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He leído con gran atención, y más de una vez, la solicitud de apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial que la Fiscalía contra ... la Corrupción y la Criminalidad Organizada remitió el pasado 20 de septiembre al juzgado de instrucción número cuatro de Valladolid en relación con la trama de los parques eólicos. El Norte de Castilla publicó en primicia su contenido el pasado jueves. Era obligada, me refiero a la atención, porque las diligencias previas con número 658 de 2017 son harto complejas, implican a muchas personas y sociedades, y explican con obsesivo detalle actividades de tipo administrativo, empresarial y financiero a las que un profano en la materia, como es mi caso, no está acostumbrado. Solo las cifras económicas ya marean. Se ven afectados directamente empresarios y funcionarios, hasta 16. Pero sobre todo aquel que Fiscalía considera el ideólogo y máximo responsable de lo sucedido, quien durante muchos años fue viceconsejero y alto cargo de la Junta de Castilla y León en varias consejerías, Rafael Delgado. Contra él se justifican acusaciones de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, extorsión, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Un completo, como quien dice, por el que se solicitan 42 años de prisión y una multa multimillonaria.
He manejado muchos informes de fiscales o de instrucción judicial en mi vida profesional. Y he escuchado, por teléfono o en persona, durante horas en bastantes ocasiones, a inculpados en presuntos delitos que no entendían su implicación y trataban de armar una versión alternativa que les apartaba del caso y les convertía en inocentes. Les suelen atribuir a los fiscales, a los guardias y policías especializados, una inventiva que ni Walt Disney. Además de impericia y mala fe. Pero lo cierto es que, por lo general, jueces, agentes y fiscales acostumbran a hacer bien su trabajo, de manera honrada y rigurosa, sin ánimo de participar en operaciones orquestadas ni conspiraciones contra nadie. Por eso creo que, al margen de lo que suceda al final, es posible, pero muy poco probable, que ninguno de los acusados en la trama de las eólicas acabe con el tiempo ingresando en prisión. Las pruebas cantan. Queda lejos un fallo en firme, pero llegará. Porque en Justicia, una vez abierto un procedimiento, debe cerrarse o resolverse con una sentencia. Tarde lo que tarde.
Hasta ese día, seguiremos ahondando en las responsabilidades políticas. El propio Juan Vicente Herrera, presidente del gobierno autonómico que amparaba a Delgado, ya pidió «perdón por anticipado» cuando hace cuatro años arrancó la investigación. Pero entonces el líder de los populares jugaba con ventaja porque no conocíamos el relato de lo ocurrido como hemos podido leerlo ahora en el informe de Fiscalía. El PSOE señalaba el viernes al presidente, Alfonso F. Mañueco, y al consejero de Economía, Carlos F. Carriedo, para que ofrezcan explicaciones. A la luz del escrito de Anticorrupción, me parece gratuito. O cuando menos secundario. Pero comprendería que se le pidieran al expresidente Herrera. No me cabe en la cabeza que ante el impacto económico, estratégico y hasta paisajístico derivado de la instalación de decenas de parques eólicos, gestionados por tanta gente, con unos procedimientos de enriquecimiento tan simples, en un contexto propicio como el que desencadenó la regulación de las renovables y sus primas económicas, con la inexplicable dilatación de plazos que se produjo en muchos casos, Herrera no se enterara de nada. En condiciones normales, debería haber estado pendiente de la concesión o licencia de cada molino que se levantara en territorio de la comunidad. Es increíble que no le llegara ningún rumor, ninguna sospecha, ninguna pista, ninguna anomalía... Si a un presidente le cuelan un pufo como este, una de dos: o lo consintió o no estaba en condiciones de presidir la Junta.
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