Sánchez y Feijóo acuerdan pedir mediación a la Comisión Europea para renovar el CGPJ

La idea de recurrir al ejecutivo comunitario para desbloquear un asunto que lleva atascado un lustro partió de Feijóo, según explicó él mismo, pero fue abrazada rápidamente por Sánchez. En el contexto actual a ambos les beneficia. Al Gobierno porque entiende que, de alguna manera, ayuda a neutralizar las duras críticas recibidas por aceptar que en sus negociaciones con Junts y ERC actúe un verificador internacional; por eso, la ministra portavoz, Pilar Alegría, utilizó premeditadamente ese mismo término («verificador») al explicar desde Moncloa lo acordado. Al líder del PP, porque el 'sello certificado' de la UE a un pacto con el mismo jefe del Ejecutivo al que acusa día tras día de poner en peligro el Estado de derecho le sirve de blindaje frente a reproches internos o externos.

Los socialistas y los populares ya estuvieron a punto de renovar el órgano de gobierno de los jueces en noviembre del pasado año, después de que su presiente, Carlos Lesmes, dimitiera para lanzar un aldabonazo que obligara a ambos partidos a actuar. El ministro de Presidencia, y ahora también de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, llegaron a pactar el nombre de los 20 nuevos vocales y sus sustitutos, una reforma legal para impedir que se produzcan más casos de 'puertas giratorias' entre la política y la justicia –como el de la designación de la exministra Dolores Delgado como fiscal general o de su sucesor, Juan Carlos Campo, como magistrado del Tribunal Constitucional– y, además, acordaron encargar al CGPJ renovado una propuesta para modificar el actual sistema de elección. 

Aquel acuerdo nunca llegó a llevarse al Congreso. Feijóo dio por rotas todas las conversaciones al constatar que Sánchez tenía intención de presentar de manera inminente una reforma del Código Penal pactada con ERC para derogar el delito de sedición y rebajar las penas de la malversación, a pesar de haber lanzado tanto en público como en privado señales de que su intención era enfriar el asunto. El líder del PP lo consideró una deslealtad y a día de hoy todavía habla de Bolaños –volvió a hacerlo ayer– como un interlocutor poco fiable. El Gobierno replica que lo único que pasó fue que al líder popular «le temblaron las piernas» frente a los halcones de su partido y advierte de que el ministro será también esta vez su negociador. 

Ahora, será la Comisión Europea la que determine quién supervisará el diálogo, que ambas partes están dispuestas a retomar donde dejaron. Feijóo apuntó al comisario de Justicia, Didier Reynders. Y al Gobierno le parece bien. De nuevo, ambos pueden encontrar beneficio en que el belga resulte el elegido, aunque en el pasado Moncloa llegó a acusarlo de estar alineado con el PP.

Reynders ha dejado claro en múltiples ocasiones, la más reciente el mes pasado en Bruselas, con Bolaños, que la falta de renovación del Consejo es un tema que preocupa en la UE y que debe acometerse sin demora, como reclaman los socialistas. Pero también recuerda de manera recurrente que habría que adaptar el sistema de designación a los estándares europeos y dar a los jueces una participación directa en el proceso, como reclama el PP.

Feijóo aseguró ayer que la negociación de esa reforma se hará de forma «simultánea» a la de los nuevos vocales. Fuentes populares explicaron incluso que será una vez la reforma legislativa se haya registrado en la Cámara baja cuando se proceda a designar a los elegidos en las Cortes por mayoría de tres quintos. Desde el Ejecutivo, sin embargo, no dan por bueno ese esquema y, aunque aseguran estar dispuestos a hablar, recuerdan que el mismo Reynders ha sido cristalino al subrayar que el recambio en el órgano de gobierno de los jueces no se puede condicionar a nada.

Que el PSOE acabe aceptando que sean los jueces quienes elijan mediante voto directo a los doce vocales de extracción judicial que componen la institución, como demanda el PP y recomienda la UE es, con todo, poco probable. Bolaños siempre ha sido taxativo al respecto. Está por ver pues si, pese a todo, el indispensable pacto entre los dos grandes partidos se consuma antes de las elecciones europeas de junio, cuando la ya elevada tensión política puede alcanzar cotas aún más altas.

Feijóo –que durante dos semanas dio largas a la propuesta de Sánchez de celebrar una reunión con la que en su partido creían que solo aspiraba a blanquear sus acuerdos con el independentismo– definió ayer la cita como «oportuna» y remarcó que él siempre actuará con respeto institucional, pero dejó también claro que cambia poco en su relación con el presidente. «El encuentro ha respondido a las expectativas, se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda pero sí que me preocupa: no he visto al presidente Sánchez voluntad de rectificación en casi nada», dijo.

Además de los dos temas mencionados, el jefe del Ejecutivo quería salir de la cita con otro acuerdo para negociar la financiación autonómica. No lo logró. Feijóo, por su parte, reclamó a Sánchez en vano dar marcha atrás con la amnistía, con la moción de censura en la capital navarra, con las comisiones de investigación pactadas con el independentismo para analizar la actuación de la justicia o para frenar la reforma que pretende despenalizar las injurias a la Corona.