La tragedia de nuestros mayores

El mismo jueves conocíamos que el Procurador del Común ya gestiona el primer expediente relacionado con una queja por la atención a una paciente en Salamanca, fallecida, que no fue ingresada en el hospital procedente de una residencia. Lo sucedido con nuestros mayores es la dolorosa evidencia de que nuestro sistema sanitario colapsó estrepitosamente. Y que el colapso lo pagó la parte más débil del sistema. Asombra leer y escuchar cómo políticos y administraciones se acusan mutuamente de ser los responsables de lo sucedido. Pero no ha sido el color político de la dirigencia de cada territorio lo que ha determinado que se hiciese bien o mal. Tampoco el país, pues se trata de un hecho sucedido en todos de manera parecida. Por ceñirnos al nuestro, nadie se ha preocupado especialmente por este colectivo hasta que ha sido demasiado tarde. Se cargan mucho las tintas contra la Comunidad de Madrid, señalada por rechazar el ingreso de mayores en sus hospitales en determinados momentos, pero la culpa ha sido de todos. Primero, incluso, de nuestra propia indolencia como sociedad. Así, por ejemplo, el Real Decreto del 14 de marzo por el que se declaraba el estado de alarma no hace mención alguna a este colectivo especialmente sensible. Como si nadie en el Gobierno supiese cuál era la población más vulnerable al virus ni cuáles son sus condiciones de vida en nuestro país. De repente aparecieron decenas de miles de ancianos en residencias…

El 19 de marzo se publicó una orden de Sanidad, tres folios, de medidas relacionadas con residencias de personas mayores y centros sociosanitarios. Pero todo el texto se centra en la atención sanitaria en los propios centros, en sus condiciones de vida en las instalaciones y en las de los empleados. Ni línea de cómo debía asegurarse la derivación hospitalaria. Quizás por entonces ya se sabía que no iba a poder garantizarse. Días después se facultó incluso a las administraciones autonómicas a intervenir las residencias. Nada de ello evitó que, por desgracia, decenas de pacientes de avanzada edad fueran abandonados a su suerte. Sin un itinerario asistencial específico, debían competir por unos recursos sanitarios públicos ya superados y enfrentarse a una avalancha de personas infectadas que, en una situación de 'medicina de catástrofe', tenían prioridad por delante de ellos. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias publicaba en marzo un informe muy esclarecedor. Conviene que quien desee opinar de todo esto, antes lo lea. En él se detallan las razones verdaderas, y crudas, por las que cientos de pacientes de cierta edad no pudieron acceder a respiradores y camas de UCI: «Es imprescindible establecer un triaje al ingreso, basado en privilegiar la 'mayor esperanza de vida', y unos criterios de ingreso claros y de descarga de la UCI, basados en un principio de proporcionalidad y de justicia distributiva, para maximizar el beneficio del mayor número posible de personas».

Los médicos, que en estos meses no han hecho más que aplicar los protocolos y métodos que aplican a diario, solo que en condiciones mucho peores y con grave riesgo para sus propias vidas y las de sus familias, actuaron en beneficio del interés general: «En la asignación de recursos durante la toma de decisiones, se deben aplicar criterios de idoneidad y tener en cuenta factores como, por ejemplo, la edad, la comorbilidad, la gravedad de la enfermedad, el compromiso de otros órganos y la reversibilidad». Ahora lo que queda es reconocer lo que ha pasado, analizarlo y, sobre todo, prever qué haremos si, como se teme, dentro de unos meses rebrota la epidemia. Cinta Pascual, presidenta de la CEAPs, la patronal de las residencias, declaraba el 5 de junio en el Congreso que si algo así se repitiese no cree que la sociedad pudiera tolerarlo. Llámenme pesimista, pero tengo mis dudas.