Vivienda

El 63% de los bloques de pisos no tiene una entrada accesible desde la calle

La normativa vigente determina que los espacios y edificaciones existentes, susceptibles de ajustes razonables, tendrían que haberse adecuado a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad antes del día 4 de diciembre de 2017 (texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social). «Sin embargo, han pasado seis años desde la fecha establecida y ni siquiera la mitad del parque edificado ha cumplido el objetivo. La normativa y su estricta aplicación deben jugar un papel fundamental para avanzar significativamente en materia de accesibilidad», asegura Rafael Luna, vocal de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE).

En 2010 se incorporaron al Código Técnico de la Edificación (CTE) las condiciones de accesibilidad, por lo que todos los edificios construidos antes de esa fecha –la inmensa mayoría– son susceptibles de no cumplir con la normativa actual. Las barreras arquitectónicas en edificios existentes convierten, en muchos casos, las viviendas en auténticas trampas. Según datos de la Fundación Mutua de Propietarios, 100.000 personas en España no pueden salir a la calle por no ser accesibles los inmuebles donde viven y el 22% de las personas con movilidad reducida ha tenido que cambiar de vivienda por este mismo motivo.

Ante esta situación y con el objetivo de mejorar la accesibilidad del parque edificado, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha acordado la creación de una Comisión de Accesibilidad que trabajará en diversos ámbitos para mejorar el estado del parque edificado en esta materia. «En los últimos años se han dado pasos importantes para avanzar en materia de la accesibilidad de nuestros edificios», afirma Rafael Luna, que es también coordinador de la nueva Comisión de Accesibilidad. «Sin embargo, todavía estamos muy lejos del objetivo de proporcionar una accesibilidad universal que garantice a todas las personas su derecho fundamental de vivir de forma independiente», asegura.

En los edificios españoles, las principales barreras son la aparición de peldaños en los accesos a establecimientos o portales residenciales, la dificultad en la deambulación en el interior de los locales por la existencia de espacios de reducidas dimensiones, la ausencia de servicios higiénicos accesibles o la inexistencia de ascensor entre plantas. Pero para Rafael Luna, «además de los problemas de accesibilidad a los edificios, con adecuación de rampas y ascensores como actuaciones más relevantes, no podemos olvidar los problemas en el interior de las viviendas que no están adecuadas funcionalmente para personas con discapacidad».

Una cuestión económica

La Comisión de Accesibilidad del CGATE cree que, en la mayoría de casos, la cuestión económica y la falta de acuerdo entre vecinos son las causas de que no se lleven a cabo las obras necesarias para adecuar los edificios a las condiciones de accesibilidad universal. En muchos casos, estas obras tienen un coste bastante elevado, dado que hay que instalar o sustituir ascensores y, frecuentemente, las intervenciones afectan a elementos estructurales (aunque de forma parcial).

Si la finca cuenta con un ascensor, pero es necesaria la bajada a cota cero para que sea accesible (eliminación de peldaños y actuación en puerta de acceso al portal) la inversión puede oscilar entre los 10.000 y los 40.000 euros. En edificios que necesitan la ejecución e instalación de un ascensor nuevo, las cifras pueden superar en muchos casos los 120.000 euros de presupuesto de ejecución por contrata.

«Cuando una comunidad está formada por un número pequeño de propietarios y con medios económicos limitados, es muy complicado afrontar este tipo de actuaciones, lo que se traduce en que se interviene de forma li