Tirar los muebles por la ventana

Imagínense lectores, un consejero de Movilidad que desconociera las 4 principales carreteras sobre las que tiene responsabilidad y competencias, o quizá, un consejero de Economía que desconociera la Ley de Presupuestos, o quizá, una directora general de Salud Pública que dijera que la pandemia no fue algo tan grave.

Pues algo similar es lo que presenciamos en el último Pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León, cuando el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ante el requerimiento de Vox de pedirle responsabilidades por los atentados que el patrimonio arqueológico de Castilla y León ha sufrido en los últimos meses se justificó diciendo literalmente que: «No se puede pedir que una persona abra la ventana de su casa y tire los muebles por la ventana» para añadir a continuación «Un propietario ha actuado contra sus bienes; que son de todos».

El 29 de marzo de 2023, conocíamos la noticia de que máquinas retroexcavadoras habían arrasado un kilómetro y medio de una de las calzadas romanas mejor conservadas de la Península Ibérica, la calzada romana de Castrocalbón en León, dos mil años de antigüedad. Un referente arqueológico perfecto de la estructura de una calzada romana.

15 de enero de 2024. Apenas un año después, la zona arqueológica de Pintia, en Padilla de Duero (Valladolid), sufría un atentado irreparable. Un tractor destruía 200 metros lineales de uno de los mayores y mejores referentes de las culturas prerromanas del Valle del Duero. El yacimiento vacceo de Pintia, en el que tuve el honor de participar como arqueólogo en prácticas durante algunas campañas de verano, quedaba mutilado para siempre.

Hace tan solo unas semanas, se producía otro atentado irreparable. Esta vez en la provincia de Palencia. Una excavadora destrozaba toda la secuencia estratigráfica en la que Quechu, arqueólogo al que conozco desde hace más de veinte años, llevaba trabajando minuciosamente desde hace años. El destrozo de uno de los yacimientos más ricos de las Guerras Cántabras, guerras que tuvieron lugar en la Península Ibérica durante el primer siglo antes de Cristo y cuyo núcleo de actuación se centró en la cornisa cantábrica es irreparable. El objetivo del autor: reforestar su finca.

Este último atentado se ha producido después de que el pasado 20 de junio fuera publicada la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, ley propuesta por Vox al parlamento y aprobada por las Cortes de Castilla y León.

Con dicha ley, se renovaba la anterior Ley de Patrimonio, que no había sido actualizada en los últimos 22 años. Típico del inmovilismo e inacción a la que nos tiene acostumbrados el PP, y especialmente su presidente Mañueco.

El artículo 3 de la vigente Ley dicta:

Artículo 3. Principios de gestión sostenible del patrimonio cultural.

La gestión sostenible del Patrimonio Cultural de Castilla y León se regirá por los siguientes principios:

a) De preservación o salvaguarda de los valores materiales e inmateriales que aseguren la autenticidad e integridad de los bienes.

c) De conservación preventiva para asegurar la pervivencia del bien desde el punto de vista técnico y económico a lo largo del tiempo, así como para prevenir situaciones extraordinarias de riesgo y emergencia.

Los tres yacimientos destruidos no son tres yacimientos comunes. Excusa a la que también apeló el consejero Santonja, utilizando la simpleza argumentativa de «es que en Castilla y León existen 25.000 yacimientos arqueológicos» como si la cantidad fuese exculpatoria. Estos yacimientos son ejemplos singulares y de referencia investigadora, libros a los que se han arrancado las páginas sin ser leídas y ya nunca podremos saber lo que estaba escrito en ellas.

Según el consejero, nada se puede hacer si el propietario de un lugar en el que se localiza un bien patrimonial decide acabar con él. Esta declaración es una auténtica barbaridad porque su deber es poner todo lo que esté en su mano por proteger ese bien y, en apenas veinticuatro meses, los castellanos y leoneses han perdido una importante parte de su patrimonio arqueológico. Mientras, el consejero Santonja, observa pasar los bulldozers como las vacas miran pasar al tren. Para que esto no se repitiera propuso Vox la actual Ley de Patrimonio.

La semana pasada, tras unas declaraciones irresponsables, tuvo que dimitir la directora general de Salud Pública; ¿Por qué no debería hacer lo mismo un consejero que se desentiende de su responsabilidad y afirma, falsamente, no poder hacer nada si alguien decide destruir el patrimonio de todos los castellanos y leoneses por no estar bajo titularidad pública?

¿Para qué se aprobó una nueva Ley de Patrimonio propuesta por Vox?

Sin duda, la respuesta de Gonzalo Santonja es el mejor ejemplo de la actitud indolente y pasota del gobierno que mantiene Alfonso Fernández Mañueco.

Todos estos hechos son un buen ejemplo de ese inmovilismo propio del PP de Mañueco y lo que él suele llamar «estabilidad»: Un inmovilismo que cada vez cuesta más caro a los castellanos y leoneses, que ven como las facturas de la dejadez de Mañueco se acaban pagando en esta ocasión con la destrucción del patrimonio de Castilla y León, con lo nuestro.

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