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El ministro de Interior no consigue despegarse de la polémica. Tras haber superado la censura a derecha e izquierda por la gestión de la tragedia de la valla de Melilla del pasado junio en la que murieron decenas de inmigrantes, una semana después de haber ... tenido que aceptar la dimisión de la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, por la presunta corrupción de su marido y a las 24 horas de haber cargado en el Congreso el 'caso cuarteles' sobre los hombros de los gobiernos del PP, Fernando Grande-Marlaska vuelve a ver cómo la oposición exige su dimisión esta vez por una vieja controversia: la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, un mando con prestigio que había sido, entre otras cosas, el coordinador de las fuerzas de seguridad en Cataluña para impedir el referéndum del 1-O.
El ministro se saltó la ley cuando el 25 de mayo de 2020 destituyó al entonces máximo responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid por su decisión de investigar si la manifestación del 8-M en la capital de España ayudó a la expansión de la pandemia que acababa de irrumpir en el país. Así lo sentencia la sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al estimar este martes el recurso de casación interpuesto por el cesado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2021 había dado por buena la decisión del ministro de fulminarle por «falta de confianza». Una pérdida crédito por no haberle informado sobre esas pesquisas sobre la marcha feminista y por el hecho de que se filtraran a la prensa aquellos atestados, en los que quedaba muy mal parada la Delegación del Gobierno por haber permitido la multitudinaria convocatoria cuando ya se conocía gravedad de la transmisión de la covid.
En la sentencia cuyo contenido dará a conocer en los próximos días, el Supremo confirma por tanto el veredicto inicial, el que dictó la Audiencia Nacional en primera instancia antes de que fuera revocado. En aquella primera resolución que ahora el alto tribunal confirma, Celestino Salgado, titular del Juzgado Central de lo Contencioso número 8, aceptaba la impugnación de Pérez de los Cobos y dejaba sin efecto la resolución ministerial de 28 de julio de 2020 que hizo efectiva la destitución; una medida firmada por el secretario de Estado, Rafael Pérez, número dos de Marlaska.
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Esa sentencia, que ahora vuelve a tener vigencia, obligaba al ministerio a restituir al oficial como jefe de la comandancia de Madrid y a abonarle las diferencias retributivas dejadas de percibir en este periodo. Aquel primer fallo declaró que la destitución había sido un puro castigo. «No se trata de un cese por pérdida de confianza. Es en realidad una sanción administrativa encubierta consecuente a que el coronel cesado no llevó a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba» (informar a Marlaska e incurrir en un delito de revelación de secretos), exponía entonces el magistrado de la Audiencia Nacional. «La premura e inmediatez de la propuesta de cese resulta más propia de una sanción disciplinaria urgente, expeditiva y ejemplarizante que, en su caso, habría requerido sustanciar un procedimiento sancionador, y no de un cese por supuesta pérdida de confianza».
El varapalo del Supremo no ha hecho mella en Marlaska, quien tras conocer el fallo, que ya no es recurrible, descartó dimitir como de inmediato le exigió la oposición en bloque y se reafirmó en la decisión que ahora el alto tribunal ha declarado ilegal. «Las razones de fondo del cese por pérdida de confianza persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad», apuntó en el Senado el ministro, sin especificar cuáles son esas «razones de fondo». El titular de Interior esperará a conocer la literalidad de la resolución para comprobar cómo debe ejecutarla.
La destitución de Pérez de los Cobos provocó un enorme malestar en la Guardia Civil. Dos días después dimitió el número dos del cuerpo, el general Laurentino Ceña, como muestra de disconformidad. Más tarde, Marlaska relevaba al número tres del instituto armado, el general Fernando Santafé. Esta crisis fue silenciada con el nombramiento de un nuevo equipo.
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