El Supremo ve «incontestable» que García Ortiz actuó con desviación de poder al ascender a su amiga Delgado

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su auto, en el reprocha sin ambages «el carácter francamente irrespetuoso de algunas de las expresiones empleadas en el escrito», afirma que no ve por ningún sitio «las alegadas vulneraciones de derechos fundamentales».

El alto tribunal niega de manera taxativa que haya vulnerado el artículo 14 de la Constitución (igualdad de trato), tal y como alegaba Delgado, quien comparó su caso con el de Diego Pérez de los Cobos. En su momento, el Supremo dio la razón al coronel de la Guardia Civil en su recurso después de que el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska decidiera no ascenderle a general. La Sala Tercera zanjó que efectivamente Pérez de los Cobos que tenía méritos sobrados para lograr el ascenso.

«Conviene no olvidar -dice el auto- que, cuando de desviación de poder se trata, es absolutamente crucial el dato probatorio; es decir, que resulte claramente establecido que la finalidad buscada por la Administración fue una distinta de la que el ordenamiento atribuye a la potestad administrativa ejercida. Y esto, que era absolutamente diáfano e incontestable en el presente caso a la vista del material probatorio existente, no lo era en el del señor Pérez de los Cobos».

Los magistrados tampoco aprecian vulneración del artículo 23.2 de la Constitución (derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos). Afirma la resolución que incluso llegando a «admitir» meramente «a efectos argumentativos» que el «acto administrativo cumpliera todos los requisitos legalmente exigidos y que la señora Delgado García tuviera méritos sobrados», lo que no debe olvidarse es que «la desviación de poder es un vicio autónomo y diferenciado de los actos administrativos». «Tan es así que consiste en que, si bien la apariencia externa del acto es ajustada a Derecho, se busca una finalidad diferente de la legalmente prevista», subraya el fallo.

En esencia, insiste el Supremo, «contrariamente a lo que sostiene» la que fuera ministra de Justicia de Pedro Sánchez, que «un acto administrativo (el ascenso en la carrera) cumpla todos los requisitos legalmente exigidos no lo inmuniza de posible desviación de poder».

El Supremo tampoco ve que haya sido vulnerado en este caso el artículo 24 (tutela efectiva de los jueces), ya que la sentencia del pasado 22 de noviembre del alto tribunal explicó «claramente que el nombramiento para la plaza convocada y la promoción a la categoría de Fiscal de Sala van inextricablemente unidas, hasta el punto de que no cabe legalmente la promoción como acto administrativo independiente. De aquí que no cupiera apreciar ni falta de legitimación del recurrente ni exceso en el fallo de la sentencia».

La sentencia estimó el recurso de otro candidato, Luis Rueda, a fiscal de Sala de lo Militar, anuló el Real Decreto y ordenó la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la propuesta del Fiscal General del Estado al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza.

Delgado fue promovida a fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo el 5 de octubre de 2022 (Sala de lo Militar) a pesar de su nula experiencia en justicia castrense. Ascendió a la máxima categoría del Ministerio Público pocos días antes, el 22 de septiembre de ese año y por decisión de García Ortiz, ya que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó precisamente a Rueda, especialista en cuestiones jurídica de lo militar.

Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales (AF), mientras que Delgado obtuvo el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y también de los vocales natos -la teniente fiscal del Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente-.