seguridad.

También se han abordado cuestiones fiscales, como el Impuesto de Plusvalía, que afecta a 212 municipios de la Comunidad. El Procurador ha pedido a las administraciones locales que informen mejor a los contribuyentes sobre las opciones de liquidación del impuesto para que puedan elegir la más beneficiosa según la normativa vigente.

En materia cultural, se ha solicitado a la administración autonómica la protección de los elementos asociados al Canal de Castilla, muchos de los cuales se encuentran en estado de deterioro. Se ha instado a su titular a conservar esclusas, antiguas fábricas y otras infraestructuras históricas, incluyendo cuadras en ruinas que deben ser demolidas o restauradas conforme a la normativa de Bien de Interés Cultural (BIC).

Asimismo, se ha abordado la conservación de los silos de almacenamiento de cereales, en su mayoría en desuso y en proceso de degradación. Se ha solicitado a la administración autonómica que valore su estado y declare BIC aquellos que lo merezcan, promoviendo su reutilización para uso público o privado, como ya se ha hecho en Pancorbo (Burgos), donde un silo ha sido adquirido por una empresa para el almacenamiento de grano.

En el ámbito energético, el Procurador ha instado a la Consejería de Medio Ambiente a implantar progresivamente sistemas de inteligencia artificial en parques eólicos para prevenir el impacto de los aerogeneradores sobre aves y murciélagos. Este sistema, ya en uso en otros países, detiene las palas cuando un animal se acerca, minimizando el riesgo para la fauna.

Por otro lado, en agricultura, se ha intervenido ante la demora en la tramitación de expedientes para la incorporación de jóvenes al sector y en los pagos para la modernización de explotaciones, que podrían comprometer la viabilidad de algunas de ellas. Se ha solicitado a la Consejería de Agricultura que acelere estos procesos.

En general, las actuaciones de oficio del Procurador del Común han aumentado significativamente en 2024, reflejando la necesidad de intervención en múltiples áreas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos.