Los 2.587 muertos invisibles de las residencias de Castilla y León

El 27 de febrero, Sacyl confirmaba los dos primeros casos de coronavirus en Castilla y León, un italiano de 18 años en Segovia y un ingeniero iraní de 32 en Boecillo (Valladolid). No se sabe con certeza quién fue la primera persona en contagiarse de covid en una residencia, aunque la primera en publicarse fue el 12 de marzo, el mismo día que el presidente Pedro Sánchez anunciaba el estado de alarma. Era una mujer de 98 años que falleció en un geriátrico de Sanchonuño (Segovia).

Pero no hay un residente 'cero', entre otras cosas, porque los test oficiales realizados por Sacyl para corroborar los contagios no empezaron a hacerse hasta abril, cuando la pandemia ya había entrado a degüello en los centros, como en los de la Diputación de Valladolid, Cardenal Marcelo y Doctor Villacián. En estos geriátricos, los primeros test del 7 de abril revelaron que el 88% de sus casi 200 residentes dieron positivo. Contabilizaron 22 muertos hasta mayo, cuando la situación empezó a estabilizarse.

Mucho antes, el foco mediático de la pandemia se puso en Los Royales de Soria y en la residencia asistida de Segovia, con 37 defunciones en abril. En Valladolid, la Casa de la Beneficencia fue la primera en lanzar un SOS, a mediados de marzo, desbordada, con prácticamente todos los residentes contagiados y casi todo su personal de baja. Suma 43 fallecidos. Ambos casos están siendo investigados.

Son, en total, 2.587 los usuarios fallecidos por o con síntomas compatibles con la enfermedad que vivían en 266 residencias de la comunidad. ¿Cuántos pueblos de Castilla y León tienen ese número de habitantes? Es como si en tres meses todos los habitantes del municipio abulense de La Adrada hubieran desaparecido del mapa, en silencio y por la puerta de atrás.

Estas son las últimas cifras de la Consejería de Familia, que, desde el 14 de marzo, decidió empezar a hacer una estadística, que la consejera Isabel Blanco definió como «fotografía diaria y cambiante», de lo que ocurría en las residencias, hasta entonces, verdaderos arcanos parapetados en sus reinos de taifas. Pero, posiblemente sean más porque, al inicio de la pandemia, como indicaron fuentes funerarias, en los certificados de defunción de los residentes, casi siempre aquejados de pluripatologías, no se ponía como causa posible de la muerte el covid-19, sino que se utilizaban eufemismos del tipo «infección respiratoria». Tampoco cuadran los datos de Familia con los de la Consejería de Sanidad –que solo contabiliza a los fallecidos en hospitales (únicamente 863 ancianos procedentes de residencias) y además cambió el sistema de conteo en mayo–. Ni la Junta coincide con el cómputo realizado en los Registros Civiles, que dispara al alza las cifras generales de defunciones. Este baile de datos ha contribuido sobremanera a esconder a los muertos de las residencias bajo una intrincada alfombra de estadísticas.

La realidad es que las autoridades tardaron en fijarse en ellas para tratar de evitar y contener el contagio entre sus muros, aunque algunos directores avisaron a Servicios Sociales de que estos centros eran bombas de relojería por albergar a los más débiles y vulnerables, los ancianos y discapacitados, tener en exceso ajustadas las plantillas, muchos sin equipos de protección individual, con las antiguas enfermerías desmanteladas y sin apenas personal sanitario. El 4 de abril, los muertos de residencias atribuidos al virus ya eran más de 1.300.

Tardaron en reaccionar, aunque ya el 3 de marzo, la directora de Salud Pública, Carmen Pacheco, corroboraba a El Norte de Castilla la rapidez de contagio, «dos o tres por cada caso», y ya advertía sobre los riesgos para la plantilla sanitaria: «No nos podemos permitir ni una sola baja porque no tenemos profesionales en la reserva». Comentó que, ya en ese momento, los sanitarios les demandaban con insistencia equipos de protección «de mayor seguridad» para hacer frente a una enfermedad que todavía muchos comparaban con una gripe.

