Díaz advierte de que el Gobierno hará «lo que haga falta» para impedir la supresión del Serla

Éste aseguró el martes de que había hablado «dos veces» con Díaz sobre el asunto. La ministra ha revelado hoy que, efectivamente, ha mantenido dos conversaciones telefónicas con Mañueco. «Fueron amables y se comprometió a darme una respuesta. Le he llamado una tercera vez y no atendió el teléfono», ha asegurado la titular de Trabajo, quien ha declarado que «Mañueco está haciendo un daño brutal a las empresas y los trabajadores con una medida que sabe que es ilegal».

Tras el encuentro en la Delegación del Gobierno con Vicente Andrés y Faustino Temprano, de CC OO y UGT; y Ángela de Miguel y David Esteban, de CEOE Castilla y León, la ministra ha informado de que «el Gobierno financia el favorecimiento de la negociación colectiva y para ello en 2022 entregó a Castilla y León 500.000 euros que no ha utilizado y tendrá que devolver». «Disponen de fondos y se niegan a convocar programas. Mañueco debe restaurar un servicio público que es fundamental porque ésta sería la única comunidad autónoma sin este organismo», ha dicho.

Díaz ha afirmado que «no se puede sustituir el Serla por el SMAC (el servicio de mediación de la Junta, inoperativo desde hace doce años) y así lo dice una sentencia del Tribunal Supremo». «En Castilla y León se pretenden vulnerar derechos fundamentales, ya que no se podría dar cumplimiento al primer paso por el que debe pasar toda convocatoria de huelga», ha señalado.

«Si no atiende al requerimiento del Gobierno, habrá que actuar para defender la armonización de derechos en todo el país», ha añadido la vicepresidenta segunda, quien ha manifestado que «el cumplimiento de la reforma laboral no está garantizado en Castilla y León. Díaz ha recordado también que «Castilla y León ha sido referencia en toda Europa por su Diálogo Social», algo que ha cambiado desde la entrada de Vox en la Junta y que la representatividad de los sindicatos está avalada por el artículo 7 de la Constitución «No están ahí por casualidad sino por su papel principal. He venido (a Valladolid) en defensa del cumplimiento de la Constitución».

Andrés y Temprano han pedido a la ministra «que intervenga política o judicialmente». Prefieren que sea de la primera manera, ya que «la justicia tardaría mucho en resolver». «Es muy difícil que se instalen empresas en Castilla y León con esta inseguridad jurídica», ha manifestado el dirigente de UGT. «Mañueco sabe que (la eliminación del Serla) es una aberración de consecuencias imprevisibles», ha declarado su homólogo de CC OO.

Los representantes de la patronal también se han declarado «muy preocupados» y esperan «que la desaparición no se consume». «Las empresas necesitan paz social y un organismo de mediación como el Serla, que está negociando con las partes hasta las 3 de la mañana si hace falta», ha declarado De Miguel, para quien «sin seguridad jurídica habrá más conflictividad y menos competitividad».

En su cuenta de Twitter, Mañueco ha escrito: «Ni insultos ni amenazas» en relación a la visita de la vicepresidenta segunda. «No consiento el turismo electoral de los ministros de Sánchez que nos visitan», añade Mañueco.