La fiscal considera que Pedro Muñoz «se arrepintió» de querer matar a su mujer

La acusación particular, sin embargo, no comparte la calificación del Ministerio Fiscal de imputar a Pedro Muñoz como delito principal el de lesiones porque, a su juicio, «no se corresponde con unos hechos que, entendemos, justificarían la calificación de asesinato en grado de tentativa al concurrir (a su juicio) inequívocamente las circunstancias de alevosía y ensañamiento, que quedarían acreditadas con las lesiones que padece Raquel, según el propio escrito de calificación y su forma de producirse».

Lo explica el letrado de la víctima (Raquel Díaz), Felipe Patiño, que también discrepa con otros aspectos del escrito de calificación de Fiscalía, como «la aplicación de la excusa absolutoria de desistimiento del artículo 16.2 del Código Penal», ya que, considera, «no se dan los requisitos legales y jurisprudenciales para ello».

La Fiscalía, en cualquier caso, solicita para Pedro Muñoz penas que suman 18 años y nueve meses de prisión por distintos delitos de lesiones, injurias, malos tratos y amenazas contra su mujer. El detonante de los hechos se remonta al 27 de mayo de 2020, cuando la víctima, Raquel Díaz, denunció que su marido, el exconcejal de Coalición por El Bierzo (CB) en Ponferrada, Pedro Muñoz, la lanzó al vacío desde la terraza de la primera planta de la casa de Toreno en la que estaban instalados durante el confinamiento del primer estado de alarma. A continuación, aseguró, la arrastró al interior de la vivienda y la golpeó en repetidas ocasiones.

En el escrito de calificación de la acusación particular, que deberá presentar antes del próximo lunes 26 de junio, Patiño imputará como petición principal un delito de asesinato en grado de tentativa, argumenta, «por concurrir las circunstancias de alevosía y ensañamiento».

Respecto a la calificación de los hechos de la fiscal, fuentes jurídicas consultadas por Leonoticias consideran que su escrito puede obedecer a la convicción de que «se podría obtener una pena superior en una condena por lesiones (hasta 12 años) que en una condena por tentativa de homicidio (un máximo de 10 años menos un día)».

En el relato de hechos del Ministerio Fiscal, recogido en su escrito de calificación, se recoge que el procesado (Pedro Muñoz) «controlaba de forma obsesiva a Raquel, limitando sus relaciones tanto con su entorno familiar como con sus amistades, llamándola insistentemente para saber dónde y con quién se encontraba en cada momento, incrementándose la conducta de control y dominación después del matrimonio, llegando a verse obligada la víctima a ocultar la existencia de ciertas amistades e, incluso, a alquilar pisos en los que la misma se refugiaba cuando mantenía discusiones con Pedro para no ser localizada, amenazándola en múltiples ocasiones para que regresara al domicilio, con expresiones como 'puta, zorra, ¿dónde estás?, la gente como tú tiene que estar en la calle, cómo no vuelvas te vas a enterar' y también con que no contara a nadie lo que sucedía en su relación, pues en caso contrario, le iba a arruinar la vida o hacerle daño a sus seres queridos».

También hace hincapié la fiscal en que la situación de violencia psicológica que sufría Raquel iba acompañada de violencia física, «pues muchas de las discusiones de la pareja desembocaban en agresiones físicas de diferente intensidad: empujones, golpes, inmovilizaciones y auténticas palizas que provocaron en varias ocasiones lesiones en la víctima, que esta maquillaba y ocultaba para no tener que dar explicaciones sobre lo que ocurría, por la vergüenza que sentía al haber sido siempre una mujer independiente y con formación en violencia de género».

El procesado, prosigue el escrito de la acusación pública, fue consiguiendo una «absoluta sumisión de Raquel», que recibió asistencia psicológica y psiquiátrica desde el año 2018 por esta causa.

El relato de hechos del Ministerio Fiscal incluye que la sumisión de la víctima llegó a tal punto que, para evitar comentarios en el entorno político en el que la pareja desarrollaba su actividad profesional, «siguiendo instrucciones de su marido, acudió el 22 de agosto del 2019 a un notario de Ponferrada para otorgar un acta de manifestación en la que afirmaba no haber sido maltratada jamás por su esposo ni física ni psicológicamente».

«Raquel vivía inmersa en un ciclo de violencia con una fuerte dependencia emocional del que le resultaba imposible salir pese a haberlo intentado en varias ocasiones, llegando a separarse de su esposo durante unos meses en el año 2019 e, incluso, preparando una demanda de divorcio que nunca llegó a presentar», concluye la fiscal.