Los deberes de Castilla y León para el Gobierno que salga del 23-J en cuatro claves

Una fecha redonda da pie a hacer balance del camino recorrido y de los asuntos pendientes. Unas elecciones son una fecha redonda. El escrutinio del 23 de julio repartirá escaños en el Congreso de los Diputados y el Senado y abrirá cuatro años de gestión estatal para el Gobierno de la nación que afrontará, en el caso de Castilla y León, deberes pendientes. Algunos son tareas históricas sin acometer. Coleando desde hace tanto tiempo que da la sensación de que esta es una información ya escrita hace cuatro años, hace ocho años, hace…

Ahí aflora la revisión de la financiación autonómica. Todos la exigen desde la oposición y ninguno pone el cascabel al gato fiero, porque el asunto es muy complicado y contentar a unos supone agraviar a otros, cuando están en el Gobierno. Otras cuestiones llevan un ritmo de ejecución con tan poco ímpetu, como el que presentan algunas autovías, que se han cronificado en el calendario. A lo anterior se suman problemas, retos, desafíos que han ganado en complejidad a fuerza de años de pasar de puntillas sobre ellos. Es el caso de la despoblación. A partir de aquí, la tarea que la Castilla y León pone al gobierno que salga de las urnas, en cuatro claves.

Explicar lo que supone la reforma de la financiación autonómica vende poco ante los electores. Es un tema gris, del que sin embargo depende el pago de facturas prioritarias, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, el arreglo de carreteras o el cuidado de los montes. El modelo vigente se aprobó en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y con él como presidente debía haberse revisado. Este último paso no se dio, con una crisis económica en pleno estallido que hacía mella en la recaudación pública. La reforma de los criterios de reparto de los fondos estatales entre las autonomías es un avispero para quien se ponga a ello. La prueba es que no lo hizo Zapatero ni los dos presidentes que le sucedieron, Rajoy y Sánchez.

Amagaron, pero ahí sigue un sistema de financiación del que se quejan todas las autonomías y sobre el que hay dos bloques posicionados. Por un lado, las comunidades del arco mediterráneo y Madrid, que tienen un padrón de habitantes fuerte y reclaman que prime el criterio de reparto de fondos per cápita. Tantos habitantes, tantos euros. Por otro, el noroeste peninsular y la España de interior, comunidades con una población a la baja, dispersa y fuertemente envejecida que reclaman que el Gobierno tenga en cuenta el «coste efectivo» de prestar unos servicios que encarece esa dispersión y sobreenvejecimiento del padrón. No es lo mismo atender a 100.000 personas, con una media de edad de 45 años, concentradas en una ciudad con centros de salud grandes que a esos 100.000, con medias de edad cercanas a los 65 años y dispersos por 250 localidades que requieren consultorios y más sanitarios. El equilibrio entre las dos opciones es complicado. Tanto, que es un asunto sin acometer desde el 2010.

Las obras de infraestructuras estatales que no terminan de ponerse en servicio son un clásico en esta comunidad autónoma. Las más visibles, las autovías que aún no lo son. En este capítulo se han ganado un sitio de honor el eterno desdoblamiento de la N-122 que cose Castilla y León de este a oeste, entre Soria, Valladolid, Zamora y la frontera con Portugal, y la N-601, que va de la capital vallisoletana a la leonesa. En la A-11 o Autovía del Duero se han dado pasos importantes esta legislatura, en la parte soriana y en las obras entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, a las puertas de Peñafiel y su problemática travesía. El proyecto de la Valladolid-León, más allá de los tramos de acceso a las dos ciudades, no pasa del papel, junto a otros aún más en pañales, como el tercer carril de la A-62 entre Dueñas y Tordesillas.

Al lado de las autovías volverán a aflorar las demandas de soterramiento de las vías del tren con aportación de fondos ministeriales. La activación de este proyecto que promete el nuevo alcalde de Valladolid, con el respaldo del presidente de la Junta y de Alberto Núñez Feijóo, ha generado un efecto contagio en otras ciudades. Palencia, con alcaldesa del PSOE, reclama a Alfonso Fernández Mañueco que ponga fondos también para soterrar allí la vía en la capital del Carrión. Los presupuestos estatales han dado un impulso en Valladolid a la variante ferroviaria de mercancías, pero han aparcado el proyecto de la Ciudad de la Justicia. En Zamora está pendiente la inversión en el acuartelamiento de Monte la Reina y en Segovia buscar un futuro a la base mixta.

En terreno cultural, están pendientes la ampliación del museo de Fabio Nelli, en Valladolid, que cuaje la subsede del Museo del Prado en Ávila o el desbloqueo de las obras del segoviano Teatro Cervantes, entre otros proyectos.

La lucha contra la despoblación exige medidas socioeconómicas y fiscales, además de presupuesto contundente. Y en despoblación gana Castilla y León. El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa el padrón oficial en 2.372.640 de residentes, frente a los 2.383.139 del año anterior. En doce meses, 10.499 habitantes menos. La cifra es negativa todos los años. Basta reflejar que había 2.558.463 de castellanos y leoneses empadronados en 2011.

La Unión Europea ha abierto la puerta a que las administraciones apliquen una fiscalidad favorable en Soria para luchar contra la despoblación. Esa es una vía de trabajo que se reclama para respaldar el asentamiento de residentes en un medio rural donde ha mejorado la conectividad de Internet (el programa estatal UNICO destinó 108 millones de euros de un presupuesto nacional de 450 millones a desplegar la tecnología 5G en municipios de menos de 5.000 habitantes de Castilla y León) se ha agudizado la prestación de servicios esenciales como el sanitario por la falta de profesionales médicos y de enfermería. Prácticamente todo el medio rural de Castilla y León, salvo cabeceras de comarca que están en el radio de influencia de las capitales, está atendido por plazas que se denominan de difícil cobertura. Una catalogación que contagia ya a los especialistas de hospitales como el del Bierzo o Soria. Y a todo eso se suma la necesidad de reforzar la inversión en los montes para prevenir incendios o mejorar los regadíos para optimizar el uso del agua, garantizar la producción de alimentos de calidad y fijar población en el medio rural.

A esos asuntos pendientes que deja en herencia un gobierno de la nación a otro de manera sucesiva se suman otros temas de ámbito más localizado. Castilla y León mantiene un conflicto abierto actualmente con La Moncloa a cuenta de la protección del lobo, que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha blindado en la legislatura que termina prohibiendo la caza de esta especie, tanto en cupos cinegéticos como para controlar la población. Ese contencioso político ha llegado hasta Bruselas y frente al Gobierno de España está Castilla y León, pero también Galicia, Asturias y Cantabria, comunidades donde se concentra la práctica totalidad de la población lobera y que entienden que se rompe el equilibrio de convivencia entre el depredador y la ganadería y que eso incide en el abandono del monte y la despoblación.

A la demanda de dar marcha atrás en la protección del lobo se suma desde Castilla y León la reivindicación de la prueba de acceso a la universidad (EBAU) única para todo el país que acabe con las 17 diferentes, una por comunidad autónoma, que afrontan los bachilleres cada mes de junio. Esta reivindicación surgió en el último Gobierno de Juan Vicente Herrera y no fue bien acogida entonces por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese a que compartían carné político. La pandemia de la covid-19 propició una mayor flexibilidad en las opciones que pueden elegir los estudiantes en los exámenes y eso ha rebajado el brío de una reivindicación que sigue activa.

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