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Es la tercera ocasión en la que Pablo Fernández Santos (León, 1976) es cartel electoral a la Junta de Castilla y León. Esta vez, Podemos suma a Izquierda Unida y Fernández encabeza la lista de Valladolid, con mejor perspectiva electoral, y no la de León. El portavoz nacional de Podemos, que defiende en esta campaña el valor de «decir las verdades del barquero», sabe lo que es entrar a velocidad de crucero en política. En 2015, Podemos logró 10 procuradores en las Cortes partiendo de cero. También conoce lo que es frenar en seco. En 2019, perdieron ocho escaños y bajaron a dos, uno en Burgos y el suyo de León, que no fue a Cs por un puñado de votos. Confía ahora de contribuir al cambio político en Castilla y León, en una campaña en la que ha puesto pie en pared ante comentarios despectivos sobre su pasado laboral al frente de un quiosco. «Yo también hice Derecho, aunque no tardé tantos años como Mañueco, y estoy muy orgulloso de ser quiosquero, de llevar un negocio, de que nadie me haya regalado nada a diferencia de él, de Casado y de Abascal, que viven de la política desde los 18 años», subraya el leonés.
–¿A qué aspira Unidas-Podemos en estas elecciones?
–Salimos con la determinación de seguir llevando la voz de la ciudadanía a las instituciones, la voz de la sanidad pública, de los servicios públicos, de la igualdad, del feminismo, de las políticas verdes, de los colectivos LGTBI. Las verdades que nadie dice, las decimos desde Unidas Podemos. Y afrontamos estas elecciones con el objetivo de lograr el mejor resultado para desalojar al Partido Popular después de 35 años de gobierno en Castilla y León y de propiciar un cambio gobierno progresista que transforme sustancialmente las políticas desarrolladas en la comunidad.
–¿Qué resultado es ese en escaños? Ustedes han llegado a tener grupo parlamentario propio, con 10 procuradores, e IU tenía uno más, y en 2019 se quedaron en 2.
–No lo cuantificamos en un número exacto de procuradores. Aspiramos a tener grupo propio [se obtiene con 5 parlamentarios o el 3% de los votos] y más allá de eso aspiramos a poder ser decisivos para un cambio de gobierno. 35 años de corrupción y de despoblación no se soportan más en Castilla y León.
–Casi todas las encuestas dan mayoría al PP y un auge de Vox convertido en tercera fuerza política en la comunidad.
–Las encuestas, encuestas son, en un escenario además muy voluble. Con nosotros no suelen acertar, siempre nos dan resultados por debajo de los que luego arrojan las urnas. Estamos con todas las ganas y dispuestos a defender un espacio político que diga la verdad, caiga quien caiga y le pese a quien le pese. La formación política que en Castilla y León siempre ha dicho las verdades del barquero y que ha cantado las cuarenta al Partido Popular y a los poderosos, porque no tenemos ninguna mochila, ha sido Unidas Podemos.
Sobre el papel de Ciudadanos
–¿Cómo valoran ese auge de Vox y la incorporación al terreno político de candidaturas de la España Vacía, que ponen de manifiesto que hay una parte del mundo rural que no se siente representada por los partidos tradicionales?
–El auge de Vox es un peligro para la ciudadanía. Sería una tragedia, terrorífico, que la ultraderecha, el fascismo, acabase entrando en el Gobierno de Castilla y León. En cuanto a las candidaturas de la España Vaciada, el máximo respeto hacia ellas, aunque aquí habría que distinguir. Hay plataformas con una singladura y una trayectoria muy dilatada, como puede ser Soria ¡Ya!, que viene de muchos años de trabajo, pero también han surgido al calor de ese movimiento otras más oportunistas como la de Valladolid, que se puede calificar como la plataforma de Ciudadanos en 'B', creo que lleva 18 excargos de Cs.
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Alejandro Rodríguez
–Defiende un cambio de Gobierno, ¿algo salvará de la gestión de los últimos dos años?
–Alfonso Fernández Mañueco ha agravado las peores políticas del PP de Juan Vicente Herrera. La gestión del Mañueco se ha traducido en más despoblación, más precariedad, más destrucción de autónomos, más deterioro de lo público, en la inexistencia de un modelo productivo que pueda generar empleos de calidad. Los datos oficiales son los que son. Los últimos datos de población vuelven a situar a Castilla y León en la peor posición, con más de 12.000 habitantes menos.
–¿Y el papel de Cs?
–Ciudadanos tuvo la oportunidad histórica de propiciar un cambio de Gobierno después de 32 años de PP y lo que hizo fue apuntalarlo. No se ha notado para nada la presencia de Cs en el gobierno autonómico, no ha habido una transformación en las políticas de las consejerías de Cs. Han sido más de lo mismo, con una simbiosis ha sido enorme con el PP.
–¿A qué achaca el adelanto electoral?
–A las luchas internas del PP y al interés de Pablo Casado de tener una estrategia que, según él, pueda desgastar al Gobierno de España y que le permita confrontar con Isabel Díaz Ayuso. Y un segundo factor y determinante son los múltiples casos de corrupción en los que está inmerso el PP, con un calendario judicial acuciante a partir del mes de marzo.
aLBERTO gARZÓN Y LAS MACROGRANJAS
–¿Cómo solucionarían ustedes la falta de médicos y personal de enfermería y la situación de consultorios y centros de salud?
