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Las siete semanas que duró el juicio de Donald Trump en Nueva York no solo sirvieron para que el magnate hiciera campaña en la ciudad de los rascacielos, donde ha mejorado significativamente sus resultados, sino que también se transformó en un desfile de lealtades recompensadas. ... Frente a los juzgados de Center Street, desfilaron personajes dispuestos a probar su lealtad premiada ahora con puestos de gobierno.
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Entre ellos destacaba Pam Bondi, exfiscal general de Florida, recientemente elegida como fiscal general del estado. Bondi estaba a mano el jueves, cuando Trump la convocó de manera intempestiva tras retirar la candidatura de su primer elegido para el cargo, el excongresista Matt Gaetz. La confirmación de este último enfrentaba un difícil proceso de aceptación debido a acusaciones de abuso de menores, consumo de drogas y corrupción, bien detalladas en un informe del Comité Ético de la Cámara de Representantes. El portavoz del Congreso, Mike Johnson, ha hecho todo lo posible para mantener en secreto, pero buena parte ha empezado a filtrarse a través de las víctimas, los testigos, la Policía e incluso piratas informáticos.
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Su primer instinto fue levantar el puño, o mejor dicho, el teléfono, para forzar a los senadores a respaldar a Gaetz. Luego entendió que no era necesario invertir su capital en esto. Todavía le quedan muchos puestos que llenar y muchos leales por asignar. Bondi es una de ellas. «La conozco desde hace muchos años. Es lista, dura y una luchadora del 'America First'. ¡Va a hacer un trabajo fantástico como fiscal general!», escribió en su red social Truth Social tras reunirse con ella en Mar-a-Lago.
La primera mujer en ocupar el cargo fue hija de un alcalde, tiene una dilatada carrera judicial que la avala en el cargo y sabe lo que conlleva la política. Con Trump se congració rápido. Primero le abrió una investigación por fraude relacionada con Trump University, una compañía operada desde Boca Ratón (Florida), que ni era universidad, ni enseñaba la fórmula del éxito que prometía, pero por la que más de 5.000 personas de todo el país pagaron hasta 35.000 dólares por seminarios on-line.
El magnate consiguió apagar todos los frentes legales abriendo la chequera. En 2016 pagó a las víctimas más de 25 millones de dólares. Previamente, las autoridades locales de diversos Estados que investigaban el fraude, como el gobernador de Texas, Gregg Abbott, o la fiscal general de Florida, Bondi, quien tres días después de recibir 25.000 dólares cerró la investigación. Eso le costó una demanda por soborno, de la que se libró por falta de pruebas, y a Trump una multa de 2.500 dólares por no haber declarado la supuesta donación de campaña.
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