Cerca de 160.000 trabajadores vieron solucionados sus conflictos en el Serla en 2022

Hoy mismo, CC OO, CSIF y UGT y la plantilla de CyLTV han decidido iniciar movilizaciones entre la que se incluye la solicitud de arbitraje del Serla para poder firmar con la empresa un convenio colectivo que afecta a 350 trabajadores. El servicio, que ha seguido funcionando en enero a la espera de la resolución de su propio conflicto, tiene citados actos de conciliación-mediación que afectan a 349 procedimientos, de los que más de 300 tuvieron entrada en 2022.

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Susana Escribano

El Serla, que cuenta con una plantilla de seis empleados más su director, tramitó el año pasado 341 conflictos colectivos, un 17,6% más que en 2021, por los que acudieron a su oficina de la calle Los Molinos 19.142 empresas y 259.700 trabajadores, el triple que en 2021. Los casos colectivos tuvieron que ver con la interpretación y aplicación de los convenios colectivos o la convocatoria de huelgas. El paso previo por el Serla se saldó con acuerdo entre las partes en el 60% de los procedimientos.

Respecto a los conflictos individuales, limitados a Valladolid, el Serla tramitó 4.500 expedientes, de los cuales terminaron con conciliación 3.534, también récord de su trayectoria y un 30% más que en 2021. Los motivos que llevaron a trabajadores y empresas a acudir en estos casos tuvieron que ver, sobre todo, con discrepancias en las retribuciones; jornada, horarios y descansos, modificación de las condiciones laborales, expedientes de regulación de empleo, etc. Los menos de 1.000 procedimientos que no concluyeron en acuerdo tras la mediación, recibieron una certificación para buscar su solución en los juzgados.

Precisamente este es uno de los argumentos que esgrimen los sindicatos para llamar la atención de lo que supondría la eliminación del Serla. La consejería de la que es titular Mariano Veganzones asegura que el servicio que prestan las Oficinas Territoriales de Trabajo de la Junta puede continuar con la labor de mediación que ahora lleva a cabo el Serla.

La legislación laboral española consagra la obligatoriedad de una mediación en los conflictos laborales y otorga a las comunidades autónomas las competencias para ejecutarla. Éstas cuentan con servicios equiparables al Serla que se agrupan en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), una fundación paritaria constituida por CEOE, CEPYME, CC OO y UGT tutelada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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Desde hace dos décadas, el Serla evita que una ingente cantidad de conflictos colapsen la actividad de los juzgados de Lo Social, como sucedía antes de su creación, en 1996. De hecho, una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 dictaminó que la mediación es una competencia exclusiva del Serla. Su efectividad a la hora de promover la paz entre las partes en disputa llevó a desmantelar los servicios de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC) de las oficinas territoriales de Trabajo (OTT) que, según explica Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical y Diálogo Social de UGT, se limita a «levantar acta de las posturas de una y otra parte y derivar el conflicto al juzgado».

«Se trata de una ventanilla con personal que tiene un horario y que no está capacitado para mantener reuniones de horas, días o semanas en busca de un acuerdo. Muchos de los conflictos se abordan por las tardes y los más difíciles se prolongan en el tiempo, hasta la madrugada incluso», explica y recuerda ejemplos como los de Lauki, Auvasa, la Hostelería de Valladolid…

Al igual que Castilla y León es la única comunidad con Vox en el gobierno, la desaparición del Serla la convertiría en la única sin un servicio de estas características. «En todas el soporte económico es 100% de las administraciones y la supresión de la financiación en el presupuesto de la Junta deja a Castilla y León aislada del resto de España», sostiene el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CC OO, Fernando Fraile. «Los trabajadores y las empresas necesitan certidumbre y seguridad jurídica y lo que pretende consumar la Consejería de Empleo es una barbaridad que tendrá consecuencias en forma de colapso de los juzgados y el consiguiente incremento de la conflictividad laboral», advierte.

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CEOE Castilla y León viajó junto con CC OO y UGT viajaron el pasado octubre a Bruselas para recabar el apoyo del Parlamento Europeo, el comisario de Empleo y el Comité de las Regiones al mantenimiento del Serla y el resto de acuerdos del Diálogo Social que la Consejería de Empleo rechaza. Para la patronal, el servicio es «una herramienta indispensable en el desarrollo de las relaciones laborales en la región» y la Junta debería «impulsar con decisión y firmeza las competencias y el desarrollo territorial del Serla» en lugar de promover su supresión.

Hoy mismo, la patronal soriana FOES y CEOE Castilla y León vuelven a insistir en que el Serla «ahorra dinero y tiempo a empresas y trabajadores, a la vez que es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de las empresas y para el mantenimiento de la paz social».

Ante la negativa de Vox a negociar su continuidad y la falta de financiación en los Presupuestos de la Junta, ha propuesto que atienda solo los conflictos colectivos, pero la insistencia de la consejería de Vox en considerarlo «ineficiente y deficitario» y «un gasto superfluo» ha accedido a iniciar los trámites legales para su extinción al no contar con fondos para su funcionamiento.

La supresión de una fundación, sin embargo, no es un trámite que pueda materializarse en poco tiempo y la 'batalla' continúa. El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha instado a Empleo a reconsiderar su posición. La fundación SIMA también se ha manifestado en el sentido de advertir de que «la resolución extrajudicial de conflictos tiene una función pública insustituible», ya que «proporciona soluciones y acuerdos que ponen fin a situaciones de conflictividad, los dota de seguridad jurídica y favorece un clima de relaciones laborales en favor de la competitividad empresarial y el bienestar de los trabajadores».

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha calificado la eliminación de «un sistema esencial» como el Serla de «alarmante» y al Gobierno de Castilla y León de «enemigo de las relaciones laborales».

Los sindicatos se dirigieron hace unas semanas por carta al presidente de la Junta para pedirle que no permita la desaparición del Serla, a lo que Alfonso Fernández Mañueco no había respondido hasta hoy. Sus palabras ante la prensa suponen un paso adelante en la hoja de ruta de Vox en cuanto al Serla.