Las víctimas de violencia de género recelan de las pulseras electrónicas por los repetidos fallos del sistema

El Observatorio pone de relieve la reiteración de incidencias relacionadas con el proceso de instalación y del habitual funcionamiento del sistema en la práctica diaria de los juzgados y tribunales que acuerdan la instalación de estos dispositivos a personas implicadas en los procedimientos que tramitan. Ello, subraya, «puede afectar a su buen funcionamiento y a la eficacia de su efecto protector, de su adecuado control y, lo que es más preocupante, a la percepción de su utilidad por parte de las víctimas que, en no pocas ocasiones, culmina con la petición, por parte de estas, de la desinstalación y retirada del dispositivo».

La actualización de la Guía de Buenas Prácticas para la Toma de Declaración de Víctimas de Violencia de Género recoge que, en los procedimientos de violencia de género en los que se acuerda el control de las prohibiciones de aproximación mediante estos dispositivos, estas incidencias son «habituales y generalizadas». La mayor parte de las quejas recogidas se refieren a la gestión de avisos y «el ingente número de alertas» que el sistema genera, «en la mayoría de los casos, por incidencias técnicas que no se corresponden con una situación real de riesgo».

Entre las incidencias más recurrentes está la de separación de la unidad track con el dispositivo. Cuando se investiga lo que ocurre, resulta que en la ubicación en la que se encuentra el usuario, por ejemplo, en el lugar donde trabaja, no hay cobertura. Incluso a pesar de que se comunique esta situación, la empresa operadora del sistema Cometa «continúa remitiendo insistentemente las mismas incidencias y generando alertas y su consiguiente envío a todos los destinatarios previstos».

Otros incidentes que se repiten son los que tienen que ver con la pérdida de la señal GPS y que resultan «inexplicables». En este sentido, el Observatorio se refiere a que algunas de estas alertas marcan una ubicación geográfica sin ninguna relación con los lugares identificados en el procedimiento judicial y que, después de muchas horas (incluso más de doce), el sistema vuelve a aparecer operativo en otra ubicación geográfica «sin más explicación por parte del centro de control».

Una de las quejas más recurrentes es la falta de información por parte del centro operador del sistema. Muchas veces, cuando el órgano judicial investiga la causa de las incidencias por descargas de batería, separación de los elementos del dispositivo, pérdida de señal GPS u otras relacionadas con el funcionamiento técnico de los elementos del sistema, se encuentra con que ello «no obedece a una conducta anómala del portador, sino a un deficiente funcionamiento del mismo o de alguno de los dispositivos». Además, los investigados sometidos a esta medida de control indican que el operador del sistema les cambia el dispositivo o alguno de sus elementos, pero este cambio «no se comunica al juzgado o tribunal del que depende la ejecución de la medida o la pena, o se notifica sin la rapidez necesarias, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se investigan».

Otras alertas por entrada del investigado o penado en la zona de exclusión (móvil o fija) respecto de la prohibición de aproximarse a la víctima generan avisos que no se corresponden con una situación de riesgo. Estas alertas hablan de una invasión de ese espacio de alejamiento, a veces de segundos. Lo que ocurre, explica el Observatorio, es que las posiciones del portador y de la víctima se ubican en vías de comunicación y puede haber una «instantánea coincidencia espacial de ambos» en una calle mientras están en tránsito o desplazamiento, sobre todo si se trata de un municipio pequeño.

Estas incidencias, concluye el Observatorio del Poder Judicial, generan unas consecuencias adversas y contraproducentes para el eficaz funcionamiento del sistema. Entre las disfunciones derivadas del cúmulo de estas falsas alertas está la pérdida de tiempo y esfuerzo que supone que se multipliquen las actuaciones del órgano judicial que ha impuesto el dispositivo o del tribunal encargado de que se ejecute la medida de alejamiento. Al juzgado le llegan además los avisos replicados del centro de control Cometa, de los equipos mujer-menor y familia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del ministerio fiscal. «Esto da lugar a una multiplicidad de unas mismas actuaciones por hechos o situaciones que, al carecer de relevancia en cuanto al contenido de las medidas cautelares o que no evidencian una conducta que intencionadamente quiere obstaculizar el funcionamiento de los dispositivos, no tienen consecuencia alguna en la causa».

