Vox exige derogar la ley de memoria histórica y la de violencia de género

Para haber ganado las elecciones en Castilla y León, la digestión del resultado no está resultando fácil en el Partido Popular. El 13-F ha hecho trizas el guion de unidad con el que la dirección general y los dirigentes autonómicos afrontaron la campaña castellano y leonesa, como antesala de las elecciones andaluzas y etapa continuadora, tras el 'ayusazo' de Madrid, del camino de reconquista de La Moncloa en la persona de Pablo Casado.

Hacer o no hacer socio a Vox. Esa es la cuestión que ha hecho saltar la 'pax romana' cogida con alfileres que reinaba en el PP. Alfonso Fernández Mañueco ganó el domingo, pero fue una victoria tibia. Partía de 29 escaños y logró 31 asientos de los 81 que aloja el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. Le faltan 10 para la mayoría que deja las manos libres para gobernar. Y Vox pasa de 1 a 13.

Fernández Mañueco se queda a 11 escaños del peor resultado de Juan Vicente Herrera, en 2015. Y a 22 escaños del mejor, cuando su antecesor firmó 53 parlamentarios, en 2011.

Con el reparto que deja el 13-F (31 PP, 28 PSOE, 13 Vox, 3 UPL, 3 Soria ¡Ya!, 1 Unidas Podemos, 1 Ciudadanos y 1 Por Ávila ) el Partido Popular suma con Vox y mientras los de Abascal se reafirman en que, si Cs gobernó con el PP en 2019 con 12 procuradores, ellos con 13 parlamentarios no van a ser menos. «Un votante de Vox no vale menos que el de ningún otro partido», remarcó este lunes Juan García-Gallardo, que avisó de que no permitirán con su abstención un Gobierno de Mañueco en solitario. Y puso sobre la mesa las primeras exigencias para permitir que el popular siga de presidente: derogar normativa «izquierdista» aprobada por los populares en Castilla y León como son la ley autonómica de Lucha contra la Violencia de Género, que recoge medidas de apoyo a las víctimas, y el Decreto de Memoria Histórica por el que la Junta colabora, entre otras cuestiones, en la exhumación de fosas de represaliados del Franquismo. Entre las últimas iniciativas promovidas por el gobierno de coalición de PP y Cs con cargo a ese decreto destaca el encargo a la Universidad de Burgos del mapa de las fosas comunes de Castilla y León: a finales del año pasado dataron 526. Vox da carpetazo a la colaboración en la localización y exhumación de esas víctimas.

Las matemáticas en las que suman Vox y PP provoca alergias en Génova 13. Teodoro García Egea, secretario general de los populares, apostó por un gobierno «sin ataduras», del «PP, con un programa del PP y unos principios e ideas del PP, que son las que mayoritariamente se han votado». Ese 'mayoritariamente' se cifra en 31 escaños. El entorno de Casado insiste desde ya en reforzar esa posición de partida con acuerdos con los partidos territoriales, como UPL y Soria ¡Ya!. Sin incluir en la ecuación a Vox. Jugándose el todo a meter presión a los de Abascal para que se abstengan en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta y evitar con ese voto en blanco una repetición de elecciones en Castilla y León. «Que cada uno responda de su voto», retó García Egea, que hace dos años fraguó directamente con el equipo de Albert Rivera, en Madrid, el matrimonio de conveniencia entre PP y Cs.

Mañueco dejó claro minutos después al secretario general de su partido que esta vez no va a ser convidado de piedra. Entre las 8:40 y las 10:00 horas, el ganador del 13-F se puso ante los micrófonos de la Cope, Onda Cero y Radio Nacional de España, además de entrar en Espejo Público y el Programa de Ana Rosa. «Desde el minuto cero la negociación va a ser del Partido Popular de Castilla y León», advirtió Mañueco, que además recordó que él es el presidente autonómico del partido. Apostó por gobernar en solitario, pero no descartó hacerlo con Vox. «La gente quiere certidumbre y estabilidad», valoró. Y la estabilidad parlamentaria son 41 escaños y el PP solamente suma con los de Santiago Abascal.

El líder de la formación ultraconservadora y la plana mayor del partido hicieron noche el domingo en Valladolid para festejar un resultado que pone al PP a su merced en una comunidad fetiche para los populares. «Yo personalmente voy a dirigir las negociaciones con el señor Mañueco, somos nosotros los que tendremos que gobernar esta comunidad, si finalmente llegamos a un acuerdo», precisó Juan García-Gallardo. El candidato de la bancada que tiene la llave para que el PP pueda prolongar los 35 años que lleva gobernando en Castilla y León anunció que harán suyas las reivindicaciones de los partidos territoriales. De los que han entrado en las Cortes y de los que no lo han logrado. Es una forma de desactivar el refuerzo que el PP persigue por esa vía en los prolegómenos de una negociación en la que los dos partidos que suman empiezan a marcar territorio.

Casi a la misma hora y con los suyos aún conmocionados por el resultado electoral, el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, introducía en ese escenario la posibilidad de que los 28 procuradores que ha logrado Luis Tudanca faciliten la investidura de Alfonso Fernández Mañueco con una abstención 'democrática' para no dar bola a Vox. El regidor del PSOE recalcó que era un planteamiento estrictamente personal, que no había hablado con dirigentes del partido. Si eso cuajara, avisó Juan García-Gallardo, el PP asumirá el coste que entre su electorado tendrá esa decisión. «Creo que es lo que la base social del PP no quiere», subrayó el de Vox.

Tudanca reúne este martes a los órganos autonómicos del partido para encarar la etapa que se avecina. Con siete escaños menos, de vuelta a la condición de segunda fuerza política en la comunidad y de nuevo en la oposición.

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