El Govern sitúa la próxima reunión de la mesa de diálogo en marzo

Sánchez y Aragonès, acompañados de ministros y consejeros de sus ejecutivos, se verán previsiblemente antes de que el Congreso apruebe finalmente la ley de amnistía. Y en consecuencia, los dos presidentes se reunirán antes de que el presidente del Gobierno visite a Carles Puigdemont. Junts presiona para que el encuentro entre Sánchez y Puigdemont tenga lugar antes de que el Parlamento español valide la ley de amnistía. El presidente del Gobierno, en cambio, dijo el jueves en Rac1 que lo lógico y razonable es que la reunión, que no tiene ni fecha ni lugar, sea después de que el Congreso dé luz verde a las medidas de gracia.

Sánchez cuidó el jueves sus relaciones con los republicanos, que aspiran a seguir siendo los socios de preferencia del Gobierno. Junts ha entrado en la ecuación de la gobernabilida, por lo que los socialistas tienen que hacer equilibrios entre las dos fuerzas secesionistas catalanas, embarcadas en una pugna por la hegemonía del campo soberanista.

Los de Puigdemont se llevaron casi todo el protagonismo durante la negociación de la investidura. En cambio, en el inicio de la legislatura, esta atención está más repartida. El presidente del Gobierno acudió el jueves al Palau de la Generalitat y el Govern arrancó cinco acuerdos, que le sirven a ERC para seguir defendiendo que su apuesta pragmática y su apoyo al Ejecutivo central da frutos. En la pasada legislatura, Esquerra logró la concesión de los indultos y la reforma del Código Penal. Una parte del independentismo, en cualquier, acusó a los de Junqueras de vender sus votos casi gratis.

El Govern catalán vendió la reunión del jueves como el inicio de nueva etapa. «Dejamos atrás la represión y vamos hacia la resolución del conflicto», afirmó Aragonès. Sánchez cerró la puerta al referéndum. En cambio, el Govern está convencido de que acabará cediendo, como pasó con la amnistía, que también era inconstitucional para el jefe del Ejecutivo central.

La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, avisó ayer en la Ser que el Govern acudirá a la reunión de la mesa de diálogo del primer trimestre del año con su propuesta de un acuerdo de claridad a la canadiense para poder celebrar una consulta sobre la independencia. Sánchez dijo, tras la reunión, que «no hay ninguna constitución del mundo que prevea la autodeteminación». Vilagrà replicó que en Quebec y en Escocia tampoco estaba previsto.

Sánchez situó el referéndum como una exigencia de máximos del nacionalismo y abogó por explorar caminos intermedios. Esa vía en la que podrían confluir los dos gobiernos tiene que ver con la financiación de Cataluña. El Govern reclama un sistema singular para Cataluña, con el que tenga plena soberanía fiscal. Lo que Mas llamó un pacto fiscal en la línea del cupo vasco. El presidente del Gobierno no cerró la puerta el jueves, aunque fue lo suficientemente ambiguo, al menos en sus declaraciones públicas, para que se le entendiera que estaba dispuesto a explorar un concierto para Cataluña, pero sin precisar si esto implicaría salir del régimen común de las comunidades autónomas.