Pero de las residencias y centros asistenciales, que arrancaron el año con 49.906 mayores y otras personas con discapacidades bajo su responsabilidad –ahora hay 42.483 repartidas por un millar de centros–, no comenzó a hablarse hasta nueve días más tarde, el 6 de marzo. La Consejería de Familia puso expendedores de soluciones hidroalcohólicas y carteles informativos para que se extremara la higiene de manos. Un centro de Palencia que el viernes 7 de marzo solicitaba por escrito a la Junta restringir las visitas, recibió respuesta telefónica el lunes 9 en la que se les indicó que no se podía tomar tal medida. Como mucho, «recomendar» a los familiares que las espaciaran. Para entonces ya habían salido a la luz los dos primeros muertos en residencias de mayores de la Paz y Valdemoro, en Madrid, y los contagios seguían en aumento.

En Castilla y León, con 687 residencias de mayores (120 en Valladolid) y unos 200 centros de día, la reacción de los equipos directivos de estos establecimientos (el 80%, de gestión privada, aunque con plazas concertadas y muchos edificios financiados o cedidos por ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta, que es la Administración competente también sobre las privadas), sin directrices contundentes sobre cómo hacer frente al coronavirus, fue tan dispar como los criterios de esos propios equipos. Algunos centros precavidos, como uno de Zaratán, sufrieron incluso la incomprensión de familiares cuando decidieron cerrar sus puertas a las visitas «incluso antes del 8-M» para proteger a los ancianos. Otros, como en DomusVi de Arroyo que, según sostienen fuentes de los familiares, ha tenido más de 70 defunciones, o Parquesol (con 10 muertos, según la Junta, y 20, según el Sindicato de Técnicos de Enfermería) esperaron a que llegaran «los protocolos» y cuando llegaron se interpretaron en algunos centros de manera laxa. Lo denunciaron por activa y por pasiva los trabajadores de esta residencia de la Junta, donde algún interno cuya esposa había fallecido de covid seguía jugando a las cartas con sus compañeros, los residentes con y sin síntomas paseaban por los espacios comunes, comían juntos en el comedor y bebían de la fuente comunitaria «casi hasta anteayer». A este geriátrico vallisoletano se trasladó a una decena de ancianos procedentes de la primera de las seis residencias intervenidas por la Administración autonómica, Valle del Cuco, en Adrada de Haza (Burgos), el 26 de marzo. Esta fue la gota que colmó el vaso de buena parte del personal que se definía agotado, sin EPI eficaces y con cuentagotas, sin que se hubiera hecho test ni a residentes ni a la plantilla y desesperado porque, hasta más de un mes despues de entrar la enfermedad en el recinto, no se realizó una verdadera reorganización de los espacios para separar a los covid de los no covid.

El 10 de marzo fue cuando llegaron las primeras instrucciones del Ministerio de Sanidad y después de ellas empezaron a llover los decretos. La normativa del Gobierno central y la de la Junta se fueron solapando e improvisando las medidas sobre la marcha, algunas de ellas tan controvertidas, como el documento que está estudiando la Fiscalía Superior de Castilla y León en el que se indica que se mantenga a los ancianos contagiados de covid en sus habitaciones y se les asista en las propias residencias, evitando los traslados al hospital. Se justifica, por parte de la Junta, que esa instrucción se realizó «por el bien de los mayores», para que «no se trastornaran» en los centros hospitalarios. El otro argumento que esgrime la consejera de Sanidad, Verónica Casado, es que había equipos covid residencias que les proporcionaban los mismos cuidados que en si estuvieran hospitalizados.

Familiares y personal de residencias sostienen en sus denuncias que esos equipos ni siquiera estaban creados cuando se remitió la instrucción de Servicios Sociales y Sacyl a los geriátricos y en muchos casos, brillaron por su ausencia, como refiere personal de un centro de Salamanca.

Otra denuncia recurrente es que los EPI, hasta los más básicos, han brillado por su ausencia y escaseado hasta bien entrado abril. Las donaciones de particulares y empresas han sido decisivas para ir saliendo del paso y no solo en las pequeñas residencias del medio rural. Sin protección y trabajando con síntomas, el coronavirus estaba servido.

No ha sido hasta esta segunda semana de junio cuando no se han registrado muertes por coronavirus en estos centros. Ahora que el duelo contenido por el confinamiento y el miedo comienza a visualizarse, más de un centenar de familiares se están organizando como asociación para plantear una denuncia común que levante el velo sobre lo que les ocurrió a sus seres queridos, mientras los fiscales ya estudian una veintena de denuncias.