Asumir el error en las Cortes

El grupo parlamentario del Partido Popular en Las Cortes de Castilla y León ha emitido hoy un comunicado titulado «Aclaración a la información errónea publicada por un medio de comunicación sobre el coste de la tramitación de la PL de Medidas», en referencia a la información de El Norte de Castilla encabezada por el titular «Arreglar los Presupuestos de Castilla y León costará 33.000 euros». Se alude en la nota de prensa a la renuncia por parte de los procuradores sin sueldo fijo de PP y Vox a su dieta de 220 euros por pleno, a la introducción del trámite legislativo dentro de una sesión de febrero y a otras circunstancias relacionadas con la comisión de Economía de Hacienda. El último párrafo explica que «el Grupo Popular recuerda que, con la agilidad en la tramitación de esta Proposición de Ley, se dará un impulso a los importantes beneficios fiscales para las familias, para el acceso a vivienda y también en numerosos aspectos relacionados con personas y actividades del medio rural».

La realidad es que si por algo se recordará esta ley no será precisamente por su agilidad. Pero lo cierto es que, en primer lugar, no fue solo un medio de comunicación el que planteó esa cifras de 33.000 euros: al menos otro diario más la ofreció en su crónica política del día (en concreto, El Diario de Valladolid); y lo más importante, la información no es errónea en modo alguno. Porque en ellas se explica el coste –que no el gasto ni la factura ni el abono ni el apunte contable ni el presupuesto– de tener que aprobar en un segundo intento una ley crítica para los presupuestos de la comunidad autónoma, sin la cual estos son papel mojado.

Cualquier economista sabe diferenciar coste de gasto y El Norte de Castilla sale a corregir precisamente una afirmación extendida después de conocerse el entuerto de la votación de las enmiendas, y es que tal error no tendría consecuencias para la ciudadanía. Sí las tiene –más allá de las relacionadas con la confianza en el buen hacer básico de nuestra dirigencia– por el hecho de que tener que repetir dos plenos y otros procedimientos para aprobar una ley necesariamente causa unos costes al erario público. Distinto es cómo se van a pagar, diluir o reducir, pero mover la maquinaria parlamentaria para algo tan relevante como la aprobación de una ley no es un trámite inocuo.

Queda, por lo demás, el delicado asunto de la renuncia a las dietas, acción que, según el PP, es perfectamente posible, aunque nunca se haya hecho hasta ahora, y que expertos juristas no ven tan claro. Aunque solo sea porque el Estatuto de los Trabajadores establece la irrenunciabilidad a los derechos laborales, no es algo con lo que quepa improvisar: las dietas compensan una menor retribución salarial de quienes pierden una jornada laboral para dedicarse a su labor parlamentaria. Pero es que con la posibilidad de renunciar voluntariamente a esos derechos se crearía un precedente, y esta es la razón más de fondo y política, para que a partir de ahora cualquier procurador renuncie a cuanto le venga en gana por el motivo que le venga en gana y cuando le venga en gana… Claro, con objetivos políticos o de otro tipo que, en todo caso, no serían los que deberían perseguir cargos electos en favor del interés general.

Las Cortes de Castilla y León es una institución lo suficientemente importante como para que sus miembros y responsables no la conviertan en la casa de Tócame Roque. La actitud correcta sería asumir el error, reconocer la culpa, pedir perdón, aceptar las consecuencias –ya nadie espera dimisiones de ningún tipo– sin excusas y, desde luego, no escurrir el bulto acusando a un medio de comunicación de hacer su trabajo, con bastante más fiabilidad, por otra parte, de la que se estila en la dirección de algún grupo parlamentario.

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