El juez contraataca y acusa a Puigdemont de un delito de terrorismo no amnistiable

Pero el magistrado ha ido esta vez más allá al orientar la posible responsabilidad de Puigdemont a los ataques que hirieron gravemente a dos policías nacional el 18 de octubre de 2019, cuando miles de simpatizantes secesionistas respondieron al llamamiento de Tsunami Democràtic para cercar la sede de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona; ataques que, sostiene, demostraron tener un «ánimo homicida». O lo que es lo mismo: la plataforma violó con sus acciones violentas «el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos».

Y ahí esta la clave. Precisamente ese artículo 2, junto al tercero, acotan los delitos que, con la última redacción de la norma pactada por los socialistas y sus socios, serían los únicos que no serían amnistiables: es decir, aquellos con resultado de muerte o en los que se ejercieran torturas o trato degradante. Y con una prevención previa, porque la ley establece que esas vulneraciones de derechos deben haberse cometido «de forma manifiesta y con intención directa». Un blindaje que el instructor de la Audiencia trata de desmontar ahora apuntando a que sí existió el citado «ánimo homicida» en las movilizaciones de Tsunami Democràtic que derivaron en las graves lesiones sufridas por dos policías.

García Castellón se reafirma así, ensanchándolas, las acusaciones contra la plataforma independentista y Puigdemont. Lo hizo aprovechando el auto en el que rechaza el recurso de una de las investigadas en esta causa, Marta Molina, contra la personación en el procedimiento de los dos agentes que resultaron heridos en octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana, en Barcelona. En particular, rememora la agresión de uno de los agentes al que el lanzamiento de una piedra o adoquín llegó a reventarle el casco. Aquel impacto le provocó lesiones que le han inhabilitado para el ejercicio de su profesión.

Molina, con la adhesión de la Fiscalía -que trataba de desvincular a Tsunami de aquellas algaradas- alegaba que esos actos no eran imputables a la plataforma sino a los comités de defensa de la República (CDR), «por lo que no se podían vincular a la causa en la que se personaron los agentes». En su escrito, el juez señala que este argumento «no puede servir para eximir de responsabilidad alguna a Tsunami, como si la presencia de unos desplazase totalmente la responsabilidad de otros».

«Tsunami Democràtic no fue invitado de piedra a las movilizaciones que sacudieron diferentes ciudades de Cataluña y que tuvieron como uno de sus escenarios más cruentos los hechos que se desencadenaron en la Vía Laietana y en la Plaza Urquinaona de Barcelona», abunda García Castellón, quien no deja pasar la ocasión para, una vez más, señalar a Puigdemont, que ayer respondió en X insistiendo en que «los estándares de la justicia española» no son los europeos.

«Los indicios apuntan a una participación de Tsunami en los hechos acaecidos aquel día, y resulta en este sentido especialmente llamativa, como indicio incriminador, la conversación mantenida entre Carles Puigdemont, al que este instructor sitúa en el vértice más alto de la organización», y el investigado Josep Campmajó, describe García Castellón. «Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas», afirmó el exjefe del Govern huido en Waterloo en esa conversación, cuyos metadatos sitúan entre los días 18 y 19 de octubre de 2019. A lo que Campmajó respondió: «President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado».

En esa línea, se extiende el juez, Puigdemont se felicitó por la «imagen exterior» que estaban proyectando los disturbios de Tsunami, ya que «la opinión generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas». «El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro», apuntaba el ya expresidente.

«Con esta aseveración, Puigdemont parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad», deduce el juez abonando la tesis de un posible delito de terrorismo no amnistiable. Y sobre los incidentes concretos en que fueron heridos de gravedad los dos agentes, el magistrado recuerda que Tsunami había anunciado aquel día en las redes sociales la convocatoria a una huelga general con este texto: «Pensábamos que la sentencia era el final de un movimiento y ha sido su reinicio. Hoy bloqueamos el país para recordar una solución y ejercer nuestros derechos y libertades».