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La acusación particular, que representa a la víctima, pide penas que en su conjunto suman 23 años de prisión para el exconcejal de Coalición por El Bierzo (CB) en Ponferrada, Pedro Muñoz, al que atribuye como delito principal una tentativa de asesinato sobre su entonces ... mujer, Raquel Díaz, por los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2020, cuando la lanzó presuntamente al vacío desde la terraza de la primera planta de la casa de Toreno (León) en la que estaban instalados durante el confinamiento del primer estado de alarma, informa Leonoticias.
El letrado de la ahora exmujer del sospechoso, Felipe Patiño, presentó el lunes en la Audiencia Provincial de León su escrito de acusación, en el que atribuye otros siete delitos al exconcejal y solicita inicialmente como pena principal 15 años por un delito de homicidio en grado de tentativa.
«Cuando una persona ataca por sorpresa a su mujer, la agarra por el cuello con una mano, la lanza desde la terraza contra un pozo, baja las escaleras para ir a rematarla y, mientras ella está indefensa en el suelo, la golpea brutalmente con un bate de grandes dimensiones en la cabeza, continúa golpeándola hasta que la cree muerta, entonces… indudablemente concurren las agravantes de alevosía y ensañamiento», considera el abogado que representa a Raquel Díaz.
El letrado incide en que, a su juicio, «no cabe ninguna duda de que cuando una persona arroja a otra por el balcón su intención es matarla, provocarle el mayor daño posible, porque no quiere causar unas lesiones muy graves, ni quiere que quede parapléjica, sino acabar con su vida, porque es absolutamente imposible controlar el resultado de una acción tan tremenda».
Para la acusación particular, la petición de asesinato es la que más se ajusta a los hechos, «a la inequívoca voluntad de Muñoz de acabar con la vida de Raquel», quien quedó postrada en silla de ruedas y con graves daños neurológicos.
La tesis que defiende Patiño va más allá del contenido del escrito inicial de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, cuya representante califica los hechos, entre otros delitos, como «lesiones agravadas».
El abogado de Raquel Díaz, además del delito de asesinato en grado de tentativa, que acarrea una pena de quince años menos un día de prisión, acusa también al sospechoso de tres delitos de maltrato en el ámbito familiar, dos de amenazas en el ámbito familiar, uno de injurias y otro de violencia habitual.
La acusación particular, en total, pide para Pedro Muñoz 23 años menos un día de cárcel por ocho delitos; mientras que el Ministerio Fiscal solicita penas que suman 18 años y 9 meses de prisión por los siete delitos que, a su juicio, habría cometido el expolítico berciano.
La principal diferencia entre el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y el del representante legal de Raquel Díaz radica en la descripción de los hechos ocurridos en un episodio ocurrido el martes 13 de marzo de 2018. Frente a la somera exposición de la fiscal, la acusación particular recoge que aquel día, en el domicilio de la pareja, sito en Santo Tomás de las Ollas, «se produjo otra fuerte discusión que terminó en una nueva agresión de Pedro a Raquel, en otro episodio repleto de golpes, insultos y amenazas». En esta ocasión, siempre según el relato de su abogado, «Raquel llegó a llamar al 112 solicitando ayuda sin que nadie llegara a socorrerla».
Pedro Muñoz, continúa el escrito de la acusación particular, «habría advertido repetidamente a Raquel de que los Servicios de Emergencias del 112 no acudirían a ninguna solicitud de asistencia. Y así efectivamente sucedió este día, en que el aviso 2018/01866 remitido por el servicio del 112 a la Policía Local de Ponferrada: 'Mujer pide auxilio a gritos y llorando y un hombre intenta tranquilizarla', fue sustituido por el aviso: 'Ruidos/molestias vecinos', haciéndose destacar en las notas de la ficha de la asistencia en la aplicación Eurocop el nombre de Pedro Muñoz y un domicilio de su anterior matrimonio».
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Patiño considera «imprescindible» llamar a declarar a los agentes locales que recibieron aquel aviso para aclarar lo ocurrido. Las declaraciones en sede judicial de los agentes intervinientes en la actuación de aquel 13 de marzo y la del jefe de la Policía Local de Ponferrada llevaron a la fiscal que instruía el caso en el Juzgado número 5 de Ponferrada a instar la apertura de una causa separada (solo contra los agentes), si bien el procedimiento judicial fue sobreseído provisionalmente. El abogado de la víctima intentará ahora intentará reabrir esta causa.
En lo que sí coinciden los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y la acusación particular es en la descripción de la larga ristra de secuelas físicas y neorológicas que padecerá Raquel el resto de su vida, una terrible enumeración de daños por los que la fiscal solicita una indemnización de 1.120.098 euros, mientras que el abogado de la víctima reclama 2.334.642 euros.
La Audiencia Provincial de León tendrá ahora que señalar la fecha para la celebración del juicio, algo que ocurrirá previsiblemente antes de que concluya el año.
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