Los fallos, advierte el Observatorio, pueden ser también utilizados para el investigado y servirse de ellos para conseguir «certa habilidad para burlar el sistema» de protección y escudarse en ellos para eludir la responsabilidad penal en la que hubiera podido incurrir.

Pero la consecuencia que se considera más preocupante es «el hartazgo de la víctima» a la que el órgano judicial tiene que requerir para investigar si alguna de esas incidencias notificadas significan de verdad que el investigado ha vulnerado la orden de alejamiento y comunicación con ella o han sido falsas alarmas. «Se corre el riesgo de provocar en ella la revictimización que estamos obligados a evitar según el Estatuto de la Víctima del Delito».

Pone de manifiesto el informe que, en algunos casos, las constantes comunicaciones de alerta, a veces de madrugada, producen ansiedad en la víctima, lo que «a la postre, le genera un evidente daño psicológico y una tensión emocional tales, que prefiere la desinstalación del dispositivo, aún a riesgo de reununciar a la protección que le dispensa». Esta situación de ansiedad se refleja en un oficio remitido por un equipo de la Guardia Civil que recoge la situación de de estrés que sufría una víctima en su domicilio por las constantes alertas de proximidad de su agresor, la mayoría infundadas, pues el hombre que llevaba el dispositivo se encontraba a una distancia superior a 20 kilómetros.

Como ejemplo de las disfunciones, relata la Guardia Civil, la mujer explicaba que en un solo día recibió diez llamadas del centro Cometa desde las dos de la madrugada hasta las siete y media de la tarde. Esta situación, explicó la víctima a los agentes, «se hace insufrible, porque le impide descansar y le mantiene en un continuo estado de tensión, lo cual es comprensible dada la gravedad de los hechos que dieron lugar a la condena y lo reiterado de los permisos penitenciarios que normalmente se producen en fines de semana alternos».

El Observatorio considera que la coordinación de todos los operadores en estos supuestos (juzgado, centro penitenciario, centro operador y de control del sistema y los servicios policiales) resulta esencial y es uno de los aspectos a mejorar a la vista de las incidencias. Especialmente, «la información y calidad de las comunicaciones desde Cometa y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

Propone el Poder Judicial que se pongan en marcha «a la mayor inmediatez posible» seis medidas, que pasan por que el centro operador y de control del sistema informe «de manera puntual y de la forma más inmediata posible cualquier incidencia que se produzca por un deficiente funcionamiento y siempre que sustituya cualquiera de los elementos instalados, sin esperar a que un juez se lo pida». Además, que antes de emitir las alertas, las analicen por profesionales cualificados «con un mínimo examen previo, atento y reflexivo que evite el envío masivo e indiscriminado del gran número de alertas que se generan cuando resulte evidente que no afectan al contenido ni ámbito de la protección ni tienen relevancia para generar consecuencia penal alguna». La coordinación de las partes implicadas en la protección de las víctimas y «el cauce, contenido y calidad de las comunicaciones» entre ellas.

Concluye el Observatorio que estas evidencias de funcionamiento anormal debe llevar a la «necesaria y más inmediata revisión y perfeccionamiento de la tecnología actualmente utilizada, sobre todo para garantizar una más amplia cobertura y una mayor precisión en la calidad de la posible localización espacial de los usuarios del sistema». Y cierra el informe con una propuesta para garantizar la protección de los menores, «Teniendo en cuenta la edad, sería positivo indagar sobre la creación de dispositivos en mochilas o relojes que permitan garantizar su seguridad sin necesidad de que efectúen ningún tipo de llamada o actuación».