Las denuncias por ocupación ilegal de viviendas se han incrementado en España más de un 40% en los últimos cuatro años. Un informe elaborado por el Instituto Cerdá cifra ya en más de 200.000 los propietarios afectados. Sirvan estos dos datos para reflejar ... una realidad que no cesa al amparo de una ley insuficiente, que no solo no ha logrado frenar esta situación, sino que otorga una sensación de impunidad a quienes desafían una y otra vez a las autoridades y a la Justicia.
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Lo ocurrido el pasado miércoles en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, cuando varios vecinos decidieron tomarse la justicia por su cuenta tras una agresión protagonizada por los okupas días atrás, representa un buena muestra de que las costuras del marco regulatorio actual ya no dan más de sí. Y ya se sabe que, cuando la ley no es eficaz, siempre hay voluntarios para dictar sentencias rápidas. «Muy bien hecho, ole sus huevos» o «lo extraño de la noticia es que no ocurra más a menudo según están las cosas en el país», son solo dos de los comentarios en la información publicada por El Norte que daba cuenta de los hechos.
El caldo de cultivo es el que es y nuestros representantes políticos pueden seguir dictando normas tibias, con escandalosas rendijas que las mafias aprovechan una y otra vez, o ponerse de acuerdo y acabar con las trampas y el conflicto. El hecho de endurecer la ley y agilizar a la mínima expresión los plazos para el desalojo sólo debe preocupar a quienes consideran banal eso de respetar la propiedad privada… mientras no sea la suya.
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