Los barones socialistas avisan al Gobierno de que las siglas son secundarias en financiación

No fue fácil para Pedro Solbes y Elena Salgado, ministros de Economía en los Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sacar adelante la última reforma del sistema de financiación autonómica, aprobada finalmente en 2009, y no lo será para María Jesús Montero lograr su renovación, pendiente desde 2014. Un día después de haber sido ovacionada por los suyos al cosechar 188 votos frente a 156 a favor de la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, la ministra de Hacienda constató este viernes lo que ya sabía, que ni siquiera en su propio partido le regalarán nada.

La dirección del PSOE convocó para este viernes un encuentro de Montero y los presidentes autonómicos socialistas –junto a la vicesecretaria general, Adriana Lastra y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez– para tratar de consensuar una posición común de cara a un debate que, en principio, se abrirá a finales de este mes, cuando la ministra tiene previsto presentar una propuesta con el nuevo criterio de población ajustada sobre el que pivotará el modelo.

La cita llegaba precedida de la inquietud causada en el Gobierno y la cúpula del PSOE tanto por el acercamiento del valenciano Ximo Puig a los presidentes populares de Murcia, Fernando López Miras, y Andalucía, Juanma Moreno, con los que comparte la necesidad de dar prioridad al tamaño de la población y de crear un fondo transitorio de nivelación hasta la aprobación del nuevo modelo, como por el anuncio de una reunión en Galicia entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco (también del PP) el cántabro Miguel Ángel Revilla (PRC) y los gobernantes socialistas de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Aragón, Javier Lambán; Asturias, Adrián Barbón, y La Rioja, Concha Andreu, inicialmente prevista para el 2 de noviembre.

Montero ya se manifestó en un debate en el Congreso, hace poco más de un mes, en contra una estrategia de alianzas territoriales enfrentadas para presionar al Ejecutivo. Alianzas que, en realidad, llevan años forjándose. «Eso es lo sencillo y ya está muy rodado, pero lo difícil alegó– es tender puentes». En aras de llegar al 40 Congreso Federal del PSOE, los días 15, 16 y 17 de octubre, con las aguas tranquilas, los barones socialistas reclamaron a Feijóo que pospusiese el encuentro. Algunos, como Andreu y Barbón, incluso llegaron a anunciar su descuelgue, luego rectificado.

La ministra de Hacienda tiene claro que se enfrenta a tres bloques. El de los que se reunirán, finalmente el día 23 en Santiago de Compostela, y que defienden dar más peso a la dispersión, el envejecimiento y la despoblación, así como al coste efectivo de los servicios y las necesidades reales de gasto; el de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, y otro que une a Cataluña, Madrid y Baleares en pro de que se instaure el principio de ordinalidad (que nadie vea alterada su posición en el ránking de recursos per cápita tras aportar a la caja común).

El encuentro de este viernes en Ferraz sirvió para constatar las diferencias. Aun así, presidentes que se encuentran en posiciones contrarias, como Puig o García-Page, coincidieron en su utilidad. «Sirve en un itinerario con avances difíciles. Esta es una cuestión complicada y exige grandes acuerdos», apunta el primero. El castellano-manchego alegó que lograr una posición común es difícil y tampoco era el objeto de la reunión. «Se trataba –señala– de marcar un camino de diálogo que aproxime intereses». De momento, admite, no se ha logrado pero aplaude la iniciativa de la dirección del PSOE y la disposición a escuchar. «Hace años no era así», recuerda.

Lo que también dejaron claro los barones es que nadie puede pedirles que antepongan los intereses del partido a los de sus territorios en un debate de esta naturaleza. «No se trata de un frente contra el Gobierno –dijo Lambán sobre la reunión auspiciada por Feijóo– sino de una forma de ratificar la posición que los presidentes de la llamada España despoblada tenemos y que creemos que es la más justa para garantizar la igualdad de derechos se viva donde se viva». García-Page también se lamentó de que la cita gallega se interprete como una iniciativa contra nadie. «Hay veces que llamamos frente a una reunión de presidentes del PP y del PSOE y si la reunión es con independentistas le llamamos diálogo –ironizó– , pero es el mismo castellano: hay que hablar».

Para rebajar la idea de enfrentamiento, los socialistas suscribieron este viernes un texto en el que se invita «a todas las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con implantación a nivel nacional» a trabajar por el acuerdo sobre los principios de suficiencia financiera, autonomía y responsabilidad fiscal, equidad en la prestación de servicios, solidaridad, estabilidad presupuestaria y lealtad institucional.

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