–La política sanitaria del PP es absolutamente desastrosa. Han provocado una erosión enorme de nuestra sanidad pública. Llevamos años alertando de que es imprescindible fortalecer la sanidad pública e incrementar el presupuesto. Hay que establecer un plan de incentivos para las plazas de difícil cobertura que, a día de hoy, están vacantes. Hay innumerables comarcas, muchísimos pueblos, sin médicos, sin pediatras... Es imprescindible ese plan para garantizar que los consultorios del medio rural se mantienen abiertos con profesionales sanitarios dentro, que pasan consulta allí. Además, vamos a plantear un programa para reducir a la mitad la lista de espera quirúrgica en una legislatura. Más de 239.000 personas están en las listas de espera sanitarias ahora. Y para garantizar que en Atención Primaria el máximo de espera es de 48 horas.
–¿De dónde van a sacar ustedes los profesionales?
–Creemos que médicos sí que hay, pero hay que garantizarles condiciones laborales dignas. No puede ser que en Castilla y León se estén ofreciendo contratos por días e, incluso, por horas. El maltrato sistemático al que el PP ha condenado a los profesionales sanitarios ha hecho que muchos tengan que emigrar.
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–Defienden la necesidad de una reforma tributaria en Castilla y León, ¿son ustedes los del hachazo fiscal?
–El del hachazo fiscal es otro de los bulos y otra de las mentiras del PP y el señor Mañueco. No es una cuestión de subir o bajar impuestos, sino de a quién se suben y a quién se bajan los impuestos. En Castilla y León hay un enorme margen fiscal para obtener ingresos de cara a fortalecer los servicios públicos. Lo que no puede ser es que quienes sufraguen la comunidad sean las clases populares, las clases medias y los autónomos. Queremos que se pague proporcionalmente a lo que se tiene. Sin impuestos no hay igualdad. Tenemos muy claro que las personas que en Castilla y León tengan una base impositiva menor de 12.000 euros no deben tributar y aquellas que la tengan a partir de 90.000 euros van a tener que tributar un poco más. Castilla y León es la segunda comunidad que menos se recauda con el impuesto del IRPF.
lA FACTURA DE LA LUZ
–¿Cree que suma en favor de su candidatura la gestión del Gobierno de España o resta?
–Suma, sin duda. Se ha puesto de manifiesto cómo se puede gobernar para la mayoría social. Ahí está la subida del salario mínimo interprofesional o las leyes de vivienda, de protección a la infancia, de cambio climático, del solo sí es sí, la ley trans, la de eutanasia, la reforma laboral… Leyes que denotan que se puede gobernar para la gente y sin ceder ante los poderosos. El trabajo que hacemos en el Gobierno de España, encarnado ahora por la figura de Yolanda Díaz, es muy positivo y nos va a favorecer en Castilla y León.
–¿Y el de Alberto Garzón, con la polémica de las macrogranjas?
–Más que una polémica eso es un bulo que surge de empresas afines a macrogranjas y que difunde el señor Mañueco el primero. Nosotros decimos lo mismo, que apostamos por la ganadería extensiva y semiextensiva, por la familiar, por las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas y apoyamos aquellas explotaciones familiares que trabajan en intensivo. Y estamos frontalmente en contra de las macrogranjas industriales, que además son propiedad muchas veces de multinacionales y lo que hacen es contaminar acuíferos y además no crean empleo y contribuyen a agravar el problema de la despoblación. Lo que dijo Alberto Garzón forma parte del acuerdo de gobierno que tenemos con el PSOE, es algo que está presente en la Agenda 2030 y que corroboran todos los científicos y todas las organizaciones de la salud. Es una auténtica obviedad.
–Alfonso Fernández Mañueco defiende que no existen las macrogranjas, pero también presidentes socialistas como García-Page o Lambán, ¿existen o no?
–Que se lo pregunten a las decenas de plataformas ciudadanas que en Castilla y León se oponen a ellas. Existen y contaminan gravemente el entorno. Pablo Casado decía hace poco, delante de vacas criadas en extensivo, que las macrogranjas no contaminan. Ahí está la respuesta. Para Pablo Casado las macrogranjas existen, pero a su juicio no contaminan. Nosotros creemos que además destruyen las explotaciones pequeñas y medianas. En los últimos seis años han tenido que cerrar 10.000 explotaciones ganaderas. Ese es el interés del PP por el campo en Castilla y León.
–Como miembro de un partido que gobierna en España ¿se siente cómodo con recibo de la luz?
–Es cierto que es una factura elevadísima, pero también que gracias a Unidas Podemos se han tomado medidas hasta ahora inéditas como es poner coto a los beneficios caídos del cielo a las eléctricas. Jamás se había hecho. Y hemos bajado los impuestos en materia de generación eléctrica y estamos tomando todas aquellas medidas que permiten minorar una factura de la luz inasumible para muchas familias. También hay que decir que la situación actual del mercado eléctrico deviene de las políticas del PP en los finales de los años 90. Liberalizaron el mercado eléctrico prometiendo un maná de precios y esa liberalización de José María Aznar ha sido una alfombra roja para que el oligopolio eléctrico suba los precios de forma injustificable.
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