Marlaska fulminó a Pérez de los Cobos por no plegarse a su «inadmisible interferencia»

La resolución de 21 folios del Supremo, cuyo fallo se dio a conocer el martes, reactiva en todos sus términos, tal y como se esperaba, la primera sentencia de este caso -la dictada en marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núemro 8 de la Audiencia Nacional-, que dio la razón al cesado y obligaba al Ministerio del Interior a restituir al mando al frente de la comandancia madrileña y a abonarle, con efecto retroactivo, todo el dinero que ha dejado de recibir desde que fuera apartado del cargo hace tres años. Peréz de los Cobos fue 'exiliado' al frente de la Intervención de Armas y Explosivo, un puesto de menor responsabilidad y salario también más bajo.

La sentencia, además, deja sin efecto tanto la orden ministerial del cese como jefe de la comandancia, como la resolución que, tras la de primera instancia, dictó la Audiencia en septiembre de 2021. Esta ha sido la única vez que la justicia ha dado la razón al Ministerio del Interior en este largo proceso judicial.

En su resolución, que ya es firme, la sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal denuncia que el Marlaska hizo un «ejercicio desviado» de su poder al apartar de su puesto a Pérez de los Cobos alegando, sin más explicaciones, la quiebra de la confianza. Recuerdan los magistrados que para estas destituciones la legislación «exige no sólo la motivación formal del cese en el puesto o destino de libre designación por razones de idoneidad profesional», sino que, además, «esa motivación no sea vaga, imprecisa o ritual, a base de expresiones opacas, estandarizadas».

Pero más allá de los reproches técnicos por la forma en que fue cesado Pérez de los Cobos, el Supremo no ahorra críticas a la actuación de fondo de Marlaska, llegando al extremo de insinuar que podría haber prevaricado al haber exigido de manera «confusa» y «contraria a la función de la Policía Judicial» que le soplaran los detalles sobre la investigación de la manifestación. Unas pesquisas que apuntaban a la responsabilidad de la Delegación del Gobierno por haber autorizado la marcha cuando los casos de covid ya se habían disparado.

La orden que pretendía Marlaska y que desembocó en el cese fulminante de De los Cobos por no atenderla fue «contraria a la función de la Policía Judicial, pues lo que desconocían los órganos superiores del Ministerio del Interior y sobre lo que no comunicó el recurrente eran las 'investigaciones y actuaciones' de la UOPJ (Unidad Operativa de Policía Judicial), lo que estaba expresamente prohibido por la magistrada».

La Sala Tercera subraya que, «en este caso, la UOPJ estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción, sin que sea admisible interferencia gubernativa, y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que sólo se le informase a ella». De ambos hechos -las reservas propias de la instrucción y el mandato para respetarla de la jueza-, el alto tribunal resuelve que no cabía «cesar a quien no formaba parte de esa unidad». «Y pretextar para ello 'no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento'», añade el alto tribunal en su dura resolución contra el ministro.

La sentencia del Supremo, con ponencia del magistrado José Luis Requero, recuerda que si bien en el ámbito orgánico la Policía Judicial está encuadrada en la Administración, «el artículo 126 de la Constitución la sitúa bajo la dependencia de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación de delitos como garantía de la independencia y eficacia de la Justicia». «De forma -concluye- que lo ventilado en este litigio alcanza también a la comprensión de esa garantía».

El ministerio, formalmente, alegó como causa del cese «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial». Pero en realidad, toda esa investigación de la jueza de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, abierta el 23 de marzo de 2020, estaba secreta, como recalca el Supremo.